sábado, 28 de agosto de 2010
jueves, 26 de agosto de 2010
Recuperemos La Casa del Pueblo de La Plata
Entrevista de NOVA
Simiand: “Sortino nos tiene que devolver la Casa del Socialismo de La Plata”
Con la normalización bajo el brazo, el Partido Socialista se propone “reeditar” en la Provincia el mismo frente electoral que gobierna en Santa Fe. Por primera vez en mucho tiempo, y ya sin los socialistas K dentro de la estructura partidaria, el PS bonaerense puede permitirse mirar al 2011 con esperanzas de ser gobierno. Claro que necesita mantener esa sociedad llamada Acuerdo Cívico y Social, sobreponiéndose incluso a algunas intermitencias.
“Terminamos un proceso de normalización que se hizo el año pasado en toda la Provincia”, cuenta Roberto Simiand, secretario general del PS de La Plata. “Se hicieron además las elecciones complementarias para elegir el Comité Nacional, donde resultó ganadora la Lista 2 que impulsaba a (Hermes) Binner y (Rubén) Giustiniani -detalla-. En el país, esta nómina sacó el 90 por ciento contra el 10 de los socialistas K. Y, en La Plata, obtuvo el 70 por ciento de los votos”.
“El partido está absolutamente normalizado y construyendo una coalición que reedite nuestro frente electoral en Santa Fe, que permitió que el socialismo, acompañado por otros partidos como el radicalismo, el GEN, el ARI y algunos sectores de CTA, estén gobernando hoy la provincia”, adelanta Simiand en esta entrevista con NOVA.
- ¿Cuáles serían los pasos a seguir para reeditar ese frente en la Provincia? Aquí hay diferencias concretas de convivencia, como el caso de Carrió...
- Lo primero que hay que tener es un programa. Estamos discutiendo con las otras fuerzas una serie de puntos fundamentales. Obviamente, la dinámica de la política argentina es muy distinta, porque a veces se privilegian los nombres. Para nosotros no está bien que hoy se esté discutiendo si Binner va a ser candidato a presidente: primero tenemos que saber cuál es el proyecto. Hoy creemos que es fundamental que se avance con el 82 por ciento móvil, porque el Gobierno no puede estar diciendo que la Argentina funciona bien y no hay dinero para pagarle a los jubilados. Las jubilaciones no pueden ser una especie de dádiva que se les da a las personas que terminaron su vida activa para darle el 30 por ciento de lo que cobraban: eso es una estafa. La Presidenta exagera cuando dice que se van a fundir las arcas. Pensamos también que la Asignación Universal por Hijo no puede quedar en un decreto, tiene que ser un derecho que esté garantizado en las leyes de la Nación. Nos parece también que hay que discutir un nuevo régimen de coparticipación federal para que las provincias no estén mendigando a la Nación los recursos necesarios para funcionar. En estos temas coincidimos con muchas fuerzas, y en otros discutimos.
- ¿Cómo cuáles?
- Estamos a favor de rediscutir una ley de entidades financieras, porque la que tenemos hoy data de la época del 90, la etapa más neoliberal. Creemos que hay que volver a po0nerle a las empresas grandes los aportes patronales, que fueron sacados en la época de (Domingo) Cavallo, y que, cuando uno ve que este Gobierno no los quiere incorporar, se da cuenta de que, efectivamente, es un gobierno tan conservador como el de la década del ’90, y que sólo tiene un discurso que se dice progresista pero, que, en la práctica, no se corresponde. Se va avanzando en la agenda legislativa. Hoy esos puntos se debaten y se acuerdan en el Congreso, quizás porque existe una relación de fuerzas que lo permite. Incluso avanzamos con la fuerza de Pino Solanas, que también es tenido en cuenta para incorporar.
- ¿Y Carrió?
- Lo de Carrió me parece más una situación fáctica que tiene que ver con posicionamientos en la negociación. No la conozco personalmente, pero la relación con compañeros del ARI no ha sido mala, siempre hemos tenido conversaciones, y todos esperamos que estén incorporados en un frente donde podamos participar socialistas, gente del ARI, del GEN, del radicalismo y de Pino Solanas. Pero tenemos que discutir un programa. Por ejemplo, con el tema de las retenciones, no estamos a favor de su eliminación. Las retenciones deberían eliminarse cuando se las reemplace por un impuesto. Pero si hoy le quitamos las retenciones al trigo, el pan va a valer tres o cuatro veces más de lo que vale, porque un productor de trigo va a preferir venderlo al extranjero que a un panadero. Y ese tipo de precio no se puede pagar en Argentina. Diferente es el caso de la soja. Nuestra postura es que las retenciones sean escalonadas. A los pequeños productores hay que desgravarlos. Y diferenciar para cada producto. Nosotros no consumimos soja, y quizás no haya que desgravarla en absoluto. Y, si queremos desojizar, deberíamos tener retenciones diferenciales, cobrándole más a la soja y menos a los otros productos para que sean más competitivos.
- ¿Qué fue lo que motivó el desprendimiento de un sector del PS para aliarse con el kirchnerismo?
- El PS se fusionó y representó el único caso nacional donde dos partidos se transformaron en uno. En el ‘58, nos dividimos en argentinos y democráticos, y para el 2000 volvimos a recuperar la unidad partidaria. Ese proceso, que en los papeles se enmarca con esa fecha, duró un tiempo político para ir homogeneizando las personas y las diferentes direcciones políticas. El gobierno nacional, al principio con Néstor Kirchner y luego con Cristina Fernández, siempre tentó a dirigentes socialistas para incorporarse al gobierno. Uno de los casos más notorios fue el de Héctor Polino, a quien le ofrecieron en su momento la Secretaría de Medio Ambiente, y quien se lo comunicó al partido, que decidió, incluso con los votos coherentemente de Ariel Basteiro, Jorge Rivas y Oscar González, que no debíamos que aceptar. Menos de un año después se incorporaron al gobierno nacional y participaron de listas del FpV en más de una vez. Esa situación, al principio, tuvo un grado de tolerancia por parte de las autoridades y los afiliados; pero, pasado un tiempo, se le exigió a estos compañeros que rectificaran esta situación y que participaran de las decisiones del Comité Nacional y los diferentes congresos provinciales, que decían otra cosa e indicaban que teníamos que construir una alianza de centro izquierda. Sin embargo, ellos desobedecieron, lo que llevó a un proceso interno del partido que terminó con su expulsión. Hoy, González, Rivas y Basteiro están técnicamente expulsados del partido. De la misma manera lo está (Carlos) Sortino, que es concejal suplente por una lista que enfrentó en La Plata a la nómina que llevaba compañeros del PS. El planteo fue echo por el Centro de Mar del Plata, y el Comité de Disciplina decidió separarlo como afiliado.
- ¿Cómo explicaría esa situación?
- La crisis de los partidos políticos no ha dejado a un costado al PS. Si uno defiende una bandera, una serie de intereses y principios, no se puede ser a la vez socialista y de otro partido político. No se puede participar de una organización política y enfrentarla en elecciones. Si no, da igual: no importan las ideas sino las personas. Y para nosotros es todo lo contrario.
- ¿Cómo es posible entonces que el sector de Sortino esté al frente de la Casa Socialista en La Plata?
- Después de las últimas elecciones partidarias, nos reunimos con Sortino para solicitarle que nos devolviera la casa. Él reconoció que habíamos ganado correctamente las elecciones, pero dijo que el problema debía discutirse con el apoderado nacional. Entre idas y vueltas, la casa nunca fue devuelta a quienes son, hoy, las autoridades legítimas de la Provincia: Carlos Nivio, Ricardo Cuccovillo y, en La Plata, la Secretaría General que encabezo. Ante esta situación anómala, hemos tratado de no generar agitación política esperando llamarlos a la reflexión y que devuelvan el local. La Casa del Pueblo tiene tres entradas Nosotros ocupamos el subsuelo, donde cedemos gran parte de ese espacio a la Biblioteca Romero y a la Universidad Popular Alejandro Korn, y funcionamos fuera de su horario. Autoridades de otros partidos nos han manifestado su solidaridad ante esta situación. Estamos recabando la información necesaria para hacer los trámites judiciales, aunque no queremos llegar a esto porque no tenemos un problema con Carlos Sortino. El problema es político. Como secretario general, tengo una responsabilidad. Los herederos de esa casa nos reconocen como autoridades. Hoy teneos allí un grupo de intrusos que, sin ningún tipo de derechos, usufructúan incluso haciendo peñas y bailes a título oneroso, porque jamás se rinde cuenta, e incluso con muchas quejas de vecinos y haciendo funcionar, en muchos casos, oficinas municipales, como la del presupuesto Participativo.
- ¿Cómo ve la gestión de Bruera?
- Cuando nos convocaron al diálogo político, nosotros concurrimos, porque no somos enemigos de las otras fuerzas sino que somos vecinos, y pensamos que en el debate de ideas siempre se avanza. Sin embargo, después de tantos años de gobierno justicialista en La Plata, vemos que es más de lo mismo. Han cambiado algunas caras y algunos patrones de funcionamiento, pero hay una continuidad. Obviamente, está muy bien tener calles asfaltadas y plazas iluminadas, pero el Presupuesto Participativo no deja de ser una fachada, porque el porcentaje es muy bajo. La calidad institucional en la Municipalidad es muy baja. Un ejemplo: cuando tenemos que discutir el COU (Código de Ordenamiento Urbano), se imponen criterios que tienen absolutamente el signo contrario de la participación, se privilegian una serie de intereses de tipo inmobiliario y no se tienen en cuenta los servicios públicos que se verán absolutamente resentidos.
- ¿Y cómo analiza la gestión de Scioli?
- Veintitrés años de gobierno del mismo partido en la Provincia nos han entregado un sistema de educación muy malo, con una prueba terrible cono fue el Polimodal. En seguridad, no hace falta hablar nada: estamos cada vez peor y no nos damos cuenta de que la marginalidad crece y de que los negocios que se hacen son negocios donde camina la droga, el juego y el alcohol, y que todo eso es caldo de cultivo para organizaciones que terminan delinquiendo. El Gobierno se ha mostrado absolutamente incapaz de tomar cartas en el asunto: ya no sólo asaltan en casas, sino que los mismos bancos son presa. Y esto tiene que ver con una concepción conservadora, muy parecida a la de los años ’90, que tiene el gobierno de la Provincia: cuando uno se pone a ver quiénes fueron los gobernadores y qué rol cumplieron en los ’90, en otro país nadie tendría dudas de tildarlos de derecha. No sé cómo todavía no nos damos cuenta de que es una continuidad perfecta.
- ¿Tan categórica debe ser esa definición?
- Es que es un partido conservador que no ha generado un cambio positivo en la distribución del ingreso y en la legalidad. Hoy se caen las facultades delegadas y pareciera que se cayera el mundo. Si Argentina está tan bien, no debieran haber facultades delegadas como tienen los presidentes desde el ’83 para acá.. Debe funcionar el Congreso y debe haber un control entre los tres poderes del Estado en una república que funcione. Por ejemplo, ¿cuántos años hace que en la Provincia venimos discutiendo el tema de la basura? El Ceamse es negocio redondo de cuatro vivos y nosotros no sabemos qué hacer con la basura. Si seguimos enterrando la basura debajo de la alfombra, nuestros recursos naturales, como el agua, se van a empezar a contaminar, como perdimos el Río de la Plata. Hoy nos damos cuenta de que el agua es un recursos valioso, pero hace 10 años era un recurso abundante y no lo valorábamos. Sin embargo, hoy tenemos que tener cuidado porque, si seguimos tirando basura industrial y de desechos urbanos al Río de la Plata y a las cuencas hídricas, vamos a terminar contaminando los acuíferos de donde bebemos. Y, en ese sentido, el gobierno de (Daniel) Scioli no ha cambiado nada. Y lo mismo va en la actividad económica. Argentina es un país muy desigual, y en 23 años no se ha hecho más que concentrar la economía en la Provincia. El país es un capitalismo de amigos: hemos cambiado los amigos de los ’90 por otros distintos que hoy se hacen poderosos.
Simiand: “Sortino nos tiene que devolver la Casa del Socialismo de La Plata”
Con la normalización bajo el brazo, el Partido Socialista se propone “reeditar” en la Provincia el mismo frente electoral que gobierna en Santa Fe. Por primera vez en mucho tiempo, y ya sin los socialistas K dentro de la estructura partidaria, el PS bonaerense puede permitirse mirar al 2011 con esperanzas de ser gobierno. Claro que necesita mantener esa sociedad llamada Acuerdo Cívico y Social, sobreponiéndose incluso a algunas intermitencias.
“Terminamos un proceso de normalización que se hizo el año pasado en toda la Provincia”, cuenta Roberto Simiand, secretario general del PS de La Plata. “Se hicieron además las elecciones complementarias para elegir el Comité Nacional, donde resultó ganadora la Lista 2 que impulsaba a (Hermes) Binner y (Rubén) Giustiniani -detalla-. En el país, esta nómina sacó el 90 por ciento contra el 10 de los socialistas K. Y, en La Plata, obtuvo el 70 por ciento de los votos”.
“El partido está absolutamente normalizado y construyendo una coalición que reedite nuestro frente electoral en Santa Fe, que permitió que el socialismo, acompañado por otros partidos como el radicalismo, el GEN, el ARI y algunos sectores de CTA, estén gobernando hoy la provincia”, adelanta Simiand en esta entrevista con NOVA.
- ¿Cuáles serían los pasos a seguir para reeditar ese frente en la Provincia? Aquí hay diferencias concretas de convivencia, como el caso de Carrió...
- Lo primero que hay que tener es un programa. Estamos discutiendo con las otras fuerzas una serie de puntos fundamentales. Obviamente, la dinámica de la política argentina es muy distinta, porque a veces se privilegian los nombres. Para nosotros no está bien que hoy se esté discutiendo si Binner va a ser candidato a presidente: primero tenemos que saber cuál es el proyecto. Hoy creemos que es fundamental que se avance con el 82 por ciento móvil, porque el Gobierno no puede estar diciendo que la Argentina funciona bien y no hay dinero para pagarle a los jubilados. Las jubilaciones no pueden ser una especie de dádiva que se les da a las personas que terminaron su vida activa para darle el 30 por ciento de lo que cobraban: eso es una estafa. La Presidenta exagera cuando dice que se van a fundir las arcas. Pensamos también que la Asignación Universal por Hijo no puede quedar en un decreto, tiene que ser un derecho que esté garantizado en las leyes de la Nación. Nos parece también que hay que discutir un nuevo régimen de coparticipación federal para que las provincias no estén mendigando a la Nación los recursos necesarios para funcionar. En estos temas coincidimos con muchas fuerzas, y en otros discutimos.
- ¿Cómo cuáles?
- Estamos a favor de rediscutir una ley de entidades financieras, porque la que tenemos hoy data de la época del 90, la etapa más neoliberal. Creemos que hay que volver a po0nerle a las empresas grandes los aportes patronales, que fueron sacados en la época de (Domingo) Cavallo, y que, cuando uno ve que este Gobierno no los quiere incorporar, se da cuenta de que, efectivamente, es un gobierno tan conservador como el de la década del ’90, y que sólo tiene un discurso que se dice progresista pero, que, en la práctica, no se corresponde. Se va avanzando en la agenda legislativa. Hoy esos puntos se debaten y se acuerdan en el Congreso, quizás porque existe una relación de fuerzas que lo permite. Incluso avanzamos con la fuerza de Pino Solanas, que también es tenido en cuenta para incorporar.
