En las pasadas elecciones nacionales del 28 de junio de 2009, el pueblo argentino marcó con su voto la necesidad de un cambio, propinándole una clara derrota al kirchnerismo. Se trata entonces de dar una respuesta concreta a esa necesidad con la construcción de un Frente Progresista que genere una expectativa para las próximas elecciones nacionales de 2011.
En este sentido, el socialismo viene planteando desde su Primer Congreso Nacional Ordinario del 25 de junio de 2005, la necesidad de construir un sólido frente en la Argentina que integre aquellas organizaciones políticas y sociales del espacio progresista que expresen propuestas alternativas al proyecto del oficialismo y a las alternativas de derecha.
El gobierno nacional deja indudablemente una amplia agenda de temas pendientes en el camino de la consolidación democrática. Agenda a la que un frente progresista de centro-izquierda puede realizar una importante contribución.
Las instituciones de Argentina atraviesan una crisis que es más política que económica y explica el desinterés de los ciudadanos hacia la cosa pública y del debilitamiento de la noción del bien común. Ante esta situación, creemos necesario edificar respuestas alternativas en lo político, en lo social y en lo económico que reflejen el proyecto de país solidario, justo y democrático que imaginamos.
Cuando pensamos el país que queremos, lo hacemos desde la reivindicación del federalismo y del reconocimiento de la diversidad de las provincias y sus realidades, como así también de las especificidades que acentúan las diferencias de escala entre lo nacional, lo provincial y lo local. Estamos convencidos que fruto del dialogo y la concertación con las fuerzas progresistas se puede avanzar hacia un cambio de cultura política que jerarquice las coincidencias sobre las diferencias, y que permita construir una unidad nacional respetando la autonomía de los Estados subnacionales.
En este marco, es nuestra responsabilidad y obligación sumar ideas y voluntades para tratar los temas fundamentales de una agenda progresista y así alcanzar, en los próximos meses, un consenso amplio y generoso.
Debemos aspirar a conquistar la voluntad de las mayorías para ejercer el gobierno del Estado. Es entonces necesario construir un progresismo de mayorías, con vocación de poder. Y para eso es fundamental la herramienta política.
La herramienta política que permita articular la alternativa para el 2011 debe edificarse en torno a sólidos compromisos programáticos de centroizquierda y no en torno a liderazgos de popularidad coyunturales. Es necesario de esta forma que el punto de partida de ese frente progresista sea un consistente acuerdo programático que trascienda tanto lo meramente discursivo como la discusión de las candidaturas, y que tenga como eje el desarrollo integral del país y la profundización de la democracia en todos sus frentes.
Un frente progresista en donde estén identificados actores, programas y pautas de funcionamiento. Este trípode esencial es la garantía de una construcción y desarrollo sano y vigoroso del frente. Sin reglas claras no habrá futuro, y en consecuencia el final otra vez nos remitirá a una frustración.
El desafío, aquí y ahora, es avanzar más allá de los límites del modelo vigente, para dar lugar a una democracia más transparente y participativa, que retome los principios históricos que inspiraron las luchas democráticas, la igualdad, la libertad, la solidaridad y la justicia social. Y para ello es necesario en definitiva sentar los cimientos de una democracia de nuevas bases, que conjugue calidad institucional y distribución social y federal de la riqueza nacional.
En esa perspectiva el Partido Socialista, consciente de su responsabilidad como fuerza históricamente comprometida con la clase trabajadora y los sectores populares, pone a consideración de la ciudadanía un programa de diez puntos como aporte para el diálogo con todos los sectores políticos y sociales que comparten nuestra visión de país que nos permita confluir en un espacio programático de coincidencias progresistas.
El futuro será posible si lo imaginamos ya desde el presente. Las pasadas elecciones nacionales expresaron con contundencia una voluntad inapelable de cambio que permitiera abrir una etapa de diálogo y consensos para abordar las cuestiones que todavía están pendientes en la República Argentina. La crisis del 2001 expreso una profunda interpelación hacia el sistema político-institucional argentino. Un profundo cuestionamiento frente a los temas pendientes de la democracia. Desde entonces iniciamos una etapa de transición que va desde un fin de siglo XX marcado por el neoliberalismo hacia un siglo XXI claramente social y progresista. Es en este marco que tenemos la necesidad perentoria de ofrecer al país una alternativa que nos permita edificar un futuro con más igualdad, libertad y justicia social.
