Señor presidente: creo que hemos llegado a un punto en el tratamiento de este proyecto –que brinda respuesta a 5 millones y medio de jubilados y a sus familias, que constituye el punto más lejano al que se ha llegado en el debate del 82 por ciento móvil. Por lo tanto, considero que estamos en presencia de la ley más importante de los últimos años en la República Argentina. No se si estamos ante un hecho histórico, porque éstos se constituyen y se valoran después, a través del tiempo. Transcurrido un tiempo se podrá saber si fue un hecho histórico o no; es muy difícil saberlo en este momento. Pero lo que efectivamente me consta, es que este proyecto de ley tiene un gran impacto social. No solamente se refiere a 5 millones y medio de jubilados, sino a sus familias. O sea, toca a casi 20.000.000 de personas, que hoy están pendientes de este proyecto de ley.
Esta es una realidad que tenemos que valorar desde esa perspectiva, porque si bien es muy difícil saber cuántos son los pobres en la República Argentina, porque los indicadores sociales hoy están muy cuestionados y se hacen distintas especulaciones, efectivamente sabemos que casi el 80 por ciento de los jubilados es pobre. Es decir, sabemos que 4.000.000 de jubilados son pobres. Por lo tanto, un proyecto de ley que aborda este problema y que avanza un paso al determinar que los 1.040 pesos actuales de haber mínimo serán llevados al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil de los trabajadores en actividad, constituye un hecho positivo. Porque importa llevar dicha jubilación a 1.470 pesos. Y cuando el salario mínimo, vital y móvil en enero aumente de acuerdo a lo pactado en el Consejo del Salario, dicha jubilación va a subir por encima a casi 1600 pesos.
Es decir, que estamos resolviendo un problema muy importante, que constituye el garantizar un piso de dignidad para los jubilados de la República Argentina. De tal modo, que esto no es poco. Por supuesto que no resuelve el problema del sistema previsional, pero establece un piso de dignidad para las jubiladas, para los jubilados y para los pensionados de la República Argentina. Por eso, quiero hacer un reconocimiento a los miles de jubilados que hoy ya no están, pero que mantuvieron esta lucha presente. Se equivoca de lectura quien afirma que este es un proyecto de la oposición. Yo soy autor de varios proyectos sobre este tema; incluso uno llegó a tener dictamen de comisión. He presentado otros años muchos proyectos como diputado nacional y también como senador de la Nación, pero todos pasaron al cajón del olvido, porque siempre se dijo lo mismo: tiene razón, pero “marche preso”. Tienen razón los jubilados en su reclamo; es justo. Hasta se dijo que lo que reclaman es un derecho constitucional, pero no se puede; no hay plata. De este modo, siempre se afirmó que no se puede llevar a la realidad, lo que expresa la norma constitucional.
Por eso, quiero efectuar este homenaje a los jubilados y sus organizaciones, que mantuvieron vivo el reclamo. Fueron 966 las marchas que se hicieron aquí a la vuelta del Congreso, en Rivadavia y Callao. Son 966 semanas, 241 meses y 20 años. Repito: hace 20 años que los jubilados vienen movilizándose con frío, con lluvia, en verano o en invierno, durante todos los miércoles, para que esta ley o una ley con estas características sea tratada. Por ello, vaya mi reconocimiento también a aquellas organizaciones sindicales que nunca hicieron cálculos y que siempre, coherentemente, llevaron adelante esta lucha, lo mismo que a los centros de jubilados de todo el país. Porque si esta noche tenemos ley del 82 por ciento móvil no será por un proyecto de la oposición, sino que será por ellos. Fueron millones de firmas recolectadas a lo largo y a lo ancho del país. Hemos visto las mesas que se ponían en los distintos lugares del país, donde los jubilados firmaban con una adhesión absoluta, muchas veces descreyendo que esto pudiera llegar a ser alguna vez verdad, después de tantos años y de tantos gobiernos que nunca les dieron respuesta.
Por ello, este no es hoy un problema entre el oficialismo y la oposición; este no es un problema de este gobierno, sino que estamos hablando de una ley que puede dar un importante paso adelante para empezar a discutir una política de Estado y llevar justicia social a quienes siempre se les ha negado. Yo no tengo ninguna duda en cuanto a que esto es un paso adelante. Por ello, precisamente, presenté hace ya un tiempo un proyecto que establece el 82 por ciento para la jubilación mínima.
Por otro lado, lo que se busca es dar respuesta a ese otro mecanismo perverso de decir “tienen razón” pero el camino que les queda es iniciar el juicio. Como consecuencia de ello se acumulan 400 mil juicios contra el ANSeS, que a través de un mecanismo perverso – me refiero al ANSeS de todos los tiempos y no sólo al de ahora – viene estableciendo una mecánica de chicaneo para demorar los juicios, sabiendo que se juega con el tiempo de quienes no tienen tiempo. Y eso golpea a cada uno de nosotros, porque seguramente tenemos a algún familiar que atraviesa esta situación; a lo mejor, nuestros padres. Porque esta es una situación que se extiende por toda la República Argentina. El problema de los jubilados es nacional.