- ¿Y Carrió?
- Lo de Carrió me parece más una situación fáctica que tiene que ver con posicionamientos en la negociación. No la conozco personalmente, pero la relación con compañeros del ARI no ha sido mala, siempre hemos tenido conversaciones, y todos esperamos que estén incorporados en un frente donde podamos participar socialistas, gente del ARI, del GEN, del radicalismo y de Pino Solanas. Pero tenemos que discutir un programa. Por ejemplo, con el tema de las retenciones, no estamos a favor de su eliminación. Las retenciones deberían eliminarse cuando se las reemplace por un impuesto. Pero si hoy le quitamos las retenciones al trigo, el pan va a valer tres o cuatro veces más de lo que vale, porque un productor de trigo va a preferir venderlo al extranjero que a un panadero. Y ese tipo de precio no se puede pagar en Argentina. Diferente es el caso de la soja. Nuestra postura es que las retenciones sean escalonadas. A los pequeños productores hay que desgravarlos. Y diferenciar para cada producto. Nosotros no consumimos soja, y quizás no haya que desgravarla en absoluto. Y, si queremos desojizar, deberíamos tener retenciones diferenciales, cobrándole más a la soja y menos a los otros productos para que sean más competitivos.
- ¿Qué fue lo que motivó el desprendimiento de un sector del PS para aliarse con el kirchnerismo?
- El PS se fusionó y representó el único caso nacional donde dos partidos se transformaron en uno. En el ‘58, nos dividimos en argentinos y democráticos, y para el 2000 volvimos a recuperar la unidad partidaria. Ese proceso, que en los papeles se enmarca con esa fecha, duró un tiempo político para ir homogeneizando las personas y las diferentes direcciones políticas. El gobierno nacional, al principio con Néstor Kirchner y luego con Cristina Fernández, siempre tentó a dirigentes socialistas para incorporarse al gobierno. Uno de los casos más notorios fue el de Héctor Polino, a quien le ofrecieron en su momento la Secretaría de Medio Ambiente, y quien se lo comunicó al partido, que decidió, incluso con los votos coherentemente de Ariel Basteiro, Jorge Rivas y Oscar González, que no debíamos que aceptar. Menos de un año después se incorporaron al gobierno nacional y participaron de listas del FpV en más de una vez. Esa situación, al principio, tuvo un grado de tolerancia por parte de las autoridades y los afiliados; pero, pasado un tiempo, se le exigió a estos compañeros que rectificaran esta situación y que participaran de las decisiones del Comité Nacional y los diferentes congresos provinciales, que decían otra cosa e indicaban que teníamos que construir una alianza de centro izquierda. Sin embargo, ellos desobedecieron, lo que llevó a un proceso interno del partido que terminó con su expulsión. Hoy, González, Rivas y Basteiro están técnicamente expulsados del partido. De la misma manera lo está (Carlos) Sortino, que es concejal suplente por una lista que enfrentó en La Plata a la nómina que llevaba compañeros del PS. El planteo fue echo por el Centro de Mar del Plata, y el Comité de Disciplina decidió separarlo como afiliado.
- ¿Cómo explicaría esa situación?
- La crisis de los partidos políticos no ha dejado a un costado al PS. Si uno defiende una bandera, una serie de intereses y principios, no se puede ser a la vez socialista y de otro partido político. No se puede participar de una organización política y enfrentarla en elecciones. Si no, da igual: no importan las ideas sino las personas. Y para nosotros es todo lo contrario.
- ¿Cómo es posible entonces que el sector de Sortino esté al frente de la Casa Socialista en La Plata?
- Después de las últimas elecciones partidarias, nos reunimos con Sortino para solicitarle que nos devolviera la casa. Él reconoció que habíamos ganado correctamente las elecciones, pero dijo que el problema debía discutirse con el apoderado nacional. Entre idas y vueltas, la casa nunca fue devuelta a quienes son, hoy, las autoridades legítimas de la Provincia: Carlos Nivio, Ricardo Cuccovillo y, en La Plata, la Secretaría General que encabezo. Ante esta situación anómala, hemos tratado de no generar agitación política esperando llamarlos a la reflexión y que devuelvan el local. La Casa del Pueblo tiene tres entradas Nosotros ocupamos el subsuelo, donde cedemos gran parte de ese espacio a la Biblioteca Romero y a la Universidad Popular Alejandro Korn, y funcionamos fuera de su horario. Autoridades de otros partidos nos han manifestado su solidaridad ante esta situación. Estamos recabando la información necesaria para hacer los trámites judiciales, aunque no queremos llegar a esto porque no tenemos un problema con Carlos Sortino. El problema es político. Como secretario general, tengo una responsabilidad. Los herederos de esa casa nos reconocen como autoridades. Hoy teneos allí un grupo de intrusos que, sin ningún tipo de derechos, usufructúan incluso haciendo peñas y bailes a título oneroso, porque jamás se rinde cuenta, e incluso con muchas quejas de vecinos y haciendo funcionar, en muchos casos, oficinas municipales, como la del presupuesto Participativo.
- ¿Cómo ve la gestión de Bruera?
- Cuando nos convocaron al diálogo político, nosotros concurrimos, porque no somos enemigos de las otras fuerzas sino que somos vecinos, y pensamos que en el debate de ideas siempre se avanza. Sin embargo, después de tantos años de gobierno justicialista en La Plata, vemos que es más de lo mismo. Han cambiado algunas caras y algunos patrones de funcionamiento, pero hay una continuidad. Obviamente, está muy bien tener calles asfaltadas y plazas iluminadas, pero el Presupuesto Participativo no deja de ser una fachada, porque el porcentaje es muy bajo. La calidad institucional en la Municipalidad es muy baja. Un ejemplo: cuando tenemos que discutir el COU (Código de Ordenamiento Urbano), se imponen criterios que tienen absolutamente el signo contrario de la participación, se privilegian una serie de intereses de tipo inmobiliario y no se tienen en cuenta los servicios públicos que se verán absolutamente resentidos.
- ¿Y cómo analiza la gestión de Scioli?
- Veintitrés años de gobierno del mismo partido en la Provincia nos han entregado un sistema de educación muy malo, con una prueba terrible cono fue el Polimodal. En seguridad, no hace falta hablar nada: estamos cada vez peor y no nos damos cuenta de que la marginalidad crece y de que los negocios que se hacen son negocios donde camina la droga, el juego y el alcohol, y que todo eso es caldo de cultivo para organizaciones que terminan delinquiendo. El Gobierno se ha mostrado absolutamente incapaz de tomar cartas en el asunto: ya no sólo asaltan en casas, sino que los mismos bancos son presa. Y esto tiene que ver con una concepción conservadora, muy parecida a la de los años ’90, que tiene el gobierno de la Provincia: cuando uno se pone a ver quiénes fueron los gobernadores y qué rol cumplieron en los ’90, en otro país nadie tendría dudas de tildarlos de derecha. No sé cómo todavía no nos damos cuenta de que es una continuidad perfecta.
- ¿Tan categórica debe ser esa definición?
- Es que es un partido conservador que no ha generado un cambio positivo en la distribución del ingreso y en la legalidad. Hoy se caen las facultades delegadas y pareciera que se cayera el mundo. Si Argentina está tan bien, no debieran haber facultades delegadas como tienen los presidentes desde el ’83 para acá.. Debe funcionar el Congreso y debe haber un control entre los tres poderes del Estado en una república que funcione. Por ejemplo, ¿cuántos años hace que en la Provincia venimos discutiendo el tema de la basura? El Ceamse es negocio redondo de cuatro vivos y nosotros no sabemos qué hacer con la basura. Si seguimos enterrando la basura debajo de la alfombra, nuestros recursos naturales, como el agua, se van a empezar a contaminar, como perdimos el Río de la Plata. Hoy nos damos cuenta de que el agua es un recursos valioso, pero hace 10 años era un recurso abundante y no lo valorábamos. Sin embargo, hoy tenemos que tener cuidado porque, si seguimos tirando basura industrial y de desechos urbanos al Río de la Plata y a las cuencas hídricas, vamos a terminar contaminando los acuíferos de donde bebemos. Y, en ese sentido, el gobierno de (Daniel) Scioli no ha cambiado nada. Y lo mismo va en la actividad económica. Argentina es un país muy desigual, y en 23 años no se ha hecho más que concentrar la economía en la Provincia. El país es un capitalismo de amigos: hemos cambiado los amigos de los ’90 por otros distintos que hoy se hacen poderosos.
lunes, 23 de agosto de 2010
PARTIDO SOCIALISTA - 10 PUNTOS PROGRAMÁTICOS POR UN FRENTE PROGRESISTA EN LA ARGENTINA
En las pasadas elecciones nacionales del 28 de junio de 2009, el pueblo argentino marcó con su voto la necesidad de un cambio, propinándole una clara derrota al kirchnerismo. Se trata entonces de dar una respuesta concreta a esa necesidad con la construcción de un Frente Progresista que genere una expectativa para las próximas elecciones nacionales de 2011.
En este sentido, el socialismo viene planteando desde su Primer Congreso Nacional Ordinario del 25 de junio de 2005, la necesidad de construir un sólido frente en la Argentina que integre aquellas organizaciones políticas y sociales del espacio progresista que expresen propuestas alternativas al proyecto del oficialismo y a las alternativas de derecha.
El gobierno nacional deja indudablemente una amplia agenda de temas pendientes en el camino de la consolidación democrática. Agenda a la que un frente progresista de centro-izquierda puede realizar una importante contribución.
Las instituciones de Argentina atraviesan una crisis que es más política que económica y explica el desinterés de los ciudadanos hacia la cosa pública y del debilitamiento de la noción del bien común. Ante esta situación, creemos necesario edificar respuestas alternativas en lo político, en lo social y en lo económico que reflejen el proyecto de país solidario, justo y democrático que imaginamos.
Cuando pensamos el país que queremos, lo hacemos desde la reivindicación del federalismo y del reconocimiento de la diversidad de las provincias y sus realidades, como así también de las especificidades que acentúan las diferencias de escala entre lo nacional, lo provincial y lo local. Estamos convencidos que fruto del dialogo y la concertación con las fuerzas progresistas se puede avanzar hacia un cambio de cultura política que jerarquice las coincidencias sobre las diferencias, y que permita construir una unidad nacional respetando la autonomía de los Estados subnacionales.
En este marco, es nuestra responsabilidad y obligación sumar ideas y voluntades para tratar los temas fundamentales de una agenda progresista y así alcanzar, en los próximos meses, un consenso amplio y generoso.
Debemos aspirar a conquistar la voluntad de las mayorías para ejercer el gobierno del Estado. Es entonces necesario construir un progresismo de mayorías, con vocación de poder. Y para eso es fundamental la herramienta política.
La herramienta política que permita articular la alternativa para el 2011 debe edificarse en torno a sólidos compromisos programáticos de centroizquierda y no en torno a liderazgos de popularidad coyunturales. Es necesario de esta forma que el punto de partida de ese frente progresista sea un consistente acuerdo programático que trascienda tanto lo meramente discursivo como la discusión de las candidaturas, y que tenga como eje el desarrollo integral del país y la profundización de la democracia en todos sus frentes.
Un frente progresista en donde estén identificados actores, programas y pautas de funcionamiento. Este trípode esencial es la garantía de una construcción y desarrollo sano y vigoroso del frente. Sin reglas claras no habrá futuro, y en consecuencia el final otra vez nos remitirá a una frustración.
El desafío, aquí y ahora, es avanzar más allá de los límites del modelo vigente, para dar lugar a una democracia más transparente y participativa, que retome los principios históricos que inspiraron las luchas democráticas, la igualdad, la libertad, la solidaridad y la justicia social. Y para ello es necesario en definitiva sentar los cimientos de una democracia de nuevas bases, que conjugue calidad institucional y distribución social y federal de la riqueza nacional.
En esa perspectiva el Partido Socialista, consciente de su responsabilidad como fuerza históricamente comprometida con la clase trabajadora y los sectores populares, pone a consideración de la ciudadanía un programa de diez puntos como aporte para el diálogo con todos los sectores políticos y sociales que comparten nuestra visión de país que nos permita confluir en un espacio programático de coincidencias progresistas.
El futuro será posible si lo imaginamos ya desde el presente. Las pasadas elecciones nacionales expresaron con contundencia una voluntad inapelable de cambio que permitiera abrir una etapa de diálogo y consensos para abordar las cuestiones que todavía están pendientes en la República Argentina. La crisis del 2001 expreso una profunda interpelación hacia el sistema político-institucional argentino. Un profundo cuestionamiento frente a los temas pendientes de la democracia. Desde entonces iniciamos una etapa de transición que va desde un fin de siglo XX marcado por el neoliberalismo hacia un siglo XXI claramente social y progresista. Es en este marco que tenemos la necesidad perentoria de ofrecer al país una alternativa que nos permita edificar un futuro con más igualdad, libertad y justicia social.
I- GARANTIA DE EMPLEO Y DISTRIBUCION DEL INGRESO.
Vivimos en un país con grandes riquezas pero profundamente injusto y desigual. Seis años de crecimiento económico sostenido no ha logrado revertir sustancialmente los patrones regresivos de distribución del ingreso heredados de la última dictadura y profundizados durante los años de hegemonía neoliberal.
La inserción a través del trabajo debe seguir siendo la piedra angular del combate contra la pobreza y la exclusión social, ya que el trabajo sigue siendo la actividad fundamental de la sociedad y fuente principal de la riqueza, por lo que deben impulsarse políticas de pleno empleo y garantizar el derecho de todas las personas a un empleo digno, estable y bien remunerado. Sin perjuicio de ello, es imprescindible profundizar las políticas sociales universales, que con un eje central en la igualdad, garanticen una red básica de protección social que garantice un umbral mínimo de ingresos a partir del cual las personas puedan incorporarse en mejores condiciones al mercado laboral y acceder a los sistemas educativos y de salud.
Por ello es necesario poner en marcha un conjunto de acciones estatales dirigidas a abordar integralmente el problema de la pobreza y la exclusión social a partir de políticas sociales y de generación de empleo que debe sostenerse fundamentalmente en una distribución más equitativa de la riqueza, en la estabilidad laboral y en la inversión en salarios y en capacitación. Entre ellas mencionamos:
• Un país que produce alimentos para 300 millones de personas, no puede permitir que sus habitantes pasen hambre, y mucho menos la desnutrición infantil. Esta situación es éticamente inadmisible. Por eso como socialistas, promovemos la “indigencia cero” y la reducción drástica de la pobreza.
• Institucionalización de la Asignación por Hijo mediante una ley que amplíe el beneficio hasta hacerlo verdaderamente universal y que plantee una clausula de ajuste automático que permita mantener el poder adquisitivo de los beneficios percibidos.