I- GARANTIA DE EMPLEO Y DISTRIBUCION DEL INGRESO.
Vivimos en un país con grandes riquezas pero profundamente injusto y desigual. Seis años de crecimiento económico sostenido no ha logrado revertir sustancialmente los patrones regresivos de distribución del ingreso heredados de la última dictadura y profundizados durante los años de hegemonía neoliberal.
La inserción a través del trabajo debe seguir siendo la piedra angular del combate contra la pobreza y la exclusión social, ya que el trabajo sigue siendo la actividad fundamental de la sociedad y fuente principal de la riqueza, por lo que deben impulsarse políticas de pleno empleo y garantizar el derecho de todas las personas a un empleo digno, estable y bien remunerado. Sin perjuicio de ello, es imprescindible profundizar las políticas sociales universales, que con un eje central en la igualdad, garanticen una red básica de protección social que garantice un umbral mínimo de ingresos a partir del cual las personas puedan incorporarse en mejores condiciones al mercado laboral y acceder a los sistemas educativos y de salud.
Por ello es necesario poner en marcha un conjunto de acciones estatales dirigidas a abordar integralmente el problema de la pobreza y la exclusión social a partir de políticas sociales y de generación de empleo que debe sostenerse fundamentalmente en una distribución más equitativa de la riqueza, en la estabilidad laboral y en la inversión en salarios y en capacitación. Entre ellas mencionamos:
• Un país que produce alimentos para 300 millones de personas, no puede permitir que sus habitantes pasen hambre, y mucho menos la desnutrición infantil. Esta situación es éticamente inadmisible. Por eso como socialistas, promovemos la “indigencia cero” y la reducción drástica de la pobreza.
• Institucionalización de la Asignación por Hijo mediante una ley que amplíe el beneficio hasta hacerlo verdaderamente universal y que plantee una clausula de ajuste automático que permita mantener el poder adquisitivo de los beneficios percibidos.
• Formalización y mayor estabilidad a través de la generación de empleo digno y de calidad.
• Pleno respeto de la jornada de 8 horas y del descanso semanal, como primer paso para debatir la implementación de un proyecto de reducción de la jornada laboral;
• Sanción de una ley de franquicia tributaria que promueva la inversión en capacitación y formación laboral de los/las trabajadores/as.
• Democratización del modelo sindical y otorgamiento de la personería gremial a la CTA.
• Igual salario por trabajo de igual valor; licencias por maternidad compartidas para la madre y padre trabajador con carácter contributivo, leyes específicas contra la violencia laboral, y contra la discriminación laboral por género y diversidad sexual.
• Regularización y contratación efectiva de todo el personal que se desempeña en la administración pública y en el sector privado bajo la modalidad de locación de servicios que oculta una relación de empleo en relación de dependencia.
• Programas activos para la promoción de la igualdad entre varones y mujeres en el empleo, y servicios de cuidados infantiles para los padres/madres que trabajan.
• Ley de Promoción del Empleo Joven.
II- REFORMA TRIBUTARIA.
La República Argentina se caracteriza por tener uno de los sistemas tributarios más regresivos y fuertemente centralizados del mundo, que se apoya centralmente en impuestos al consumo que impactan duramente en los sectores populares. Este sistema tributario fue profundizado durante los últimos años a lo largo del ciclo expansivo de la economía, lo que le permitió al gobierno nacional obtener cuantiosos superávits fiscales, a costa centralmente de las finanzas provinciales y municipales que fueron deteriorándose rápidamente.
Frente a un sistema tributario caracterizado por una fuerte regresividad en la carga impositiva y por su carácter asimétrico y centralista, propiciamos una reforma integral del sistema impositivo que a la vez que coloque su énfasis en los impuestos a las grandes rentas, respete el federalismo y otorgue a las provincias posibilidades plenas de desarrollo y autonomía. Por ello, proponemos:
• Eliminación del IVA y demás impuestos internos que gravan los productos de la canasta básica familiar y garantizar que dicha disminución tenga su correlato directo en la caída de los precios de estos productos de forma de mejorar el poder adquisitivo de los ingresos de la población de menores recursos
• Gravar con el Impuesto a las Ganancias a la Renta Financiera en todas sus expresiones.