Por supuesto que lo que estamos debatiendo en este proyecto se expresa también en números. ¿Cómo no se va a expresar en números? Pero en este tema siempre nos ha empujado más el testimonio de los propios jubilados que los fundamentos del derecho constitucional o los argumentos jurídicos o económicos que se han dado para avanzar en esta temática. Esos testimonios fueron recogidos en audiencias públicas a lo largo y a lo ancho del país. ¿Qué nos expresaron los jubilados? Algo que les da contundencia a su pedido: con palabras simples nos decían “vivan ustedes con 1.040 pesos unos meses y después conversamos”. Esto es lo contundente. Hoy estamos cumpliendo con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y estamos recogiendo lo mejor de nuestra tradición de justicia social. Por eso es importante este reconocimiento en este recinto, en este tiempo histórico que nos toca vivir. Este es el sistema, solidario, de reparto, de solidaridad intergeneracional. Esto nos mejora como sociedad. No como en los tiempos del neoliberalismo donde todo era la apuesta al mercado, donde lo económico regía el destino de la sociedad y donde no era sólo el mercado, sino que la economía del mercado se transformaba en sociedad del mercado, porque el trabajo era mercancía, la educación, era mercancía y la previsión social era mercancía que había que poner en la timba financiera a través de las AFJP.
Entonces, este es el punto que hoy estamos discutiendo y hoy vamos a dar un gran paso adelante si podemos sancionar este proyecto. Porque ello resuelve dos cosas; la primera es el piso de dignidad. ¿Por qué atar al 82 por ciento el mínimo, vital y móvil que fue una parte de debate importante en la Comisión de Trabajo? Por la sencilla y simple razón de que los jubilados no tienen quién los defienda. Y los sindicatos pueden hacer bien o mal su trabajo, pero saben que tienen que defender a sus bases y esa pelea en ese instituto que es el Consejo del Salario, que realiza la CTA y la Confederación General del Trabajo junto con los empresarios y con el Estado nacional a través del gobierno significa una evolución del mínimo, vital y móvil del trabajador en actividad. Y esto representa un piso importante –atarlo al 82 por ciento– para los sistemas previsionales al relacionarlos de manera automática con los aumentos de los trabajadores en actividad. Por eso hablamos de piso, por eso hablamos de la automaticidad del aumento de los trabajadores en actividad, porque son las dos cuestiones que la ley de movilidad no resolvió.
La Corte nos obligó a discutir una ley de movilidad; pero la cuestión no se terminó cuando vimos los 1.040 pesos. Porque cuando vemos que no se elevó ese piso a partir del cual aplicar la movilidad, es obvio que cuando se aplica un 10 por ciento en cien pesos, son diez pesos y lo que cuenta para el jubilado no es un 10 por ciento de aumento; son diez pesos en el bolsillo del jubilado. Por eso hay que aumentar el piso. Aunque reúnan adherentes en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y hablen de un 19 por ciento de aumento como un hecho espectacular, lo contundente son los 1.040 pesos. Este es el tema fundamental, porque los sindicatos son muy contundentes. Así, dicen que no negocian con los precios del INDEC sino con los de la góndola del supermercado, y en función de eso se sientan y discuten. Por eso hay que atar el haber mínimo y los aumentos a esa movilidad de los salarios.
Cuando se hace referencia al 82 por ciento, a pesar de que pareciera que todos hablamos de lo mismo, en realidad, hablamos de distintas cosas, de distinta materialización de ese 82 por ciento. Pero tenemos que coincidir en que no hay que explicarles a los jubilados qué queremos decir cuando nos referimos al 82 por ciento móvil, porque esto se ha establecido como una consigna, como una reivindicación. Y una consigna no se explica, no se fundamenta; se hace carne en la gente, y la gente sabe de qué se habla cuando se habla del 82 por ciento móvil. Porque el jubilado compara lo que hoy está percibiendo como haber jubilatorio con lo que percibe el trabajador en actividad, con el trabajador que está haciendo el trabajo que él hacía, y se da cuenta que ese trabajador en actividad gana cinco, seis o siete veces más. Por eso la consigna del 82 por ciento móvil se ha extendido y se ha tomado como una bandera que no hay que explicarla, que en sí lleva la reivindicación de mantener una proporcionalidad con el salario en actividad, como lo dice la Corte en su jurisprudencia. Lo expresa de manera clara y contundente y en relación con el derecho constitucional del artículo 14 bis, relativo a la movilidad. Entonces, de manera simple –no porque la haya hecho un creativo publicitario, no porque un pícaro de un partido de oposición se la adjudicó– esa consigna se encarna en las mayorías populares. Por eso se reclama a lo largo y ancho del país el 82 por ciento móvil.