• Formalización y mayor estabilidad a través de la generación de empleo digno y de calidad.
• Pleno respeto de la jornada de 8 horas y del descanso semanal, como primer paso para debatir la implementación de un proyecto de reducción de la jornada laboral;
• Sanción de una ley de franquicia tributaria que promueva la inversión en capacitación y formación laboral de los/las trabajadores/as.
• Democratización del modelo sindical y otorgamiento de la personería gremial a la CTA.
• Igual salario por trabajo de igual valor; licencias por maternidad compartidas para la madre y padre trabajador con carácter contributivo, leyes específicas contra la violencia laboral, y contra la discriminación laboral por género y diversidad sexual.
• Regularización y contratación efectiva de todo el personal que se desempeña en la administración pública y en el sector privado bajo la modalidad de locación de servicios que oculta una relación de empleo en relación de dependencia.
• Programas activos para la promoción de la igualdad entre varones y mujeres en el empleo, y servicios de cuidados infantiles para los padres/madres que trabajan.
• Ley de Promoción del Empleo Joven.
II- REFORMA TRIBUTARIA.
La República Argentina se caracteriza por tener uno de los sistemas tributarios más regresivos y fuertemente centralizados del mundo, que se apoya centralmente en impuestos al consumo que impactan duramente en los sectores populares. Este sistema tributario fue profundizado durante los últimos años a lo largo del ciclo expansivo de la economía, lo que le permitió al gobierno nacional obtener cuantiosos superávits fiscales, a costa centralmente de las finanzas provinciales y municipales que fueron deteriorándose rápidamente.
Frente a un sistema tributario caracterizado por una fuerte regresividad en la carga impositiva y por su carácter asimétrico y centralista, propiciamos una reforma integral del sistema impositivo que a la vez que coloque su énfasis en los impuestos a las grandes rentas, respete el federalismo y otorgue a las provincias posibilidades plenas de desarrollo y autonomía. Por ello, proponemos:
• Eliminación del IVA y demás impuestos internos que gravan los productos de la canasta básica familiar y garantizar que dicha disminución tenga su correlato directo en la caída de los precios de estos productos de forma de mejorar el poder adquisitivo de los ingresos de la población de menores recursos
• Gravar con el Impuesto a las Ganancias a la Renta Financiera en todas sus expresiones.
• Implementación de un Impuesto al Juego
• Implementación de un Impuesto a las Grandes Herencias.
• Gravar la renta minera y petrolera;
• Inmediato cumplimiento de la ley vigente de Coparticipación Federal en lo que respecta al piso de recursos del 34% sobre el total recaudado que debe ser distribuido a las provincias, y pronta sanción de una nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos que, en cumplimiento del mandato constitucional, permita la construcción de un federalismo fuerte y el pleno respeto de las autonomías provinciales y municipales.
• Inmediata recuperación de la participación de las provincias en la masa coparticipable a través del reintegro del 15% que actualmente se deriva al ANSES; de la coparticipación completa del impuesto a los créditos y débitos bancarios; y de la derogación del decreto 1399/01 mediante el cual se detraen fondos coparticipables para el financiamiento de la AFIP.
• Régimen de compensaciones a las provincias que no mantienen deuda con el Estado nacional, y plan de acompañamiento con monitoreo social para sanear las deudas de las provincias más complicadas financieramente para garantizar la mejora de las prestaciones de educación, salud y vivienda en el orden provincial;
• Esquema de retenciones diferenciales y progresivas, que reconozca las asimetrías existentes entre los grandes pooles de siembra y fideicomisos financieros que administran miles de hectáreas, y los pequeños y medianos productores, muchos de ellos nucleados en entidades cooperativas, que históricamente han cimentado el desarrollo económico y social del interior del país, resguardándose al mismo tiempo el consumo interno, especialmente de los sectores de menores ingresos. Asimismo, deben tomarse medidas que garanticen la justicia distributiva en lo recaudado, que deben contemplar necesariamente un criterio verdaderamente federal que le permita al Estado en sus diferentes niveles–provincial, municipal y comunal– llevar el bienestar a sus ciudadanos.
• Exenciones impositivas para producciones musicales de artistas nacionales y del Mercosur.
III- CALIDAD INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA Y CONTROL DE LOS ACTOS DE GOBIERNO
Los problemas de la democracia se corrigen con más y mejor democracia. La única gobernabilidad posible es en este sentido la que se asienta en el consenso y la participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos.
El desafío futuro pasa por construir instituciones democráticas sólidas, transparentes, responsables ante la ciudadanía, y, sobre todo, cada vez más participativas. Hoy, más que nunca, es necesario ir más allá del voto, y en el camino hacia una democracia de calidad, recuperar la idea de una esfera pública vibrante en la que la deliberación y la participación tornen posible el autogobierno individual y colectivo.
Asumiendo así la necesidad de avanzar en el mejoramiento de la calidad institucional de nuestra democracia, proponemos las siguientes medidas:
• Respeto a la Constitución Nacional y a las leyes;
• Un Consejo Económico y Social como mecanismo institucional de diálogo y concertación social que permita a todos los sectores que representan en su pluralidad la rica realidad social debatir colectivamente un nuevo proyecto de país.
• Implementación de presupuestos participativos en el orden nacional y de otros mecanismos de participación ciudadana;
• Promoción de una mayor institucionalidad pública y privada,
• Modificación de la ley que reglamentó la facultad de dictar Decretos de Necesidad y Urgencia, a fin de garantizar un adecuado control parlamentario de los mismos;
• Eliminación de los superpoderes y demás legislación delegada, que permita jerarquizar el rol del Congreso Nacional,
• Nuevo marco legal que garantice la independencia y autarquía funcional y financiera del INDEC.
• Incorporación en el Sistema Estadístico Nacional de la perspectiva de género y del uso del tiempo, para posibilitar el adecuado diseño, implementación y monitoreo de políticas para la efectiva igualdad entre varones y mujeres en el ámbito público y privado.
• Paridad, es decir, participación igualitaria de varones y mujeres en todos los ámbitos de decisión como condición imprescindible para el logro de la plena ciudadanía;
• Ley de acceso a la información que asegure la transparencia de los actos de gobierno.
• Refuerzo de los mecanismos de control y lucha contra la corrupción a todo nivel.
• Boleta única para la elección de presidente y vice, y legisladores nacionales
• Regulación, restricción y transparencia en el manejo de los fondos públicos utilizados para propaganda oficial.
• Derogación de los aspectos proscriptivos de la ley 26571, mal llamada de “democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral”
IV- REFORMA PREVISIONAL
La recuperación económica que prosiguió la profunda crisis económica, fiscal y política del año 2001 fue acompañada por un profundo proceso inflacionario que afectó el poder adquisitivo de los ingresos de las familias y de los haberes de los jubilados y pensionados.
Si bien desde el año 2002 se otorgaron una serie de incrementos positivos a los haberes previsionales, sin que existieran reglas claras o mecanismos objetivos que permitieran garantizar el mantenimiento de su poder adquisitivo en el largo plazo. Finalmente, en octubre de 2008 se sancionó la Ley 26.417 que estableció una movilidad automática (aunque insuficiente) de los haberes previsionales en función de una fórmula que combina la evolución del salario y de la recaudación del sistema previsional.
Sin embargo, la Ley 26.417 no resolvió dos problemas centrales del sistema previsional argentino: la desconexión entre el haber previsional mínimo y el salario mínimo, y además la pérdida de poder adquisitivo de los haberes durante el período comprendido entre 2001 y la aplicación del primer ajuste por movilidad previsto en la legislación para marzo de 2009.
En este marco es necesario garantizar haberes jubilatorios dignos como eje de un sistema de seguridad social integral, justo y solidario. En tal sentido, proponemos:
• Establecimiento del haber jubilatorio mínimo del Sistema Integrado Previsional Argentino (S.I.P.A.) en el 82 % del Salario Mínimo Vital y Móvil, en consonancia con el principio consagrado en el Artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, a fin de garantizar a los beneficiarios una adecuada, justa y razonable proporción entre el haber de la pasividad y las remuneraciones de los trabajadores en actividad.
• Recomposición de los haberes previsionales retrasados respecto de la evolución salarial a raíz de la limitada movilidad aplicada durante el período comprendido entre diciembre de 2001 y diciembre de 2007.
• Modificación del índice de movilidad de los haberes jubilatorios y pensiones, a fin de que su evolución sólo dependa de la evolución de los salarios y no del incremento de la recaudación.
• Creación de un Sistema de Créditos Contributivos para fomentar la equidad de género en el Sistema Previsional Argentino a través del establecimiento de una compensación para la historia contributiva de la mujer en razón del nacimiento o la adopción de un hijo, que permita el acceso a los beneficios previsionales en un plano de igualdad.
• Moratoria previsional que permita ingresar al sistema previsional a todas aquellas personas que hoy no se encuentran amparadas o contenidas en la moratoria vigente.
• Restitución de las contribuciones patronales para las grandes empresas a los niveles vigentes en 1993.
• Pago inmediato de las sentencias previsionales en contra del Estado.
V- SERVICIOS PUBLICOS.
En poco más de cuatro años Argentina privatizó casi la totalidad de las empresas públicas productoras de bienes y prestadoras de servicios que en su conjunto generaban aproximadamente el 8% del PBI total y alrededor del 20% de la inversión global del país. Sin marcos regulatorios claros y bien diseñados que permitieran el desarrollo de una política regulatoria eficaz, el modelo privatizador condujo a la desprotección de los usuarios mientras las empresas concesionarias disfrutaron, y aun disfrutan, de rentas extraordinarias, mientras el Estado les reparte discrecionalmente millonarios subsidios.
Frente a ello resultan necesarias nuevas políticas en relación a los servicios públicos privatizados que permitan un papel activo del Estado en el control y regulación de los mismos. En tal sentido proponemos:
• Nuevo Marco Regulatorio General de los Servicios Públicos que garantice el acceso universal a los servicios esenciales a través de la vigencia de una tarifa social, que permita una mayor participación de los usuarios, y que impida la apropiación de rentas extraordinarias por parte de empresas multinacionales;
• Ley de Rutas Nacionales que establezca un marco regulatorio para el mejoramiento, reparación, mantenimiento, ampliación y construcción de rutas y caminos nacionales. Revisión de las concesiones de peaje.
• Limitación a la repatriación de ganancias de las empresas privatizadas y a las ganancias extraordinarias.
• Declaración de servicio público a la producción, comercialización y distribución del Gas Licuado de Petróleo, con el objeto de asegurar a los sectores de menores recursos del país la compra de garrafas a un precio accesible a su economía familiar.
• Distribución equitativa de los subsidios al transporte público, la energía y el gas, que permita equiparar las tarifas del interior del país con las que se pagan en la Ciudad de Buenos Aires.
• Inmediata convocatoria a concurso público para integrar los directorios de los Entes de Control de los servicios públicos concesionados.
• Reconstruir y rediseñar la estructura ferroviaria existente con el objetivo de promover el transporte de cargas y pasajeros por esta vía, conectando puntos distantes del territorio nacional y mejorando la seguridad vial en las rutas.
VI- EDUCACION Y SALUD.
La salud y la educación, en tanto derechos humanos básicos de acceso universal, deben estar en el centro de las preocupaciones y anhelos de nuestra sociedad. Para ello es necesario plantearse objetivos ambiciosos, que se plasmen en un concepto más amplio de ciudadanía, con la vista puesta en la construcción de un presente y un futuro mejor para todos. Por ello proponemos:
• Ley Nacional de Sistema Único de Salud, que permita garantizar la accesibilidad, la equidad, la calidad y la participación en la atención integral de su salud a todos los habitantes del territorio nacional, mediante el ordenamiento de los recursos públicos prestacionales y económicos en un sistema integrado.
• Una nueva Ley de Educación Superior, que deberá establecer que las Universidades nacionales serán autónomas, cogobernadas, gratuitas, de libre acceso y estarán orientadas al desarrollo sustentable del país y su inserción autónoma en un mundo que cambia vertiginosamente; a la creación científica y tecnológica; la formación integral de personas y profesionales; la consolidación de la cultura política democrática y el fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía; el respeto por los derechos; y los procesos de integración y desarrollo regional.
• Jerarquización de la educación de calidad, el acceso al conocimiento informático, becas y canasta escolar gratuita que incluya los libros. Garantizar la laicidad de la educación pública.
• Asegurar 13 años de escolaridad mínima, umbral para tener alguna posibilidad de salir de la pobreza.
• Convocatoria a un congreso pedagógico nacional,
• Socialización de las herramientas informáticas (wi-fi en todo el territorio nacional)
• Implementación en el más breve plazo posible de la Ley de Educación Sexual Integral en todos los niveles y en todas las provincias.
• Programa nacional de nutrición y salud escolar.
• Efectivo acceso a los servicios de salud reproductiva universales y gratuitos. Consejerías y provisión de todos los métodos anticonceptivos, ligadura de trompas y vasectomía.
• Despenalización del aborto para reducir el número de muertes maternas por abortos inseguros y apoyo al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito conformada por más de 200 organizaciones de todo el país.
• Legislación que garantice a toda la población el acceso a la información, orientación, diagnóstico y prácticas para la reproducción humana asistida.
• Políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres y asistir a las víctimas de violencia familiar, violación y trata de personas.
• Favorecer la estrategia de prevención y promoción de la salud;
• Primer nivel de atención primaria de salud descentralizada a los municipios con competencias y recursos adecuados para su funcionamiento eficaz.
• Construcción de ciudadanía en salud que contemple una cobertura universal;
• Sistema federal de salud sobre la base de los servicios públicos jurisdiccionales con la coordinación activa del Consejo Federal de Salud.
• Reforzamiento de las competencias e instrumentos del Estado nacional para desempeñar un rol activo en la regulación, producción e importación de medicamentos así como en el control de su calidad y efectividad.
VII.- JUSTICIA, SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS.
Indudablemente, la plena vigencia de un Estado Democrático de Derecho demanda que la aplicación y respeto permanente y continuado de los principios constitucionales y legales. Y para ello es esencial asegurar la independencia y estabilidad del Poder Judicial.
En lo que respecta al problema de la inseguridad, ha quedado empíricamente demostrado el fracaso de la estrategia de endurecimiento de penas y reforzamiento del brazo punitivo del Estado. Por ello, el eje sustancial de una política contra la inseguridad y el delito debe pasar por el mejoramiento de las condiciones sociales, el combate a la impunidad y la connivencia mafiosa entre sectores policiales y penitenciarios, sectores políticos y sectores económicos concentrados, y el reforzamiento de la vía preventiva que es, fundamentalmente, la vía de la inclusión social en especial para los jóvenes.
En tal sentido impulsamos:
• Implementación de políticas tendientes a lograr la plena vigencia de los derechos humanos en forma integral;
• Modificación de la ley del Consejo de la Magistratura, a fin de garantizar la imparcialidad e independencia del Poder Judicial.
• Mecanismos de control social sobre el Poder Judicial y acceso universal al sistema de justicia.
• Creación de juzgados vecinales y de fiscalías barriales descentralizadas y especializadas
• Implementación de policía judicial.