• Implementación de un Impuesto al Juego
• Implementación de un Impuesto a las Grandes Herencias.
• Gravar la renta minera y petrolera;
• Inmediato cumplimiento de la ley vigente de Coparticipación Federal en lo que respecta al piso de recursos del 34% sobre el total recaudado que debe ser distribuido a las provincias, y pronta sanción de una nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos que, en cumplimiento del mandato constitucional, permita la construcción de un federalismo fuerte y el pleno respeto de las autonomías provinciales y municipales.
• Inmediata recuperación de la participación de las provincias en la masa coparticipable a través del reintegro del 15% que actualmente se deriva al ANSES; de la coparticipación completa del impuesto a los créditos y débitos bancarios; y de la derogación del decreto 1399/01 mediante el cual se detraen fondos coparticipables para el financiamiento de la AFIP.
• Régimen de compensaciones a las provincias que no mantienen deuda con el Estado nacional, y plan de acompañamiento con monitoreo social para sanear las deudas de las provincias más complicadas financieramente para garantizar la mejora de las prestaciones de educación, salud y vivienda en el orden provincial;
• Esquema de retenciones diferenciales y progresivas, que reconozca las asimetrías existentes entre los grandes pooles de siembra y fideicomisos financieros que administran miles de hectáreas, y los pequeños y medianos productores, muchos de ellos nucleados en entidades cooperativas, que históricamente han cimentado el desarrollo económico y social del interior del país, resguardándose al mismo tiempo el consumo interno, especialmente de los sectores de menores ingresos. Asimismo, deben tomarse medidas que garanticen la justicia distributiva en lo recaudado, que deben contemplar necesariamente un criterio verdaderamente federal que le permita al Estado en sus diferentes niveles–provincial, municipal y comunal– llevar el bienestar a sus ciudadanos.
• Exenciones impositivas para producciones musicales de artistas nacionales y del Mercosur.
III- CALIDAD INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA Y CONTROL DE LOS ACTOS DE GOBIERNO
Los problemas de la democracia se corrigen con más y mejor democracia. La única gobernabilidad posible es en este sentido la que se asienta en el consenso y la participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos.
El desafío futuro pasa por construir instituciones democráticas sólidas, transparentes, responsables ante la ciudadanía, y, sobre todo, cada vez más participativas. Hoy, más que nunca, es necesario ir más allá del voto, y en el camino hacia una democracia de calidad, recuperar la idea de una esfera pública vibrante en la que la deliberación y la participación tornen posible el autogobierno individual y colectivo.
Asumiendo así la necesidad de avanzar en el mejoramiento de la calidad institucional de nuestra democracia, proponemos las siguientes medidas:
• Respeto a la Constitución Nacional y a las leyes;
• Un Consejo Económico y Social como mecanismo institucional de diálogo y concertación social que permita a todos los sectores que representan en su pluralidad la rica realidad social debatir colectivamente un nuevo proyecto de país.
• Implementación de presupuestos participativos en el orden nacional y de otros mecanismos de participación ciudadana;
• Promoción de una mayor institucionalidad pública y privada,
• Modificación de la ley que reglamentó la facultad de dictar Decretos de Necesidad y Urgencia, a fin de garantizar un adecuado control parlamentario de los mismos;
• Eliminación de los superpoderes y demás legislación delegada, que permita jerarquizar el rol del Congreso Nacional,
• Nuevo marco legal que garantice la independencia y autarquía funcional y financiera del INDEC.
• Incorporación en el Sistema Estadístico Nacional de la perspectiva de género y del uso del tiempo, para posibilitar el adecuado diseño, implementación y monitoreo de políticas para la efectiva igualdad entre varones y mujeres en el ámbito público y privado.
• Paridad, es decir, participación igualitaria de varones y mujeres en todos los ámbitos de decisión como condición imprescindible para el logro de la plena ciudadanía;
• Ley de acceso a la información que asegure la transparencia de los actos de gobierno.
• Refuerzo de los mecanismos de control y lucha contra la corrupción a todo nivel.
• Boleta única para la elección de presidente y vice, y legisladores nacionales
• Regulación, restricción y transparencia en el manejo de los fondos públicos utilizados para propaganda oficial.