• Reforma de los regímenes procesales penales y creación de los juzgados penales necesarios para cumplimentar en tiempo y forma con el juzgamiento de las personas procesadas.
• Reforma del sistema penitenciario e institutos carcelarios que permita el mejor logro del objetivo de la resocialización de los reclusos previsto en nuestra Constitución Nacional.
• Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que establezca un procedimiento distinto del proceso penal ordinario, y con todas las garantías constitucionales, para los menores en conflicto con la ley penal.
• Establecimiento de medidas preventivas como primer paso para combatir el delito, a través de programas de atención a sectores vulnerables y la jerarquización de las instituciones que contribuyan a la formación y contención de la juventud.
• Reformas policiales que permitan una amplia participación y control de la comunidad en la seguridad.
• Reformas en el sistema de justicia y policial dirigidas a combatir la violencia de género en todas sus formas, y la violencia contra niñas y niños, removiendo los obstáculos tanto en los procedimientos como en la capacitación de sus miembros que impiden la prevención, la sanción y persecución.
• Reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios, dando cumplimiento a las disposiciones constitucionales y a los compromisos internacionales que nuestro país ha asumido, avanzando hacia la conformación de un Estado pluricultural.
VIII- SISTEMA FINANCIERO, DEUDA PUBLICA, PYMES Y ECONOMIA SOCIAL.
No es posible sostener un proceso de expansión económica ni garantizar mayores niveles de bienestar social sin acceso al crédito. En este sentido, el sistema bancario y financiero debe brindar apoyo y asistencia a la actividad productiva y a las familias, privilegiando los créditos hipotecarios para vivienda única familiar, las pequeñas y medianas empresas, las entidades de la economía social y los sectores productivos más postergados del interior, quienes tienen un acceso muy limitado al crédito y a tasas prohibitivas.
En este sentido, las políticas destinadas a las PYMES y al sector de la economía social ocupan en nuestro país una posición subordinada respecto a los objetivos de la política macroeconómica y de competitividad. La importancia que tanto las pequeñas y medianas empresas (PYMES) como las organizaciones de la economía social (cooperativas y mutuales) revisten para el desarrollo productivo y el bienestar del conjunto de la población hace necesario que el Estado promueva su desarrollo y consolidación. De esta forma, resulta imprescindible implementar una política de apoyo y promoción a estos sectores fundamentales en el proceso de democratización de la economía y desarrollo de un modelo productivo solidario, integrado y diversificado.
Debe encararse asimismo una profunda reforma del sistema financiero que permita recuperar el crédito para el sector productivo y las familias, que estimule una banca pública, de desarrollo y fomento, y el fomento de la banca cooperativa. Para ello promovemos:
Sistema Financiero
• Sanción de una nueva ley de entidades financieras que reconozca el carácter de servicio público de la actividad financiera y su importancia crucial para el desarrollo económico y social equitativo.
• Fortalecimiento de la banca pública, y promoción de créditos a PYMES, jóvenes emprendedores, entidades de la economía social, entre otros sectores que tienen acceso limitado a fuentes de financiamiento.
• Conformación de una Comisión Bicameral de investigación de la legitimidad de la deuda externa
• Créditos blandos con sentido social, que posibiliten la compra de la vivienda familiar y el apoyo a los deudores hipotecarios para evitar el remate de la vivienda familiar única.
PYMES
• Creación de un Sistema Integral para el Desarrollo y Promoción de PYMES, que debe estar compuesto por representantes del sector público, del sector privado y de las universidades nacionales, y que tendrá a su cargo la elaboración de un Plan Estratégico General y por Regiones de desarrollo y sostenimiento de PYMES;
• Formación de redes solidarias que promuevan una amplia cooperación entre las entidades de la economía social y las PYMES, con las universidades públicas y organismos estatales de asistencia técnica, a fin de que las mismas puedan acceder al conocimiento y las capacidades productivas.
• Apoyo integral del acceso al conocimiento a través de programas de capacitación sobre gestión industrial y comercial, normas de calidad y comercio exterior,
• Régimen de promoción impositiva destinado a las PYMES. Garantizar una línea de créditos a tasas accesibles y subsidiadas para la micro, pequeñas y medianas empresas
Economía Social
• Apoyo a los proyectos de recuperación de empresas por parte de los trabajadores a través de la sanción de un régimen de fomento y asistencia técnica y financiera para estos emprendimientos.
• Modificación de la ley de quiebras.
• Promoción de redes de empresas recuperadas.
• Respaldo a proyectos autogestionados que generen empleo y una producción con mayor valor agregado;
• Apoyo a la banca cooperativa y mutual. Fomento y estímulo a las Cajas de Crédito Cooperativas;
IX- MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE y USO DEL SUELO
La degradación ambiental no es una consecuencia inevitable de la actividad humana, sino una resultante del modelo de desarrollo vigente. Frente a ello, debe reafirmarse el carácter prioritario de la preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras en el marco de un desarrollo equitativo y sustentable.
En tal sentido, promovemos una política de preservación del medio ambiente que permita un uso racional de nuestros recursos naturales en el marco de un desarrollo sustentable, a través de:
• Prohibición de la deforestación indiscriminada que tiene lugar en distintos puntos del país y elaboración de un plan nacional sustentable de explotación forestal;
• Legislación que contribuya a revertir los procesos de degradación de los recursos y sancione las prácticas que atenten contra la sustentabilidad ecológica.
• Promoción de la planificación ambiental, con participación popular y educación ambiental.
• Promover una política de explotación agropecuaria sustentable desde el punto de vista de la salud de la población y la biodiversidad.
• Política integral de tierra, como bien social, que incluya el control de su uso y de su propiedad ante el proceso de concentración y extranjerización de la misma, por un lado, y ante la explotación irracional de los recursos de la tierra, por el otro.
• Debe darse una respuesta racional y austera contrapuesta al despilfarro que históricamente se ha hecho de nuestros recursos naturales y artificiales, producto de la especulación del sector privado y aún del propio Estado en sus tres niveles.
• Nuevo Código de Minería que permita un mejor control estatal en la explotación de los recursos minerales, una mayor participación de Estado en la rentabilidad, y el desarrollo de la actividad en una forma compatible con el medio ambiente y las poblaciones lindantes.
• Recuperación de la renta hidrocarburífera para el Estado Argentino, mediante procesos de revisión y/o anulación de las concesiones otorgadas y/o prorrogadas irregularmente. Asimismo, la modificación del marco legislativo sancionado en la década de los 90 que posibilita la remisión de utilidades sin límites y la explotación irracional de los recursos no renovables para su exportación.
• Desarrollo y puesta en marcha de un plan energético nacional integral que abarque la extracción de fluídos y de sólidos, el aprovechamiento de las energías cinéticas naturales (cursos de agua, vientos, mareas, etc.), el desarrollo de la energía nuclear y otras fuentes alternativas de energía (biocombustibles, biomasa o microturbinas) para la producción, el transporte y el consumo. Este plan energético debe diseñarse bajo las premisas de satisfacción de las crecientes necesidades de desarrollo productivo y del transporte; sustentabilidad; y logro de la soberanía energética.
• Promover la creación de un Consejo Federal de Recursos Naturales No Renovables integrado por las provincias y la Nación a los efectos de fijar una política que, atendiendo los requerimientos provinciales, determine para toda la Nación una explotación racional y sustentable de los recursos naturales no renovables.
• Intangibilidad de los recursos hídricos y accesibilidad de costas y márgenes.
X - INTEGRACION REGIONAL.
Es necesario avanzar hacia una integración regional entendida no en términos de mercados sino como un proceso orientado a mejorar las oportunidades de desarrollo de los pueblos sobre la base de la equidad social y con un fuerte compromiso solidario. En tal sentido, proponemos:
• Consolidación y fortalecimiento de los espacios regionales del Mercosur y el UNASUR.
• Profundización de la unidad latinoamericana y del Caribe.
• Denuncia de los Tratados bilaterales de protección de inversiones que contengan en sus disposiciones la renuncia de la soberanía judicial a favor de tribunales extranjeros para entablar demandas contra nuestro país.
• Reivindicación de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
En este sentido, el socialismo viene planteando desde su Primer Congreso Nacional Ordinario del 25 de junio de 2005, la necesidad de construir un sólido frente en la Argentina que integre aquellas organizaciones políticas y sociales del espacio progresista que expresen propuestas alternativas al proyecto del oficialismo y a las alternativas de derecha.
El gobierno nacional deja indudablemente una amplia agenda de temas pendientes en el camino de la consolidación democrática. Agenda a la que un frente progresista de centro-izquierda puede realizar una importante contribución.
Las instituciones de Argentina atraviesan una crisis que es más política que económica y explica el desinterés de los ciudadanos hacia la cosa pública y del debilitamiento de la noción del bien común. Ante esta situación, creemos necesario edificar respuestas alternativas en lo político, en lo social y en lo económico que reflejen el proyecto de país solidario, justo y democrático que imaginamos.
Cuando pensamos el país que queremos, lo hacemos desde la reivindicación del federalismo y del reconocimiento de la diversidad de las provincias y sus realidades, como así también de las especificidades que acentúan las diferencias de escala entre lo nacional, lo provincial y lo local. Estamos convencidos que fruto del dialogo y la concertación con las fuerzas progresistas se puede avanzar hacia un cambio de cultura política que jerarquice las coincidencias sobre las diferencias, y que permita construir una unidad nacional respetando la autonomía de los Estados subnacionales.
En este marco, es nuestra responsabilidad y obligación sumar ideas y voluntades para tratar los temas fundamentales de una agenda progresista y así alcanzar, en los próximos meses, un consenso amplio y generoso.
Debemos aspirar a conquistar la voluntad de las mayorías para ejercer el gobierno del Estado. Es entonces necesario construir un progresismo de mayorías, con vocación de poder. Y para eso es fundamental la herramienta política.
La herramienta política que permita articular la alternativa para el 2011 debe edificarse en torno a sólidos compromisos programáticos de centroizquierda y no en torno a liderazgos de popularidad coyunturales. Es necesario de esta forma que el punto de partida de ese frente progresista sea un consistente acuerdo programático que trascienda tanto lo meramente discursivo como la discusión de las candidaturas, y que tenga como eje el desarrollo integral del país y la profundización de la democracia en todos sus frentes.
Un frente progresista en donde estén identificados actores, programas y pautas de funcionamiento. Este trípode esencial es la garantía de una construcción y desarrollo sano y vigoroso del frente. Sin reglas claras no habrá futuro, y en consecuencia el final otra vez nos remitirá a una frustración.
El desafío, aquí y ahora, es avanzar más allá de los límites del modelo vigente, para dar lugar a una democracia más transparente y participativa, que retome los principios históricos que inspiraron las luchas democráticas, la igualdad, la libertad, la solidaridad y la justicia social. Y para ello es necesario en definitiva sentar los cimientos de una democracia de nuevas bases, que conjugue calidad institucional y distribución social y federal de la riqueza nacional.
En esa perspectiva el Partido Socialista, consciente de su responsabilidad como fuerza históricamente comprometida con la clase trabajadora y los sectores populares, pone a consideración de la ciudadanía un programa de diez puntos como aporte para el diálogo con todos los sectores políticos y sociales que comparten nuestra visión de país que nos permita confluir en un espacio programático de coincidencias progresistas.
El futuro será posible si lo imaginamos ya desde el presente. Las pasadas elecciones nacionales expresaron con contundencia una voluntad inapelable de cambio que permitiera abrir una etapa de diálogo y consensos para abordar las cuestiones que todavía están pendientes en la República Argentina. La crisis del 2001 expreso una profunda interpelación hacia el sistema político-institucional argentino. Un profundo cuestionamiento frente a los temas pendientes de la democracia. Desde entonces iniciamos una etapa de transición que va desde un fin de siglo XX marcado por el neoliberalismo hacia un siglo XXI claramente social y progresista. Es en este marco que tenemos la necesidad perentoria de ofrecer al país una alternativa que nos permita edificar un futuro con más igualdad, libertad y justicia social.
I- GARANTIA DE EMPLEO Y DISTRIBUCION DEL INGRESO.
Vivimos en un país con grandes riquezas pero profundamente injusto y desigual. Seis años de crecimiento económico sostenido no ha logrado revertir sustancialmente los patrones regresivos de distribución del ingreso heredados de la última dictadura y profundizados durante los años de hegemonía neoliberal.
La inserción a través del trabajo debe seguir siendo la piedra angular del combate contra la pobreza y la exclusión social, ya que el trabajo sigue siendo la actividad fundamental de la sociedad y fuente principal de la riqueza, por lo que deben impulsarse políticas de pleno empleo y garantizar el derecho de todas las personas a un empleo digno, estable y bien remunerado. Sin perjuicio de ello, es imprescindible profundizar las políticas sociales universales, que con un eje central en la igualdad, garanticen una red básica de protección social que garantice un umbral mínimo de ingresos a partir del cual las personas puedan incorporarse en mejores condiciones al mercado laboral y acceder a los sistemas educativos y de salud.
Por ello es necesario poner en marcha un conjunto de acciones estatales dirigidas a abordar integralmente el problema de la pobreza y la exclusión social a partir de políticas sociales y de generación de empleo que debe sostenerse fundamentalmente en una distribución más equitativa de la riqueza, en la estabilidad laboral y en la inversión en salarios y en capacitación. Entre ellas mencionamos:
• Un país que produce alimentos para 300 millones de personas, no puede permitir que sus habitantes pasen hambre, y mucho menos la desnutrición infantil. Esta situación es éticamente inadmisible. Por eso como socialistas, promovemos la “indigencia cero” y la reducción drástica de la pobreza.
• Institucionalización de la Asignación por Hijo mediante una ley que amplíe el beneficio hasta hacerlo verdaderamente universal y que plantee una clausula de ajuste automático que permita mantener el poder adquisitivo de los beneficios percibidos.
• Formalización y mayor estabilidad a través de la generación de empleo digno y de calidad.
• Pleno respeto de la jornada de 8 horas y del descanso semanal, como primer paso para debatir la implementación de un proyecto de reducción de la jornada laboral;
• Sanción de una ley de franquicia tributaria que promueva la inversión en capacitación y formación laboral de los/las trabajadores/as.
• Democratización del modelo sindical y otorgamiento de la personería gremial a la CTA.
• Igual salario por trabajo de igual valor; licencias por maternidad compartidas para la madre y padre trabajador con carácter contributivo, leyes específicas contra la violencia laboral, y contra la discriminación laboral por género y diversidad sexual.
• Regularización y contratación efectiva de todo el personal que se desempeña en la administración pública y en el sector privado bajo la modalidad de locación de servicios que oculta una relación de empleo en relación de dependencia.
• Programas activos para la promoción de la igualdad entre varones y mujeres en el empleo, y servicios de cuidados infantiles para los padres/madres que trabajan.
• Ley de Promoción del Empleo Joven.
II- REFORMA TRIBUTARIA.
La República Argentina se caracteriza por tener uno de los sistemas tributarios más regresivos y fuertemente centralizados del mundo, que se apoya centralmente en impuestos al consumo que impactan duramente en los sectores populares. Este sistema tributario fue profundizado durante los últimos años a lo largo del ciclo expansivo de la economía, lo que le permitió al gobierno nacional obtener cuantiosos superávits fiscales, a costa centralmente de las finanzas provinciales y municipales que fueron deteriorándose rápidamente.
Frente a un sistema tributario caracterizado por una fuerte regresividad en la carga impositiva y por su carácter asimétrico y centralista, propiciamos una reforma integral del sistema impositivo que a la vez que coloque su énfasis en los impuestos a las grandes rentas, respete el federalismo y otorgue a las provincias posibilidades plenas de desarrollo y autonomía. Por ello, proponemos:
• Eliminación del IVA y demás impuestos internos que gravan los productos de la canasta básica familiar y garantizar que dicha disminución tenga su correlato directo en la caída de los precios de estos productos de forma de mejorar el poder adquisitivo de los ingresos de la población de menores recursos
• Gravar con el Impuesto a las Ganancias a la Renta Financiera en todas sus expresiones.
• Implementación de un Impuesto al Juego
• Implementación de un Impuesto a las Grandes Herencias.
• Gravar la renta minera y petrolera;
• Inmediato cumplimiento de la ley vigente de Coparticipación Federal en lo que respecta al piso de recursos del 34% sobre el total recaudado que debe ser distribuido a las provincias, y pronta sanción de una nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos que, en cumplimiento del mandato constitucional, permita la construcción de un federalismo fuerte y el pleno respeto de las autonomías provinciales y municipales.
• Inmediata recuperación de la participación de las provincias en la masa coparticipable a través del reintegro del 15% que actualmente se deriva al ANSES; de la coparticipación completa del impuesto a los créditos y débitos bancarios; y de la derogación del decreto 1399/01 mediante el cual se detraen fondos coparticipables para el financiamiento de la AFIP.
• Régimen de compensaciones a las provincias que no mantienen deuda con el Estado nacional, y plan de acompañamiento con monitoreo social para sanear las deudas de las provincias más complicadas financieramente para garantizar la mejora de las prestaciones de educación, salud y vivienda en el orden provincial;
• Esquema de retenciones diferenciales y progresivas, que reconozca las asimetrías existentes entre los grandes pooles de siembra y fideicomisos financieros que administran miles de hectáreas, y los pequeños y medianos productores, muchos de ellos nucleados en entidades cooperativas, que históricamente han cimentado el desarrollo económico y social del interior del país, resguardándose al mismo tiempo el consumo interno, especialmente de los sectores de menores ingresos. Asimismo, deben tomarse medidas que garanticen la justicia distributiva en lo recaudado, que deben contemplar necesariamente un criterio verdaderamente federal que le permita al Estado en sus diferentes niveles–provincial, municipal y comunal– llevar el bienestar a sus ciudadanos.
• Exenciones impositivas para producciones musicales de artistas nacionales y del Mercosur.
III- CALIDAD INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA Y CONTROL DE LOS ACTOS DE GOBIERNO
Los problemas de la democracia se corrigen con más y mejor democracia. La única gobernabilidad posible es en este sentido la que se asienta en el consenso y la participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos.
El desafío futuro pasa por construir instituciones democráticas sólidas, transparentes, responsables ante la ciudadanía, y, sobre todo, cada vez más participativas. Hoy, más que nunca, es necesario ir más allá del voto, y en el camino hacia una democracia de calidad, recuperar la idea de una esfera pública vibrante en la que la deliberación y la participación tornen posible el autogobierno individual y colectivo.
Asumiendo así la necesidad de avanzar en el mejoramiento de la calidad institucional de nuestra democracia, proponemos las siguientes medidas:
• Respeto a la Constitución Nacional y a las leyes;
• Un Consejo Económico y Social como mecanismo institucional de diálogo y concertación social que permita a todos los sectores que representan en su pluralidad la rica realidad social debatir colectivamente un nuevo proyecto de país.
• Implementación de presupuestos participativos en el orden nacional y de otros mecanismos de participación ciudadana;
• Promoción de una mayor institucionalidad pública y privada,
• Modificación de la ley que reglamentó la facultad de dictar Decretos de Necesidad y Urgencia, a fin de garantizar un adecuado control parlamentario de los mismos;
• Eliminación de los superpoderes y demás legislación delegada, que permita jerarquizar el rol del Congreso Nacional,
• Nuevo marco legal que garantice la independencia y autarquía funcional y financiera del INDEC.
• Incorporación en el Sistema Estadístico Nacional de la perspectiva de género y del uso del tiempo, para posibilitar el adecuado diseño, implementación y monitoreo de políticas para la efectiva igualdad entre varones y mujeres en el ámbito público y privado.
• Paridad, es decir, participación igualitaria de varones y mujeres en todos los ámbitos de decisión como condición imprescindible para el logro de la plena ciudadanía;
• Ley de acceso a la información que asegure la transparencia de los actos de gobierno.
• Refuerzo de los mecanismos de control y lucha contra la corrupción a todo nivel.
• Boleta única para la elección de presidente y vice, y legisladores nacionales
• Regulación, restricción y transparencia en el manejo de los fondos públicos utilizados para propaganda oficial.
• Derogación de los aspectos proscriptivos de la ley 26571, mal llamada de “democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral”
IV- REFORMA PREVISIONAL
La recuperación económica que prosiguió la profunda crisis económica, fiscal y política del año 2001 fue acompañada por un profundo proceso inflacionario que afectó el poder adquisitivo de los ingresos de las familias y de los haberes de los jubilados y pensionados.
Si bien desde el año 2002 se otorgaron una serie de incrementos positivos a los haberes previsionales, sin que existieran reglas claras o mecanismos objetivos que permitieran garantizar el mantenimiento de su poder adquisitivo en el largo plazo. Finalmente, en octubre de 2008 se sancionó la Ley 26.417 que estableció una movilidad automática (aunque insuficiente) de los haberes previsionales en función de una fórmula que combina la evolución del salario y de la recaudación del sistema previsional.
Sin embargo, la Ley 26.417 no resolvió dos problemas centrales del sistema previsional argentino: la desconexión entre el haber previsional mínimo y el salario mínimo, y además la pérdida de poder adquisitivo de los haberes durante el período comprendido entre 2001 y la aplicación del primer ajuste por movilidad previsto en la legislación para marzo de 2009.
En este marco es necesario garantizar haberes jubilatorios dignos como eje de un sistema de seguridad social integral, justo y solidario. En tal sentido, proponemos:
• Establecimiento del haber jubilatorio mínimo del Sistema Integrado Previsional Argentino (S.I.P.A.) en el 82 % del Salario Mínimo Vital y Móvil, en consonancia con el principio consagrado en el Artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, a fin de garantizar a los beneficiarios una adecuada, justa y razonable proporción entre el haber de la pasividad y las remuneraciones de los trabajadores en actividad.
• Recomposición de los haberes previsionales retrasados respecto de la evolución salarial a raíz de la limitada movilidad aplicada durante el período comprendido entre diciembre de 2001 y diciembre de 2007.
• Modificación del índice de movilidad de los haberes jubilatorios y pensiones, a fin de que su evolución sólo dependa de la evolución de los salarios y no del incremento de la recaudación.
• Creación de un Sistema de Créditos Contributivos para fomentar la equidad de género en el Sistema Previsional Argentino a través del establecimiento de una compensación para la historia contributiva de la mujer en razón del nacimiento o la adopción de un hijo, que permita el acceso a los beneficios previsionales en un plano de igualdad.
• Moratoria previsional que permita ingresar al sistema previsional a todas aquellas personas que hoy no se encuentran amparadas o contenidas en la moratoria vigente.
• Restitución de las contribuciones patronales para las grandes empresas a los niveles vigentes en 1993.
• Pago inmediato de las sentencias previsionales en contra del Estado.
V- SERVICIOS PUBLICOS.
En poco más de cuatro años Argentina privatizó casi la totalidad de las empresas públicas productoras de bienes y prestadoras de servicios que en su conjunto generaban aproximadamente el 8% del PBI total y alrededor del 20% de la inversión global del país. Sin marcos regulatorios claros y bien diseñados que permitieran el desarrollo de una política regulatoria eficaz, el modelo privatizador condujo a la desprotección de los usuarios mientras las empresas concesionarias disfrutaron, y aun disfrutan, de rentas extraordinarias, mientras el Estado les reparte discrecionalmente millonarios subsidios.
Frente a ello resultan necesarias nuevas políticas en relación a los servicios públicos privatizados que permitan un papel activo del Estado en el control y regulación de los mismos. En tal sentido proponemos:
• Nuevo Marco Regulatorio General de los Servicios Públicos que garantice el acceso universal a los servicios esenciales a través de la vigencia de una tarifa social, que permita una mayor participación de los usuarios, y que impida la apropiación de rentas extraordinarias por parte de empresas multinacionales;
• Ley de Rutas Nacionales que establezca un marco regulatorio para el mejoramiento, reparación, mantenimiento, ampliación y construcción de rutas y caminos nacionales. Revisión de las concesiones de peaje.
• Limitación a la repatriación de ganancias de las empresas privatizadas y a las ganancias extraordinarias.
• Declaración de servicio público a la producción, comercialización y distribución del Gas Licuado de Petróleo, con el objeto de asegurar a los sectores de menores recursos del país la compra de garrafas a un precio accesible a su economía familiar.
• Distribución equitativa de los subsidios al transporte público, la energía y el gas, que permita equiparar las tarifas del interior del país con las que se pagan en la Ciudad de Buenos Aires.
• Inmediata convocatoria a concurso público para integrar los directorios de los Entes de Control de los servicios públicos concesionados.
• Reconstruir y rediseñar la estructura ferroviaria existente con el objetivo de promover el transporte de cargas y pasajeros por esta vía, conectando puntos distantes del territorio nacional y mejorando la seguridad vial en las rutas.
VI- EDUCACION Y SALUD.
La salud y la educación, en tanto derechos humanos básicos de acceso universal, deben estar en el centro de las preocupaciones y anhelos de nuestra sociedad. Para ello es necesario plantearse objetivos ambiciosos, que se plasmen en un concepto más amplio de ciudadanía, con la vista puesta en la construcción de un presente y un futuro mejor para todos. Por ello proponemos:
• Ley Nacional de Sistema Único de Salud, que permita garantizar la accesibilidad, la equidad, la calidad y la participación en la atención integral de su salud a todos los habitantes del territorio nacional, mediante el ordenamiento de los recursos públicos prestacionales y económicos en un sistema integrado.
• Una nueva Ley de Educación Superior, que deberá establecer que las Universidades nacionales serán autónomas, cogobernadas, gratuitas, de libre acceso y estarán orientadas al desarrollo sustentable del país y su inserción autónoma en un mundo que cambia vertiginosamente; a la creación científica y tecnológica; la formación integral de personas y profesionales; la consolidación de la cultura política democrática y el fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía; el respeto por los derechos; y los procesos de integración y desarrollo regional.
• Jerarquización de la educación de calidad, el acceso al conocimiento informático, becas y canasta escolar gratuita que incluya los libros. Garantizar la laicidad de la educación pública.
• Asegurar 13 años de escolaridad mínima, umbral para tener alguna posibilidad de salir de la pobreza.
• Convocatoria a un congreso pedagógico nacional,
• Socialización de las herramientas informáticas (wi-fi en todo el territorio nacional)
• Implementación en el más breve plazo posible de la Ley de Educación Sexual Integral en todos los niveles y en todas las provincias.
• Programa nacional de nutrición y salud escolar.
• Efectivo acceso a los servicios de salud reproductiva universales y gratuitos. Consejerías y provisión de todos los métodos anticonceptivos, ligadura de trompas y vasectomía.
• Despenalización del aborto para reducir el número de muertes maternas por abortos inseguros y apoyo al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito conformada por más de 200 organizaciones de todo el país.
• Legislación que garantice a toda la población el acceso a la información, orientación, diagnóstico y prácticas para la reproducción humana asistida.
• Políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres y asistir a las víctimas de violencia familiar, violación y trata de personas.
• Favorecer la estrategia de prevención y promoción de la salud;
• Primer nivel de atención primaria de salud descentralizada a los municipios con competencias y recursos adecuados para su funcionamiento eficaz.
• Construcción de ciudadanía en salud que contemple una cobertura universal;
• Sistema federal de salud sobre la base de los servicios públicos jurisdiccionales con la coordinación activa del Consejo Federal de Salud.
• Reforzamiento de las competencias e instrumentos del Estado nacional para desempeñar un rol activo en la regulación, producción e importación de medicamentos así como en el control de su calidad y efectividad.
VII.- JUSTICIA, SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS.
Indudablemente, la plena vigencia de un Estado Democrático de Derecho demanda que la aplicación y respeto permanente y continuado de los principios constitucionales y legales. Y para ello es esencial asegurar la independencia y estabilidad del Poder Judicial.
En lo que respecta al problema de la inseguridad, ha quedado empíricamente demostrado el fracaso de la estrategia de endurecimiento de penas y reforzamiento del brazo punitivo del Estado. Por ello, el eje sustancial de una política contra la inseguridad y el delito debe pasar por el mejoramiento de las condiciones sociales, el combate a la impunidad y la connivencia mafiosa entre sectores policiales y penitenciarios, sectores políticos y sectores económicos concentrados, y el reforzamiento de la vía preventiva que es, fundamentalmente, la vía de la inclusión social en especial para los jóvenes.
En tal sentido impulsamos:
• Implementación de políticas tendientes a lograr la plena vigencia de los derechos humanos en forma integral;
• Modificación de la ley del Consejo de la Magistratura, a fin de garantizar la imparcialidad e independencia del Poder Judicial.
• Mecanismos de control social sobre el Poder Judicial y acceso universal al sistema de justicia.
• Creación de juzgados vecinales y de fiscalías barriales descentralizadas y especializadas
• Implementación de policía judicial.
• Reforma de los regímenes procesales penales y creación de los juzgados penales necesarios para cumplimentar en tiempo y forma con el juzgamiento de las personas procesadas.
• Reforma del sistema penitenciario e institutos carcelarios que permita el mejor logro del objetivo de la resocialización de los reclusos previsto en nuestra Constitución Nacional.
• Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que establezca un procedimiento distinto del proceso penal ordinario, y con todas las garantías constitucionales, para los menores en conflicto con la ley penal.
• Establecimiento de medidas preventivas como primer paso para combatir el delito, a través de programas de atención a sectores vulnerables y la jerarquización de las instituciones que contribuyan a la formación y contención de la juventud.
• Reformas policiales que permitan una amplia participación y control de la comunidad en la seguridad.
• Reformas en el sistema de justicia y policial dirigidas a combatir la violencia de género en todas sus formas, y la violencia contra niñas y niños, removiendo los obstáculos tanto en los procedimientos como en la capacitación de sus miembros que impiden la prevención, la sanción y persecución.
• Reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios, dando cumplimiento a las disposiciones constitucionales y a los compromisos internacionales que nuestro país ha asumido, avanzando hacia la conformación de un Estado pluricultural.
VIII- SISTEMA FINANCIERO, DEUDA PUBLICA, PYMES Y ECONOMIA SOCIAL.