• Derogación de los aspectos proscriptivos de la ley 26571, mal llamada de “democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral”
IV- REFORMA PREVISIONAL
La recuperación económica que prosiguió la profunda crisis económica, fiscal y política del año 2001 fue acompañada por un profundo proceso inflacionario que afectó el poder adquisitivo de los ingresos de las familias y de los haberes de los jubilados y pensionados.
Si bien desde el año 2002 se otorgaron una serie de incrementos positivos a los haberes previsionales, sin que existieran reglas claras o mecanismos objetivos que permitieran garantizar el mantenimiento de su poder adquisitivo en el largo plazo. Finalmente, en octubre de 2008 se sancionó la Ley 26.417 que estableció una movilidad automática (aunque insuficiente) de los haberes previsionales en función de una fórmula que combina la evolución del salario y de la recaudación del sistema previsional.
Sin embargo, la Ley 26.417 no resolvió dos problemas centrales del sistema previsional argentino: la desconexión entre el haber previsional mínimo y el salario mínimo, y además la pérdida de poder adquisitivo de los haberes durante el período comprendido entre 2001 y la aplicación del primer ajuste por movilidad previsto en la legislación para marzo de 2009.
En este marco es necesario garantizar haberes jubilatorios dignos como eje de un sistema de seguridad social integral, justo y solidario. En tal sentido, proponemos:
• Establecimiento del haber jubilatorio mínimo del Sistema Integrado Previsional Argentino (S.I.P.A.) en el 82 % del Salario Mínimo Vital y Móvil, en consonancia con el principio consagrado en el Artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, a fin de garantizar a los beneficiarios una adecuada, justa y razonable proporción entre el haber de la pasividad y las remuneraciones de los trabajadores en actividad.
• Recomposición de los haberes previsionales retrasados respecto de la evolución salarial a raíz de la limitada movilidad aplicada durante el período comprendido entre diciembre de 2001 y diciembre de 2007.
• Modificación del índice de movilidad de los haberes jubilatorios y pensiones, a fin de que su evolución sólo dependa de la evolución de los salarios y no del incremento de la recaudación.
• Creación de un Sistema de Créditos Contributivos para fomentar la equidad de género en el Sistema Previsional Argentino a través del establecimiento de una compensación para la historia contributiva de la mujer en razón del nacimiento o la adopción de un hijo, que permita el acceso a los beneficios previsionales en un plano de igualdad.
• Moratoria previsional que permita ingresar al sistema previsional a todas aquellas personas que hoy no se encuentran amparadas o contenidas en la moratoria vigente.
• Restitución de las contribuciones patronales para las grandes empresas a los niveles vigentes en 1993.
• Pago inmediato de las sentencias previsionales en contra del Estado.
V- SERVICIOS PUBLICOS.
En poco más de cuatro años Argentina privatizó casi la totalidad de las empresas públicas productoras de bienes y prestadoras de servicios que en su conjunto generaban aproximadamente el 8% del PBI total y alrededor del 20% de la inversión global del país. Sin marcos regulatorios claros y bien diseñados que permitieran el desarrollo de una política regulatoria eficaz, el modelo privatizador condujo a la desprotección de los usuarios mientras las empresas concesionarias disfrutaron, y aun disfrutan, de rentas extraordinarias, mientras el Estado les reparte discrecionalmente millonarios subsidios.
Frente a ello resultan necesarias nuevas políticas en relación a los servicios públicos privatizados que permitan un papel activo del Estado en el control y regulación de los mismos. En tal sentido proponemos:
• Nuevo Marco Regulatorio General de los Servicios Públicos que garantice el acceso universal a los servicios esenciales a través de la vigencia de una tarifa social, que permita una mayor participación de los usuarios, y que impida la apropiación de rentas extraordinarias por parte de empresas multinacionales;
• Ley de Rutas Nacionales que establezca un marco regulatorio para el mejoramiento, reparación, mantenimiento, ampliación y construcción de rutas y caminos nacionales. Revisión de las concesiones de peaje.
• Limitación a la repatriación de ganancias de las empresas privatizadas y a las ganancias extraordinarias.
• Declaración de servicio público a la producción, comercialización y distribución del Gas Licuado de Petróleo, con el objeto de asegurar a los sectores de menores recursos del país la compra de garrafas a un precio accesible a su economía familiar.