No es posible sostener un proceso de expansión económica ni garantizar mayores niveles de bienestar social sin acceso al crédito. En este sentido, el sistema bancario y financiero debe brindar apoyo y asistencia a la actividad productiva y a las familias, privilegiando los créditos hipotecarios para vivienda única familiar, las pequeñas y medianas empresas, las entidades de la economía social y los sectores productivos más postergados del interior, quienes tienen un acceso muy limitado al crédito y a tasas prohibitivas.
En este sentido, las políticas destinadas a las PYMES y al sector de la economía social ocupan en nuestro país una posición subordinada respecto a los objetivos de la política macroeconómica y de competitividad. La importancia que tanto las pequeñas y medianas empresas (PYMES) como las organizaciones de la economía social (cooperativas y mutuales) revisten para el desarrollo productivo y el bienestar del conjunto de la población hace necesario que el Estado promueva su desarrollo y consolidación. De esta forma, resulta imprescindible implementar una política de apoyo y promoción a estos sectores fundamentales en el proceso de democratización de la economía y desarrollo de un modelo productivo solidario, integrado y diversificado.
Debe encararse asimismo una profunda reforma del sistema financiero que permita recuperar el crédito para el sector productivo y las familias, que estimule una banca pública, de desarrollo y fomento, y el fomento de la banca cooperativa. Para ello promovemos:
Sistema Financiero
• Sanción de una nueva ley de entidades financieras que reconozca el carácter de servicio público de la actividad financiera y su importancia crucial para el desarrollo económico y social equitativo.
• Fortalecimiento de la banca pública, y promoción de créditos a PYMES, jóvenes emprendedores, entidades de la economía social, entre otros sectores que tienen acceso limitado a fuentes de financiamiento.
• Conformación de una Comisión Bicameral de investigación de la legitimidad de la deuda externa
• Créditos blandos con sentido social, que posibiliten la compra de la vivienda familiar y el apoyo a los deudores hipotecarios para evitar el remate de la vivienda familiar única.
PYMES
• Creación de un Sistema Integral para el Desarrollo y Promoción de PYMES, que debe estar compuesto por representantes del sector público, del sector privado y de las universidades nacionales, y que tendrá a su cargo la elaboración de un Plan Estratégico General y por Regiones de desarrollo y sostenimiento de PYMES;
• Formación de redes solidarias que promuevan una amplia cooperación entre las entidades de la economía social y las PYMES, con las universidades públicas y organismos estatales de asistencia técnica, a fin de que las mismas puedan acceder al conocimiento y las capacidades productivas.
• Apoyo integral del acceso al conocimiento a través de programas de capacitación sobre gestión industrial y comercial, normas de calidad y comercio exterior,
• Régimen de promoción impositiva destinado a las PYMES. Garantizar una línea de créditos a tasas accesibles y subsidiadas para la micro, pequeñas y medianas empresas
Economía Social
• Apoyo a los proyectos de recuperación de empresas por parte de los trabajadores a través de la sanción de un régimen de fomento y asistencia técnica y financiera para estos emprendimientos.
• Modificación de la ley de quiebras.
• Promoción de redes de empresas recuperadas.
• Respaldo a proyectos autogestionados que generen empleo y una producción con mayor valor agregado;
• Apoyo a la banca cooperativa y mutual. Fomento y estímulo a las Cajas de Crédito Cooperativas;
IX- MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE y USO DEL SUELO
La degradación ambiental no es una consecuencia inevitable de la actividad humana, sino una resultante del modelo de desarrollo vigente. Frente a ello, debe reafirmarse el carácter prioritario de la preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras en el marco de un desarrollo equitativo y sustentable.
En tal sentido, promovemos una política de preservación del medio ambiente que permita un uso racional de nuestros recursos naturales en el marco de un desarrollo sustentable, a través de:
• Prohibición de la deforestación indiscriminada que tiene lugar en distintos puntos del país y elaboración de un plan nacional sustentable de explotación forestal;
• Legislación que contribuya a revertir los procesos de degradación de los recursos y sancione las prácticas que atenten contra la sustentabilidad ecológica.
• Promoción de la planificación ambiental, con participación popular y educación ambiental.
• Promover una política de explotación agropecuaria sustentable desde el punto de vista de la salud de la población y la biodiversidad.
• Política integral de tierra, como bien social, que incluya el control de su uso y de su propiedad ante el proceso de concentración y extranjerización de la misma, por un lado, y ante la explotación irracional de los recursos de la tierra, por el otro.
• Debe darse una respuesta racional y austera contrapuesta al despilfarro que históricamente se ha hecho de nuestros recursos naturales y artificiales, producto de la especulación del sector privado y aún del propio Estado en sus tres niveles.
• Nuevo Código de Minería que permita un mejor control estatal en la explotación de los recursos minerales, una mayor participación de Estado en la rentabilidad, y el desarrollo de la actividad en una forma compatible con el medio ambiente y las poblaciones lindantes.
• Recuperación de la renta hidrocarburífera para el Estado Argentino, mediante procesos de revisión y/o anulación de las concesiones otorgadas y/o prorrogadas irregularmente. Asimismo, la modificación del marco legislativo sancionado en la década de los 90 que posibilita la remisión de utilidades sin límites y la explotación irracional de los recursos no renovables para su exportación.
• Desarrollo y puesta en marcha de un plan energético nacional integral que abarque la extracción de fluídos y de sólidos, el aprovechamiento de las energías cinéticas naturales (cursos de agua, vientos, mareas, etc.), el desarrollo de la energía nuclear y otras fuentes alternativas de energía (biocombustibles, biomasa o microturbinas) para la producción, el transporte y el consumo. Este plan energético debe diseñarse bajo las premisas de satisfacción de las crecientes necesidades de desarrollo productivo y del transporte; sustentabilidad; y logro de la soberanía energética.
• Promover la creación de un Consejo Federal de Recursos Naturales No Renovables integrado por las provincias y la Nación a los efectos de fijar una política que, atendiendo los requerimientos provinciales, determine para toda la Nación una explotación racional y sustentable de los recursos naturales no renovables.
• Intangibilidad de los recursos hídricos y accesibilidad de costas y márgenes.
X - INTEGRACION REGIONAL.
Es necesario avanzar hacia una integración regional entendida no en términos de mercados sino como un proceso orientado a mejorar las oportunidades de desarrollo de los pueblos sobre la base de la equidad social y con un fuerte compromiso solidario. En tal sentido, proponemos:
• Consolidación y fortalecimiento de los espacios regionales del Mercosur y el UNASUR.
• Profundización de la unidad latinoamericana y del Caribe.
• Denuncia de los Tratados bilaterales de protección de inversiones que contengan en sus disposiciones la renuncia de la soberanía judicial a favor de tribunales extranjeros para entablar demandas contra nuestro país.
• Reivindicación de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
jueves, 19 de agosto de 2010
Diputados Socialistas con la Federación Agraria
Diputados Socialistas con la Federación Agraria
Diputados Nacionales del Partido Socialista recibieron en su bloque a representantes de la Federación Agraria Argentina.
La reunión realizada el miércoles 18 de agosto en el bloque socialista de la Cámara de Diputados de la Nación se enmarcó en la serie de encuentros que los representantes del campo vienen manteniendo con distintos sectores en la legislatura nacional y entre los anfitriones se encontraban las diputadas Mónica Fein, presidente del bloque, y Alicia Ciciliani y los diputados Lisandro Viale y Ricardo Cuccovillo.
Según manifestó este último “Le hemos trasmitido a los representantes agrarios nuestra posición de recuperar las facultades delegadas para el Congreso a partir del 24 de agosto, día de vencimiento de las mismas”
Más adelante el diputado Cuccovillo señaló que “Siempre nos van a encontrar trabajando a favor del campo y defendiendo nuestra posición histórica que es la segmentación de las retenciones, porque entendemos que favorecen al pequeño y mediano productor”
Para culminar el diputado socialista remarcó que “le hemos manifestado a la Federación Agraria que ya con el conflicto de la resolución 125 en pleno desarrollo fue el Partido Socialista, mediante el gobernador de Santa Fe Hermes Binner, el único que presentó una propuesta integral sobre la problemática del campo que nosotros entendemos como ruralidad”
“Este concepto de ruralidad engloba no solamente al campo sino que enmarca a este con su interrelación con los pueblos, con el trabajo, con la industria. Hay que abordar todos estos aspectos en su conjunto” finalizó
lunes, 16 de agosto de 2010
El Socialismo Bonaerense Ratificó el Armado de un Frente Progresista
El Socialismo Bonaerense Ratificó el Armado de un Frente Progresista
La Junta Provincial del Partido Socialista de la Provincia de Buenos Aires ratificó una vez más la conformación de un frente progresista para 2011.El órgano de conducción de esa fuerza política mantuvo una reunión en la ciudad de La Plata el pasado 12 de agosto. Encabezada por su Secretario General, el diputado provincial Carlos Nivio y el Secretario Adjunto, el diputado nacional Ricardo Cuccovillo, contó además co la participación del resto de sus integrantes y los representantes de cada sección electoral.
Luego de la reunión, tanto Nivio como Cuccovillo manifestaron que “En concordancia con las estrategia del socialismo a nivel nacional, el socialismo bonaerense llama a la conformación de un gran frente progresista en la provincia que se presente como alternativa frente a más de dos décadas de gobiernos justicialistas, los que han sumido a gran parte de la población a en un nivel de desigualdad y marginación preocupante para la provincia más rica del país”
En otro párrafo de su declaración manifestaron que “Hoy el socialismo tiene un programa de gobierno que pone a disposición de las otras fuerzas políticas (en relación a la UCR y al GEN) para que entre todos busquemos las mejores propuestas para superar el actual estado de la provincia”
Por otra parte señalaron, para finalizar que “Este frente debe ser amplio y participativo, por lo que queda abierto a la incorporación de otros sectores políticos y sociales que estén de acuerdo con los puntos básicos que se iran elaborando a los largo del presente año”
Onda Verde en La Plata
El caos vehicular platense no se soluciona con sólo una "onda verde"
“Luego de casi 20 años de administración justicialista en la ciudad y en los inicios del siglo XXI, resultaba ya inexcusable la incorporación de dispositivos inteligentes para el ordenamiento del tráfico en La Plata”, declaró el Lic. Roberto Simiand, Secretario General del Partido Socialista de La Plata.
Las vías por donde circulan vehículos, peatones y transporte público están colapsadas en los horarios picos, sin que las autoridades municipales hayan tomado medidas efectivas para resolverlo.
El municipio debe encarar la completa semaforización del microcentro platense con dispositivos sonoros aptos para personas con capacidades diferentes, la adecuación de horarios de acceso a la ciudad, el control del efectivo cumplimiento de las normas de tránsito, la incorporación de medios de transporte tecnológicamente superiores, vías exclusivas de circulación entre otras intervenciones. Todo ello bajo un plan director que garantice mayor fluidez des tráfico, seguridad de las personas y baja contaminación ambiental.
Basta con ver como todos los días hábiles entre las 7,30 y las 8,30 se repiten estacionamientos en doble o triple fila en el supermercado de calle 7 entre 47 y 48; o en la guardería de 13 entre 47 y 48. Como la misma situación se repite en las entradas de los colegios donde las infracciones son “supervisadas” por personal municipal, como por ejemplo el caso de 55 entre 10 y 11.
Esperamos que no sea esta una medida aislada y que sólo sirva para la foto, ya que las modificaciones introducidas al Código de Ordenamiento Urbano acentuarán la tendencia actual, con el incremento de la congestión y al número de accidentes esperados.
Agradecemos su Difusión
Lic. Roberto Simiand
Secretario General del
Partido Socialista de
La Plata
15 624 5727
viernes, 6 de agosto de 2010
lunes, 2 de agosto de 2010
TOMAR PARTIDO
¿QUE ES EL PARTIDO SOCIALISTA?
En este video los compañer@s Ruben Giustiniani, Ricardo Cuccovillo, Monica Fein y Hermes Binner dicen como sienten el socialismo
El Socialismo crece con vos SUMATE en la provincia de Buenos Aires
En este video los compañer@s Ruben Giustiniani, Ricardo Cuccovillo, Monica Fein y Hermes Binner dicen como sienten el socialismo
El Socialismo crece con vos SUMATE en la provincia de Buenos Aires
INTERVENCION DEL SENADOR RUBEN GIUSTINIANI EN EL TRATAMIENTO DE LA LEY DE MATRIMONIO PARA PERSONAS DEL MISMO SEXO
viernes 30 de julio de 2010
INTERVENCION DEL SENADOR RUBEN GIUSTINIANI EN EL TRATAMIENTO DE LA LEY DE MATRIMONIO PARA PERSONAS DEL MISMO SEXO (14 de julio de 2010).
Señor presidente: vengo como senador por la provincia de Santa Fe y presidente del Partido Socialista a adelantar mi voto positivo a este proyecto de ley que establece el matrimonio entre personas del mismo sexo. Me alegra que durante este debate se hayan hecho reiteradas menciones a mujeres y hombres de mi partido, quienes, a lo largo de la historia de la República Argentina, aportaron con ideas, proyectos y leyes a esa lucha por la igualdad y la libertad. Al respecto, se mencionaron a Alfredo Palacios, a Alicia Moreau de Justo y a Juan B. Justo.
También quiero recordar que este proyecto de ley venido en revisión que hoy estamos tratando se originó en iniciativas presentadas por el bloque socialista. Ya en 1993, fueron los entonces diputados Héctor Polino y Alfredo Bravo quienes presentaron proyectos de esta naturaleza. Asimismo, el diputado nacional Eduardo Di Pollina presentó en diciembre de 2005 un proyecto de ley de matrimonio para personas de igual sexo. Y hoy tenemos en tratamiento una iniciativa sancionada por la Cámara de Diputados, que surge de un proyecto de ley presentado por las señoras diputadas Silvia Augsburger y Vilma Ibarra.
¿Por qué estamos tratando hoy este proyecto de ley? Se ha discutido mucho y se lo ha hecho acerca de los tiempos, es decir, si su tratamiento ha sido apurado o se hizo con los plazos necesarios. En ese sentido, me gustaría rescatar la lucha, la militancia y el trabajo de las organizaciones sociales. Creo que sin esa lucha de las organizaciones sociales, sin esa decisión, movilización y valentía que han tenido para instalar este tema en la República Argentina, no hubiera sido posible debatir esta norma.
Considero que es un día histórico. Mirándolo en perspectiva, se recordará este día del Congreso de la Nación como un hecho positivo donde el Parlamento decidió otorgar derechos a quienes hoy no los tienen, avanzar sobre la discriminación y establecer criterios de igualdad, tal cual reza nuestra Constitución Nacional. Y nadie se tiene que equivocar. No se trata de una norma que vaya a generar un rédito político inmediato para nadie. Si se la mira con perspectiva histórica, se advertirá que las grandes leyes en la República Argentina no tienen nombre y apellido. En efecto, se habló del matrimonio civil y nadie recuerda quién fue el autor o el iniciador de esa iniciativa; sólo se recuerda la época o las circunstancias. Se habla de la ley 1.420, una norma revolucionaria que aún deja su presencia en la educación popular en la República Argentina –la educación laica, gratuita y obligatoria–, pero no se la recuerda a través del nombre de su autor. Y lo mismo pasa con la ley de divorcio, que se recordó que se sancionó durante 1987 bajo el gobierno del doctor Raúl Alfonsín.
Es decir, son leyes trascendentes que tuvieron muchas iniciativas y que dieron respuestas a un momento histórico determinado. No se trató de la genialidad de un autor en particular que, desde el laboratorio, sacó el proyecto de ley, sino de normas que dieron respuesta a una necesidad concreta. Por eso, son momentos que no se pueden pronosticar en cuanto al cuándo o el tiempo. Es un momento donde la sociedad decide ser mejor, quitarse de encima el cinismo y la hipocresía, y terminar con eso de que “de eso no se habla”. Es por eso que hoy se habla de que hay gays y lesbianas que ya viven juntos o que vivirán en parejas que gozarán de los mismos derechos que tenemos todos. Por eso, creo que esto es una construcción histórica.
Se ha hablado mucho de historia en esta sesión. Y no puede ser de otra manera. Porque a lo largo de la historia, quienes tuvieron una opción sexual diferente sufrieron humillaciones, violencia y discriminación. Entonces, esta es la historia de quienes han sido humillados durante décadas. Y esto se ha vinculado con la mujer, algo que no es casual, porque ella ha sido discriminada a lo largo de la historia. En el libro Ana Karenina, de León Tolstoi, se pinta con genialidad una cuestión que también ha sobrevolado toda la noche. Me refiero a la discriminación y a los prejuicios. Allí se habla de la realidad y de los prejuicios de la Rusia zarista. Aquí se habló de que se había abolido la esclavitud en la República Argentina a principios del Siglo XIX, pero no ocurría lo mismo en aquella Rusia zarista. La novela arranca con una frase tremenda que se entiende solamente al final del libro. Ella dice: “Las familias felices se parecen; las infelices lo son cada una a su manera”. ¿Qué significa esto? En esa historia, significó que a Ana Karenina le quitaran el hijo, porque tuvo la osadía de enamorarse y ser discriminada por eso, terminando suicidándose bajo las ruedas de un tren. El mensaje terrible de esta obra es que solamente se puede ser feliz si se anda con la mayoría o con las costumbres y las tradiciones de la mayoría. Pero si se sale de eso, lo único que puede deparar el destino es la infelicidad. De eso estamos hablando hoy.
¿Quién no celebra el genio de Oscar Wilde, como se mencionó también esta noche, en El retrato de Dorian Gray, que ha sido y sigue siendo una de las obras valoradas por miles de lectores? Sin embargo, Oscar Wilde estuvo preso en la Inglaterra victoriana, como tantos en el mundo durante otras épocas, por ser homosexual. Por ello, este debate no es sólo jurídico, político o constitucional sino que también es, fundamentalmente, un debate humano. En la Cámara de Diputados, hubo muchas y muy buenas fundamentaciones cuando se trató esta iniciativa. El diputado y compañero de mi partido Ricardo Cuccovillo expresó lo siguiente: “La verdad es que yo quiero avanzar en mi condición de padre de un hijo gay, un hijo que entiendo que debe tener igualdad de derechos que el resto de mis hijos. Tengo tres hijos, dos varones y una mujer; uno de mis hijos varones es gay, un ser humano que yo considero que tiene igualdad de derechos y de sentimientos que el resto de mis hijos”. Su alocución produjo una gran conmoción en el recinto y en todos los que lo escuchábamos. Porque, en cada una de estas historias de vida, surge la necesidad de que demos una respuesta concreta.
La realidad nos golpea en la cara cuando es en carne propia, y cuando nos miramos en el espejo, éste siempre devuelve la realidad. Por eso, considero que este debate tardó mucho tiempo en darse porque, en realidad, estas modificaciones en la ley, que reflejan cambios en la sociedad, llegan con mucha tardanza respecto de las grandes transformaciones científicas y tecnológicas. En este sentido, nosotros acabamos de aprobar una ley que otorga al padre cinco días de licencia por paternidad. A la vez, señalo que yo he sido autor del proyecto de ley por el cual, hace muy poco tiempo, modificamos el Código Civil para reducir la mayoría de edad de 21 a 18 años. Fuimos el último país del Mercosur en hacerlo y uno de los últimos del mundo en concretarlo.
Cada uno de los cambios sociales que se van transformando en leyes llega tarde en función de los prejuicios que se van dando en todas las sociedades y que ya fueron denunciados desde el inicio mismo de ellas, hace más de cuatro siglos. Shakespeare, en su obra La violación de Lucrecia, desnudaba la hipocresía de un ejercicio del poder que prefería ver muerta a una mujer antes que ver mancillado el honor de su marido. Y fue mucho más acá en el tiempo cuando una monja, y célebre escritora, gritó desde México al mundo: “Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis”. Era Sor Juana Inés de la Cruz, que desnudaba la hipocresía de una época que antes había llevado a la hoguera demencial a tres mujeres en Salem, por considerarlas brujas. ¿Qué tiene que ver todo esto con el matrimonio de personas del mismo sexo? Tiene mucho que ver porque, en este debate, estamos venciendo el temor a que nos estigmaticen cuando estamos discutiendo estos temas, cuando estamos concretando en esta norma una superación de la realidad actual. Estamos superando ese temor a que nos señalen con el dedo en nombre de un pudor vergonzante.
Señor presidente: sin ningún tipo de dudas, el matrimonio es una construcción social e histórica, y nadie, en nombre de alguien, puede desde el punto de vista civil, autonominarse como dueño de este instituto. Federico Engels, en su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, citando a un antropólogo americano, Lewis Morgan, desarrolla cómo, en las comunidades primitivas, sólo se sabía qué mujer era madre de sus hijos, porque al ser comunidades heterónomas, la mujer tenía una posición de relevancia y la ascendencia se daba entonces en línea materna y no paterna. Es decir que la familia patriarcal no fue la familia desde siempre, como aquí se ha dicho; fue con los griegos, primero, y, luego, con los romanos, cuando se consolidó la familia patriarcal. Y tal como se ha manifestado en este recinto, en nuestro país hasta fines del siglo XIX, la Iglesia tuvo el monopolio de la inscripción de los nacimientos, de las muertes y del matrimonio. En efecto, hasta la ley del Registro Civil, para las muertes y los nacimientos; y hasta la ley de matrimonio civil en 1887, modificatoria del Código de Vélez Sársfield, que había tomado como punto de referencia el Código Napoleónico y el Derecho Canónico.
Y, como muy bien dijo el senador Castillo, es verdad que esta historia tuvo un punto importante en Santa Fe. Los senadores Castillo y Fernández hablaron de un gran gobernador de mi provincia. No es casual que sea olvidado; que su historia haya que buscarla en libros inéditos; que se hable muy poco de Nicasio Oroño; y que cuando se lo haga, solamente se piense en un boulevard de la ciudad de Rosario. Nicasio Oroño fue, verdaderamente, un progresista, que fue derrocado, a raíz de haber instrumentado el matrimonio civil, por los sectores anacrónicos que se oponían al matrimonio civil. Le voy a dar un antecedente al senador Castillo, porque él siempre me da datos importantes del socialismo. Se ve que viene rumbo para acá. (Risas). Me dice que no, pero me parece que sí. (Risas) Este matrimonio civil instrumentado por Nicasio Oroño también tiene una historia de amor. Proviene de una historia de amor entre don Luis Tabernig, que era un joven tirolés católico, con Magdalena Moritz, que era una suiza protestante, hija de agricultores. Don Luis y Magdalena fueron al cura jesuita de Esperanza –una bella ciudad de mi provincia–, para que los casara, pero el cura jesuita les dijo que solamente los casaba si ella adjuraba de su religión y se transformaba al catolicismo. Le dijeron que no; entonces, invitaron a todos sus amigos y a sus padres a la plaza pueblo, plantaron un árbol en el medio de la plaza, al que llamaron “El árbol de la libertad”, y se casaron sin cura ante todos los presentes, asumiendo el compromiso de que sus hijos también iban a pertenecer a ese matrimonio legítimo. Ese hecho tuvo tanta repercusión que, después, Nicasio Oroño receptó esta historia de amor de Esperanza e instrumentó el matrimonio civil en 1867.
Por eso, Ulrich Beck dice que el inmovilismo de las instituciones está en contradicción con una sociedad cuya vida cambia. Hemos hablado toda la noche de esto. Hemos señalado que la historia va modificándose, que el mundo se transforma, que las sociedades cambian y que, por lo tanto, también lo deben hacer las instituciones. Entonces, hoy estamos tratando una modificación del matrimonio civil.
La cuestión religiosa del matrimonio está de acuerdo con las creencias de cada uno, de quien las tiene. Lo más importante esta noche es que no se intentó contraponer la cuestión de los valores con el tema de los derechos. Cuando los valores en términos abstractos se plantean en oposición a los derechos, ahí es donde nace el fundamentalismo. Valores son la libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad. También son valores los que establecen los cinco libros de Moisés, como por ejemplo, no robar, no matar, no mentir. No entiendo por qué, a esta altura del siglo XXI, esta discusión tiene colisión con creencias religiosas. Quizá sí lo entiendo en debates que se daban en otras épocas, en otros tiempos, en otros momentos. Debería haber una evolución colectiva entre todos, para que en un tema como la modificación del Código Civil no se plantee en colisión con creencias religiosas, porque no tiene absolutamente ninguna colisión.
No tiene por qué molestar que se den derechos a quienes hoy son una realidad y no los tienen. Estamos modificando un Código Civil. También quiero hacer algunas consideraciones sobre un asunto que se ha planteado durante todo este debate en el seno de la sociedad, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Se hace referencia a la familia natural. Pero yo pregunto cuál es la familia natural. Se equivocan cuando plantean: papá, mamá e hijos. ¿A quién le están hablando? Hay muchas familias que tienen papá pero no tienen mamá. La mayoría de las familias tienen mamá e hijos pero no papá. Se hablaba de mayorías y de minorías. En este sentido, del censo de población de 2001 –por supuesto que el de este año va a dar cifras mucho más contundentes–, surge que las familias de papá, mamá e hijos son minoría en la República Argentina. En efecto, en 2001, los hogares nucleares completos, es decir, la pareja de padre y madre con hijos, eran 4.107.017, es decir, el 41 por ciento. O sea, el 59 por ciento de la población, en 2001, no tenía familia con mamá, papá e hijos. Hogar unipersonal, 1.512.788, es decir, el 15 por ciento. Hogar nuclear, parejas sin hijos, 1.232.173, es decir, el 12 por ciento. Y hogar nuclear incompleto, 1.027.461, o sea, 10 por ciento. Es decir que el 60 por ciento de la población no constituye una familia con papá, mamá e hijos.
Entonces, me parece que hay una equivocación conceptual cuando se plantean los temas. Creo que es importante aclararlo, porque es la realidad la que muchas veces contrasta con los planteos. En ese sentido, como también se ha dicho aquí, basta con ir a los barrios de los sectores populares para ver que la mayoría de las familias está constituida por una madre que tiene muchos hijos que cría, que educa; una madre que labura, que mantiene el hogar y donde no está el padre.
Jürgen Habermas dice que para que una sociedad sea democrática, todo lo que se precisa es la actualización consistente del sistema de derechos. Es lo que hoy estamos realizando, señor Presidente. Estamos dando un paso fundamental, que realza la tarea de este Congreso. Estamos otorgando derechos. Sinceramente, creo que, en este debate, las cuestiones del nombre –la palabra “matrimonio”– y de la adopción han sido usadas más como coartada a la oposición de avanzar con el tema del matrimonio. Y lo digo con todo respeto, porque no he escuchado fundamentos sólidos desde el punto de vista jurídico, salvo en lo que hace a la materialización de esto; reitero, no respecto del fondo de la cuestión.
El debate se ha planteado en la diferencia; y me parece que hay una confusión con la palabra “diferencia”. En efecto, nosotros vemos que, exactamente con los mismos argumentos –y se han manifestado también acá– que hoy se plantea la diferencia, para no darle a quienes son gays o lesbianas los mismos derechos de los heterosexuales para contraer matrimonio, porque son diferentes, no se le podría haber dado el voto a las mujeres. Se confunden igualdad y diferencia. Lo contrario de igualdad no es diferencia sino desigualdad. Por eso, el tema de la mujer ha surgido toda la noche, y por eso hablamos de esta cuestión. Hoy, nadie discute que la mujer sea igual al hombre, que tenga exactamente los mismos derechos que el hombre. ¿Quién lo puede discutir? Evidentemente todavía no están concretados. Se ha avanzado mucho, y las mujeres siguen avanzando; y es muy bueno que así sea; es muy positivo, porque mejora nuestra sociedad. Pero, ¿quién discute que la mujer es diferente del hombre? No lo discute absolutamente nadie. Y la mujer quiere ser diferente, pero quiere ser igual en materia de derechos. Entonces, los términos “igual” y “diferente” no se pueden confundir conceptualmente. Son distintos. Tenemos que marchar hacia la igualdad, pero eso no quiere decir que se borren las diferencias.
Por lo tanto, hoy estamos en condiciones de dar un paso importante, de sancionar un proyecto de ley que tendrá una gran repercusión para todo nuestro país. Y el tiempo es el tiempo que se ha dado. Se produjeron ocho casamientos por fallos judiciales y han tenido una tremenda repercusión pública. El tema está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y hay un fallo inminente en el caso María Rachid-Claudia Castro, en el que se reclama su reconocimiento como matrimonio. Este es el tiempo y esta noche; si avanzamos con la sanción de este proyecto de ley, vamos a dar un paso muy importante no sólo en el derecho positivo argentino, no sólo en nuestro plexo jurídico, sino también hacia una mayor libertad, mayor igualdad, mayor justicia y mayor solidaridad en la República Argentina.
INTERVENCION DEL SENADOR RUBEN GIUSTINIANI EN EL TRATAMIENTO DE LA LEY DE MATRIMONIO PARA PERSONAS DEL MISMO SEXO (14 de julio de 2010).
Señor presidente: vengo como senador por la provincia de Santa Fe y presidente del Partido Socialista a adelantar mi voto positivo a este proyecto de ley que establece el matrimonio entre personas del mismo sexo. Me alegra que durante este debate se hayan hecho reiteradas menciones a mujeres y hombres de mi partido, quienes, a lo largo de la historia de la República Argentina, aportaron con ideas, proyectos y leyes a esa lucha por la igualdad y la libertad. Al respecto, se mencionaron a Alfredo Palacios, a Alicia Moreau de Justo y a Juan B. Justo.
También quiero recordar que este proyecto de ley venido en revisión que hoy estamos tratando se originó en iniciativas presentadas por el bloque socialista. Ya en 1993, fueron los entonces diputados Héctor Polino y Alfredo Bravo quienes presentaron proyectos de esta naturaleza. Asimismo, el diputado nacional Eduardo Di Pollina presentó en diciembre de 2005 un proyecto de ley de matrimonio para personas de igual sexo. Y hoy tenemos en tratamiento una iniciativa sancionada por la Cámara de Diputados, que surge de un proyecto de ley presentado por las señoras diputadas Silvia Augsburger y Vilma Ibarra.