• Distribución equitativa de los subsidios al transporte público, la energía y el gas, que permita equiparar las tarifas del interior del país con las que se pagan en la Ciudad de Buenos Aires.
• Inmediata convocatoria a concurso público para integrar los directorios de los Entes de Control de los servicios públicos concesionados.
• Reconstruir y rediseñar la estructura ferroviaria existente con el objetivo de promover el transporte de cargas y pasajeros por esta vía, conectando puntos distantes del territorio nacional y mejorando la seguridad vial en las rutas.
VI- EDUCACION Y SALUD.
La salud y la educación, en tanto derechos humanos básicos de acceso universal, deben estar en el centro de las preocupaciones y anhelos de nuestra sociedad. Para ello es necesario plantearse objetivos ambiciosos, que se plasmen en un concepto más amplio de ciudadanía, con la vista puesta en la construcción de un presente y un futuro mejor para todos. Por ello proponemos:
• Ley Nacional de Sistema Único de Salud, que permita garantizar la accesibilidad, la equidad, la calidad y la participación en la atención integral de su salud a todos los habitantes del territorio nacional, mediante el ordenamiento de los recursos públicos prestacionales y económicos en un sistema integrado.
• Una nueva Ley de Educación Superior, que deberá establecer que las Universidades nacionales serán autónomas, cogobernadas, gratuitas, de libre acceso y estarán orientadas al desarrollo sustentable del país y su inserción autónoma en un mundo que cambia vertiginosamente; a la creación científica y tecnológica; la formación integral de personas y profesionales; la consolidación de la cultura política democrática y el fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía; el respeto por los derechos; y los procesos de integración y desarrollo regional.
• Jerarquización de la educación de calidad, el acceso al conocimiento informático, becas y canasta escolar gratuita que incluya los libros. Garantizar la laicidad de la educación pública.
• Asegurar 13 años de escolaridad mínima, umbral para tener alguna posibilidad de salir de la pobreza.
• Convocatoria a un congreso pedagógico nacional,
• Socialización de las herramientas informáticas (wi-fi en todo el territorio nacional)
• Implementación en el más breve plazo posible de la Ley de Educación Sexual Integral en todos los niveles y en todas las provincias.
• Programa nacional de nutrición y salud escolar.
• Efectivo acceso a los servicios de salud reproductiva universales y gratuitos. Consejerías y provisión de todos los métodos anticonceptivos, ligadura de trompas y vasectomía.
• Despenalización del aborto para reducir el número de muertes maternas por abortos inseguros y apoyo al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito conformada por más de 200 organizaciones de todo el país.
• Legislación que garantice a toda la población el acceso a la información, orientación, diagnóstico y prácticas para la reproducción humana asistida.
• Políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres y asistir a las víctimas de violencia familiar, violación y trata de personas.
• Favorecer la estrategia de prevención y promoción de la salud;
• Primer nivel de atención primaria de salud descentralizada a los municipios con competencias y recursos adecuados para su funcionamiento eficaz.
• Construcción de ciudadanía en salud que contemple una cobertura universal;
• Sistema federal de salud sobre la base de los servicios públicos jurisdiccionales con la coordinación activa del Consejo Federal de Salud.
• Reforzamiento de las competencias e instrumentos del Estado nacional para desempeñar un rol activo en la regulación, producción e importación de medicamentos así como en el control de su calidad y efectividad.
VII.- JUSTICIA, SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS.
Indudablemente, la plena vigencia de un Estado Democrático de Derecho demanda que la aplicación y respeto permanente y continuado de los principios constitucionales y legales. Y para ello es esencial asegurar la independencia y estabilidad del Poder Judicial.
En lo que respecta al problema de la inseguridad, ha quedado empíricamente demostrado el fracaso de la estrategia de endurecimiento de penas y reforzamiento del brazo punitivo del Estado. Por ello, el eje sustancial de una política contra la inseguridad y el delito debe pasar por el mejoramiento de las condiciones sociales, el combate a la impunidad y la connivencia mafiosa entre sectores policiales y penitenciarios, sectores políticos y sectores económicos concentrados, y el reforzamiento de la vía preventiva que es, fundamentalmente, la vía de la inclusión social en especial para los jóvenes.