¿Por qué estamos tratando hoy este proyecto de ley? Se ha discutido mucho y se lo ha hecho acerca de los tiempos, es decir, si su tratamiento ha sido apurado o se hizo con los plazos necesarios. En ese sentido, me gustaría rescatar la lucha, la militancia y el trabajo de las organizaciones sociales. Creo que sin esa lucha de las organizaciones sociales, sin esa decisión, movilización y valentía que han tenido para instalar este tema en la República Argentina, no hubiera sido posible debatir esta norma.
Considero que es un día histórico. Mirándolo en perspectiva, se recordará este día del Congreso de la Nación como un hecho positivo donde el Parlamento decidió otorgar derechos a quienes hoy no los tienen, avanzar sobre la discriminación y establecer criterios de igualdad, tal cual reza nuestra Constitución Nacional. Y nadie se tiene que equivocar. No se trata de una norma que vaya a generar un rédito político inmediato para nadie. Si se la mira con perspectiva histórica, se advertirá que las grandes leyes en la República Argentina no tienen nombre y apellido. En efecto, se habló del matrimonio civil y nadie recuerda quién fue el autor o el iniciador de esa iniciativa; sólo se recuerda la época o las circunstancias. Se habla de la ley 1.420, una norma revolucionaria que aún deja su presencia en la educación popular en la República Argentina –la educación laica, gratuita y obligatoria–, pero no se la recuerda a través del nombre de su autor. Y lo mismo pasa con la ley de divorcio, que se recordó que se sancionó durante 1987 bajo el gobierno del doctor Raúl Alfonsín.
Es decir, son leyes trascendentes que tuvieron muchas iniciativas y que dieron respuestas a un momento histórico determinado. No se trató de la genialidad de un autor en particular que, desde el laboratorio, sacó el proyecto de ley, sino de normas que dieron respuesta a una necesidad concreta. Por eso, son momentos que no se pueden pronosticar en cuanto al cuándo o el tiempo. Es un momento donde la sociedad decide ser mejor, quitarse de encima el cinismo y la hipocresía, y terminar con eso de que “de eso no se habla”. Es por eso que hoy se habla de que hay gays y lesbianas que ya viven juntos o que vivirán en parejas que gozarán de los mismos derechos que tenemos todos. Por eso, creo que esto es una construcción histórica.
Se ha hablado mucho de historia en esta sesión. Y no puede ser de otra manera. Porque a lo largo de la historia, quienes tuvieron una opción sexual diferente sufrieron humillaciones, violencia y discriminación. Entonces, esta es la historia de quienes han sido humillados durante décadas. Y esto se ha vinculado con la mujer, algo que no es casual, porque ella ha sido discriminada a lo largo de la historia. En el libro Ana Karenina, de León Tolstoi, se pinta con genialidad una cuestión que también ha sobrevolado toda la noche. Me refiero a la discriminación y a los prejuicios. Allí se habla de la realidad y de los prejuicios de la Rusia zarista. Aquí se habló de que se había abolido la esclavitud en la República Argentina a principios del Siglo XIX, pero no ocurría lo mismo en aquella Rusia zarista. La novela arranca con una frase tremenda que se entiende solamente al final del libro. Ella dice: “Las familias felices se parecen; las infelices lo son cada una a su manera”. ¿Qué significa esto? En esa historia, significó que a Ana Karenina le quitaran el hijo, porque tuvo la osadía de enamorarse y ser discriminada por eso, terminando suicidándose bajo las ruedas de un tren. El mensaje terrible de esta obra es que solamente se puede ser feliz si se anda con la mayoría o con las costumbres y las tradiciones de la mayoría. Pero si se sale de eso, lo único que puede deparar el destino es la infelicidad. De eso estamos hablando hoy.
¿Quién no celebra el genio de Oscar Wilde, como se mencionó también esta noche, en El retrato de Dorian Gray, que ha sido y sigue siendo una de las obras valoradas por miles de lectores? Sin embargo, Oscar Wilde estuvo preso en la Inglaterra victoriana, como tantos en el mundo durante otras épocas, por ser homosexual. Por ello, este debate no es sólo jurídico, político o constitucional sino que también es, fundamentalmente, un debate humano. En la Cámara de Diputados, hubo muchas y muy buenas fundamentaciones cuando se trató esta iniciativa. El diputado y compañero de mi partido Ricardo Cuccovillo expresó lo siguiente: “La verdad es que yo quiero avanzar en mi condición de padre de un hijo gay, un hijo que entiendo que debe tener igualdad de derechos que el resto de mis hijos. Tengo tres hijos, dos varones y una mujer; uno de mis hijos varones es gay, un ser humano que yo considero que tiene igualdad de derechos y de sentimientos que el resto de mis hijos”. Su alocución produjo una gran conmoción en el recinto y en todos los que lo escuchábamos. Porque, en cada una de estas historias de vida, surge la necesidad de que demos una respuesta concreta.
La realidad nos golpea en la cara cuando es en carne propia, y cuando nos miramos en el espejo, éste siempre devuelve la realidad. Por eso, considero que este debate tardó mucho tiempo en darse porque, en realidad, estas modificaciones en la ley, que reflejan cambios en la sociedad, llegan con mucha tardanza respecto de las grandes transformaciones científicas y tecnológicas. En este sentido, nosotros acabamos de aprobar una ley que otorga al padre cinco días de licencia por paternidad. A la vez, señalo que yo he sido autor del proyecto de ley por el cual, hace muy poco tiempo, modificamos el Código Civil para reducir la mayoría de edad de 21 a 18 años. Fuimos el último país del Mercosur en hacerlo y uno de los últimos del mundo en concretarlo.
Cada uno de los cambios sociales que se van transformando en leyes llega tarde en función de los prejuicios que se van dando en todas las sociedades y que ya fueron denunciados desde el inicio mismo de ellas, hace más de cuatro siglos. Shakespeare, en su obra La violación de Lucrecia, desnudaba la hipocresía de un ejercicio del poder que prefería ver muerta a una mujer antes que ver mancillado el honor de su marido. Y fue mucho más acá en el tiempo cuando una monja, y célebre escritora, gritó desde México al mundo: “Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis”. Era Sor Juana Inés de la Cruz, que desnudaba la hipocresía de una época que antes había llevado a la hoguera demencial a tres mujeres en Salem, por considerarlas brujas. ¿Qué tiene que ver todo esto con el matrimonio de personas del mismo sexo? Tiene mucho que ver porque, en este debate, estamos venciendo el temor a que nos estigmaticen cuando estamos discutiendo estos temas, cuando estamos concretando en esta norma una superación de la realidad actual. Estamos superando ese temor a que nos señalen con el dedo en nombre de un pudor vergonzante.
Señor presidente: sin ningún tipo de dudas, el matrimonio es una construcción social e histórica, y nadie, en nombre de alguien, puede desde el punto de vista civil, autonominarse como dueño de este instituto. Federico Engels, en su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, citando a un antropólogo americano, Lewis Morgan, desarrolla cómo, en las comunidades primitivas, sólo se sabía qué mujer era madre de sus hijos, porque al ser comunidades heterónomas, la mujer tenía una posición de relevancia y la ascendencia se daba entonces en línea materna y no paterna. Es decir que la familia patriarcal no fue la familia desde siempre, como aquí se ha dicho; fue con los griegos, primero, y, luego, con los romanos, cuando se consolidó la familia patriarcal. Y tal como se ha manifestado en este recinto, en nuestro país hasta fines del siglo XIX, la Iglesia tuvo el monopolio de la inscripción de los nacimientos, de las muertes y del matrimonio. En efecto, hasta la ley del Registro Civil, para las muertes y los nacimientos; y hasta la ley de matrimonio civil en 1887, modificatoria del Código de Vélez Sársfield, que había tomado como punto de referencia el Código Napoleónico y el Derecho Canónico.
Y, como muy bien dijo el senador Castillo, es verdad que esta historia tuvo un punto importante en Santa Fe. Los senadores Castillo y Fernández hablaron de un gran gobernador de mi provincia. No es casual que sea olvidado; que su historia haya que buscarla en libros inéditos; que se hable muy poco de Nicasio Oroño; y que cuando se lo haga, solamente se piense en un boulevard de la ciudad de Rosario. Nicasio Oroño fue, verdaderamente, un progresista, que fue derrocado, a raíz de haber instrumentado el matrimonio civil, por los sectores anacrónicos que se oponían al matrimonio civil. Le voy a dar un antecedente al senador Castillo, porque él siempre me da datos importantes del socialismo. Se ve que viene rumbo para acá. (Risas). Me dice que no, pero me parece que sí. (Risas) Este matrimonio civil instrumentado por Nicasio Oroño también tiene una historia de amor. Proviene de una historia de amor entre don Luis Tabernig, que era un joven tirolés católico, con Magdalena Moritz, que era una suiza protestante, hija de agricultores. Don Luis y Magdalena fueron al cura jesuita de Esperanza –una bella ciudad de mi provincia–, para que los casara, pero el cura jesuita les dijo que solamente los casaba si ella adjuraba de su religión y se transformaba al catolicismo. Le dijeron que no; entonces, invitaron a todos sus amigos y a sus padres a la plaza pueblo, plantaron un árbol en el medio de la plaza, al que llamaron “El árbol de la libertad”, y se casaron sin cura ante todos los presentes, asumiendo el compromiso de que sus hijos también iban a pertenecer a ese matrimonio legítimo. Ese hecho tuvo tanta repercusión que, después, Nicasio Oroño receptó esta historia de amor de Esperanza e instrumentó el matrimonio civil en 1867.
Por eso, Ulrich Beck dice que el inmovilismo de las instituciones está en contradicción con una sociedad cuya vida cambia. Hemos hablado toda la noche de esto. Hemos señalado que la historia va modificándose, que el mundo se transforma, que las sociedades cambian y que, por lo tanto, también lo deben hacer las instituciones. Entonces, hoy estamos tratando una modificación del matrimonio civil.
La cuestión religiosa del matrimonio está de acuerdo con las creencias de cada uno, de quien las tiene. Lo más importante esta noche es que no se intentó contraponer la cuestión de los valores con el tema de los derechos. Cuando los valores en términos abstractos se plantean en oposición a los derechos, ahí es donde nace el fundamentalismo. Valores son la libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad. También son valores los que establecen los cinco libros de Moisés, como por ejemplo, no robar, no matar, no mentir. No entiendo por qué, a esta altura del siglo XXI, esta discusión tiene colisión con creencias religiosas. Quizá sí lo entiendo en debates que se daban en otras épocas, en otros tiempos, en otros momentos. Debería haber una evolución colectiva entre todos, para que en un tema como la modificación del Código Civil no se plantee en colisión con creencias religiosas, porque no tiene absolutamente ninguna colisión.
No tiene por qué molestar que se den derechos a quienes hoy son una realidad y no los tienen. Estamos modificando un Código Civil. También quiero hacer algunas consideraciones sobre un asunto que se ha planteado durante todo este debate en el seno de la sociedad, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Se hace referencia a la familia natural. Pero yo pregunto cuál es la familia natural. Se equivocan cuando plantean: papá, mamá e hijos. ¿A quién le están hablando? Hay muchas familias que tienen papá pero no tienen mamá. La mayoría de las familias tienen mamá e hijos pero no papá. Se hablaba de mayorías y de minorías. En este sentido, del censo de población de 2001 –por supuesto que el de este año va a dar cifras mucho más contundentes–, surge que las familias de papá, mamá e hijos son minoría en la República Argentina. En efecto, en 2001, los hogares nucleares completos, es decir, la pareja de padre y madre con hijos, eran 4.107.017, es decir, el 41 por ciento. O sea, el 59 por ciento de la población, en 2001, no tenía familia con mamá, papá e hijos. Hogar unipersonal, 1.512.788, es decir, el 15 por ciento. Hogar nuclear, parejas sin hijos, 1.232.173, es decir, el 12 por ciento. Y hogar nuclear incompleto, 1.027.461, o sea, 10 por ciento. Es decir que el 60 por ciento de la población no constituye una familia con papá, mamá e hijos.
Entonces, me parece que hay una equivocación conceptual cuando se plantean los temas. Creo que es importante aclararlo, porque es la realidad la que muchas veces contrasta con los planteos. En ese sentido, como también se ha dicho aquí, basta con ir a los barrios de los sectores populares para ver que la mayoría de las familias está constituida por una madre que tiene muchos hijos que cría, que educa; una madre que labura, que mantiene el hogar y donde no está el padre.
Jürgen Habermas dice que para que una sociedad sea democrática, todo lo que se precisa es la actualización consistente del sistema de derechos. Es lo que hoy estamos realizando, señor Presidente. Estamos dando un paso fundamental, que realza la tarea de este Congreso. Estamos otorgando derechos. Sinceramente, creo que, en este debate, las cuestiones del nombre –la palabra “matrimonio”– y de la adopción han sido usadas más como coartada a la oposición de avanzar con el tema del matrimonio. Y lo digo con todo respeto, porque no he escuchado fundamentos sólidos desde el punto de vista jurídico, salvo en lo que hace a la materialización de esto; reitero, no respecto del fondo de la cuestión.
El debate se ha planteado en la diferencia; y me parece que hay una confusión con la palabra “diferencia”. En efecto, nosotros vemos que, exactamente con los mismos argumentos –y se han manifestado también acá– que hoy se plantea la diferencia, para no darle a quienes son gays o lesbianas los mismos derechos de los heterosexuales para contraer matrimonio, porque son diferentes, no se le podría haber dado el voto a las mujeres. Se confunden igualdad y diferencia. Lo contrario de igualdad no es diferencia sino desigualdad. Por eso, el tema de la mujer ha surgido toda la noche, y por eso hablamos de esta cuestión. Hoy, nadie discute que la mujer sea igual al hombre, que tenga exactamente los mismos derechos que el hombre. ¿Quién lo puede discutir? Evidentemente todavía no están concretados. Se ha avanzado mucho, y las mujeres siguen avanzando; y es muy bueno que así sea; es muy positivo, porque mejora nuestra sociedad. Pero, ¿quién discute que la mujer es diferente del hombre? No lo discute absolutamente nadie. Y la mujer quiere ser diferente, pero quiere ser igual en materia de derechos. Entonces, los términos “igual” y “diferente” no se pueden confundir conceptualmente. Son distintos. Tenemos que marchar hacia la igualdad, pero eso no quiere decir que se borren las diferencias.
Por lo tanto, hoy estamos en condiciones de dar un paso importante, de sancionar un proyecto de ley que tendrá una gran repercusión para todo nuestro país. Y el tiempo es el tiempo que se ha dado. Se produjeron ocho casamientos por fallos judiciales y han tenido una tremenda repercusión pública. El tema está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y hay un fallo inminente en el caso María Rachid-Claudia Castro, en el que se reclama su reconocimiento como matrimonio. Este es el tiempo y esta noche; si avanzamos con la sanción de este proyecto de ley, vamos a dar un paso muy importante no sólo en el derecho positivo argentino, no sólo en nuestro plexo jurídico, sino también hacia una mayor libertad, mayor igualdad, mayor justicia y mayor solidaridad en la República Argentina.
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