En tal sentido impulsamos:
• Implementación de políticas tendientes a lograr la plena vigencia de los derechos humanos en forma integral;
• Modificación de la ley del Consejo de la Magistratura, a fin de garantizar la imparcialidad e independencia del Poder Judicial.
• Mecanismos de control social sobre el Poder Judicial y acceso universal al sistema de justicia.
• Creación de juzgados vecinales y de fiscalías barriales descentralizadas y especializadas
• Implementación de policía judicial.
• Reforma de los regímenes procesales penales y creación de los juzgados penales necesarios para cumplimentar en tiempo y forma con el juzgamiento de las personas procesadas.
• Reforma del sistema penitenciario e institutos carcelarios que permita el mejor logro del objetivo de la resocialización de los reclusos previsto en nuestra Constitución Nacional.
• Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que establezca un procedimiento distinto del proceso penal ordinario, y con todas las garantías constitucionales, para los menores en conflicto con la ley penal.
• Establecimiento de medidas preventivas como primer paso para combatir el delito, a través de programas de atención a sectores vulnerables y la jerarquización de las instituciones que contribuyan a la formación y contención de la juventud.
• Reformas policiales que permitan una amplia participación y control de la comunidad en la seguridad.
• Reformas en el sistema de justicia y policial dirigidas a combatir la violencia de género en todas sus formas, y la violencia contra niñas y niños, removiendo los obstáculos tanto en los procedimientos como en la capacitación de sus miembros que impiden la prevención, la sanción y persecución.
• Reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios, dando cumplimiento a las disposiciones constitucionales y a los compromisos internacionales que nuestro país ha asumido, avanzando hacia la conformación de un Estado pluricultural.
VIII- SISTEMA FINANCIERO, DEUDA PUBLICA, PYMES Y ECONOMIA SOCIAL.
No es posible sostener un proceso de expansión económica ni garantizar mayores niveles de bienestar social sin acceso al crédito. En este sentido, el sistema bancario y financiero debe brindar apoyo y asistencia a la actividad productiva y a las familias, privilegiando los créditos hipotecarios para vivienda única familiar, las pequeñas y medianas empresas, las entidades de la economía social y los sectores productivos más postergados del interior, quienes tienen un acceso muy limitado al crédito y a tasas prohibitivas.
En este sentido, las políticas destinadas a las PYMES y al sector de la economía social ocupan en nuestro país una posición subordinada respecto a los objetivos de la política macroeconómica y de competitividad. La importancia que tanto las pequeñas y medianas empresas (PYMES) como las organizaciones de la economía social (cooperativas y mutuales) revisten para el desarrollo productivo y el bienestar del conjunto de la población hace necesario que el Estado promueva su desarrollo y consolidación. De esta forma, resulta imprescindible implementar una política de apoyo y promoción a estos sectores fundamentales en el proceso de democratización de la economía y desarrollo de un modelo productivo solidario, integrado y diversificado.
Debe encararse asimismo una profunda reforma del sistema financiero que permita recuperar el crédito para el sector productivo y las familias, que estimule una banca pública, de desarrollo y fomento, y el fomento de la banca cooperativa. Para ello promovemos:
Sistema Financiero
• Sanción de una nueva ley de entidades financieras que reconozca el carácter de servicio público de la actividad financiera y su importancia crucial para el desarrollo económico y social equitativo.
• Fortalecimiento de la banca pública, y promoción de créditos a PYMES, jóvenes emprendedores, entidades de la economía social, entre otros sectores que tienen acceso limitado a fuentes de financiamiento.
• Conformación de una Comisión Bicameral de investigación de la legitimidad de la deuda externa
• Créditos blandos con sentido social, que posibiliten la compra de la vivienda familiar y el apoyo a los deudores hipotecarios para evitar el remate de la vivienda familiar única.
PYMES
• Creación de un Sistema Integral para el Desarrollo y Promoción de PYMES, que debe estar compuesto por representantes del sector público, del sector privado y de las universidades nacionales, y que tendrá a su cargo la elaboración de un Plan Estratégico General y por Regiones de desarrollo y sostenimiento de PYMES;
• Formación de redes solidarias que promuevan una amplia cooperación entre las entidades de la economía social y las PYMES, con las universidades públicas y organismos estatales de asistencia técnica, a fin de que las mismas puedan acceder al conocimiento y las capacidades productivas.
• Apoyo integral del acceso al conocimiento a través de programas de capacitación sobre gestión industrial y comercial, normas de calidad y comercio exterior,
• Régimen de promoción impositiva destinado a las PYMES. Garantizar una línea de créditos a tasas accesibles y subsidiadas para la micro, pequeñas y medianas empresas
Economía Social
• Apoyo a los proyectos de recuperación de empresas por parte de los trabajadores a través de la sanción de un régimen de fomento y asistencia técnica y financiera para estos emprendimientos.
• Modificación de la ley de quiebras.
• Promoción de redes de empresas recuperadas.
• Respaldo a proyectos autogestionados que generen empleo y una producción con mayor valor agregado;
• Apoyo a la banca cooperativa y mutual. Fomento y estímulo a las Cajas de Crédito Cooperativas;
IX- MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE y USO DEL SUELO
La degradación ambiental no es una consecuencia inevitable de la actividad humana, sino una resultante del modelo de desarrollo vigente. Frente a ello, debe reafirmarse el carácter prioritario de la preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras en el marco de un desarrollo equitativo y sustentable.
En tal sentido, promovemos una política de preservación del medio ambiente que permita un uso racional de nuestros recursos naturales en el marco de un desarrollo sustentable, a través de:
• Prohibición de la deforestación indiscriminada que tiene lugar en distintos puntos del país y elaboración de un plan nacional sustentable de explotación forestal;
• Legislación que contribuya a revertir los procesos de degradación de los recursos y sancione las prácticas que atenten contra la sustentabilidad ecológica.
• Promoción de la planificación ambiental, con participación popular y educación ambiental.
• Promover una política de explotación agropecuaria sustentable desde el punto de vista de la salud de la población y la biodiversidad.
• Política integral de tierra, como bien social, que incluya el control de su uso y de su propiedad ante el proceso de concentración y extranjerización de la misma, por un lado, y ante la explotación irracional de los recursos de la tierra, por el otro.
• Debe darse una respuesta racional y austera contrapuesta al despilfarro que históricamente se ha hecho de nuestros recursos naturales y artificiales, producto de la especulación del sector privado y aún del propio Estado en sus tres niveles.
• Nuevo Código de Minería que permita un mejor control estatal en la explotación de los recursos minerales, una mayor participación de Estado en la rentabilidad, y el desarrollo de la actividad en una forma compatible con el medio ambiente y las poblaciones lindantes.
• Recuperación de la renta hidrocarburífera para el Estado Argentino, mediante procesos de revisión y/o anulación de las concesiones otorgadas y/o prorrogadas irregularmente. Asimismo, la modificación del marco legislativo sancionado en la década de los 90 que posibilita la remisión de utilidades sin límites y la explotación irracional de los recursos no renovables para su exportación.
• Desarrollo y puesta en marcha de un plan energético nacional integral que abarque la extracción de fluídos y de sólidos, el aprovechamiento de las energías cinéticas naturales (cursos de agua, vientos, mareas, etc.), el desarrollo de la energía nuclear y otras fuentes alternativas de energía (biocombustibles, biomasa o microturbinas) para la producción, el transporte y el consumo. Este plan energético debe diseñarse bajo las premisas de satisfacción de las crecientes necesidades de desarrollo productivo y del transporte; sustentabilidad; y logro de la soberanía energética.
• Promover la creación de un Consejo Federal de Recursos Naturales No Renovables integrado por las provincias y la Nación a los efectos de fijar una política que, atendiendo los requerimientos provinciales, determine para toda la Nación una explotación racional y sustentable de los recursos naturales no renovables.
• Intangibilidad de los recursos hídricos y accesibilidad de costas y márgenes.
X - INTEGRACION REGIONAL.
Es necesario avanzar hacia una integración regional entendida no en términos de mercados sino como un proceso orientado a mejorar las oportunidades de desarrollo de los pueblos sobre la base de la equidad social y con un fuerte compromiso solidario. En tal sentido, proponemos:
• Consolidación y fortalecimiento de los espacios regionales del Mercosur y el UNASUR.
• Profundización de la unidad latinoamericana y del Caribe.
• Denuncia de los Tratados bilaterales de protección de inversiones que contengan en sus disposiciones la renuncia de la soberanía judicial a favor de tribunales extranjeros para entablar demandas contra nuestro país.
• Reivindicación de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