Es importante hablar también con nuestros testimonios de lo que se logró en la provincia de Santa Fe cuando iniciamos el gobierno provincial. Me refiero a atar el aumento de los jubilados a cada aumento salarial de los trabajadores en actividad en base a un principio de automaticidad. No creo que sea imposible el 82 por ciento móvil. Quiero contar también que en la Municipalidad de Rosario desde hace varias décadas existe el 82 por ciento móvil, existe la automaticidad de los aumentos en jubilaciones cuando se dan aumentos a los trabajadores en actividad, en el mismo porcentaje. La Ciudad de Rosario es gobernada por nosotros, los socialistas, desde hace veinte años. Tuvimos tiempos difíciles, como los del país, de vacas muy flacas. Otras veces no tanto. Hubo crisis económicas muy fuertes. ¡Mire, presidente, si en los últimos años no hemos tenido crisis! Pero nunca se discutió el 82 por ciento móvil. ¿Sabe lo que se discutió, presidente? Se discutió cómo se hacía un esfuerzo mayor para poder seguir pagándolo. En Rosario funciona un instituto con un directorio integrado por representantes del Sindicato Municipal, del Centro de Jubilados Municipales y del Poder Ejecutivo municipal. Hubo momentos de debate muy fuertes sobre cómo se salía del déficit de la caja. Los trabajadores en actividad dijeron que iban a aportar un poco más y, por otro lado, el Poder Ejecutivo hizo su aporte. Entonces, en los momentos de vacas flacas, en los momentos de crisis se siguió pagando el 82 por ciento móvil a los jubilados municipales en la Ciudad de Rosario. Nunca se lo dejó de pagar. Sé que son dimensiones diferentes. Claro que lo son. Estamos hablando de un poco más de 9500 aportantes ante un universo de 5.500.000 jubilados del país. Pero también la dimensión de los recursos es diferente. Las posibilidades y las herramientas son diferentes.
Se trata de una decisión política, y como bien se dijo acá, de una política de Estado. Nosotros somos firmantes del dictamen en minoría en la Cámara de Diputados porque estábamos de acuerdo con la restitución de los aportes patronales de las grandes empresas a los niveles anteriores a los establecidos en los 90. Eso significaría un ingreso de 15.000 millones de pesos anuales más. Y cuando se empiezan a hacer cifras, advertimos que hoy estamos en un contexto económico favorable, que tiene dos aspectos. Uno de ellos es el contexto económico internacional en que todos los países de la región expresan hoy un crecimiento económico importante. Por eso es importante la democracia continuada; que los pueblos puedan expresar la voluntad popular en la democracia continuada. Entonces, hay crecimiento económico sostenido. Por eso se habla de políticas sociales de la región. Y por eso es importante hablar de políticas sociales en la Argentina, porque en ese contexto estamos dando este debate. En ese contexto no se puede decir “no se puede”. Porque yo les hago la pregunta inversa: cuando nos hablan de las pocas alternativas o propuestas que hace la oposición le quiero preguntar al gobierno cuál es la propuesta superadora que está haciendo en este tema, y la respuesta es “Quédense con los 1.040. No se puede.” Esa es la respuesta. Hablan de demagogos e irresponsables. Les están diciendo demagogos e irresponsables a los jubilados. ¿No se dan cuenta?
¿No se dan cuenta que ese terrorismo verbal que se hizo durante todo este tiempo no funciona, que no se lo creen? Porque en el mismo momento que se dice que esta medida tiene un costo de 40 mil millones de pesos desde el gobierno se publicita que sólo este año va a haber un excedente de recaudación de 42 mil millones de pesos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Un día dicen que se va a pagar al Club de París de un saque; se hizo un anuncio sobre eso. Se pagó de un saque, como decisión política que no comparto pero que otros comparten, deuda al Fondo Monetario Internacional por 10 mil millones de dólares, que son 40 mil millones de pesos; la misma cifra. Entonces, ¿es una cifra tan terrible para discutir? Discutámosla en partes. Como se dijo acá, nadie quiere terminar con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, salvo que entendamos cosas que no se dijeron. Está bien que haya un fondo de garantía de sustentabilidad, pero ese fondo tiene una rentabilidad anual. ¿Qué se hace con esa rentabilidad? Porque es una rentabilidad millonaria. Estamos con una ANSeS que tiene superávit, pero tiene superávit porque se pagan jubilaciones bajas. Y sí, es un sistema asistido, pagamos todos los argentinos; una parte los trabajadores en actividad. Esa lógica que docentemente explicaba el senador Martínez de cómo funciona un sistema de reparto no alcanza. Ese dinero que el trabajador saca de su bolsillo y lo pone para que vaya al bolsillo del jubilado hoy. Y esa característica de la solidaridad intergeneracional hace cobrar más importancia todavía que ese dinero que entra a la ANSeS no se debe tocar para otros fines, porque es plata del jubilado que debe ir a su bolsillo hoy. Esa es la solidaridad intergeneracional. Así funciona el sistema de reparto. Prioritariamente ese dinero tiene que ser para pagar jubilaciones.
Estamos además en un momento en el que aparecen recursos de la propia ANSeS, superavitaria, tal como se expresa en el proyecto en tratamiento. Y, como analizaba el gobierno en relación al círculo virtuoso de la asignación por hijo, se generaría un recupero por IVA de 5.600 millones de pesos, los cuales volverían al Estado en materia de IVA por la aplicación de un aumento de estas características a los jubilados. Eso pone además en evidencia otra deuda pendiente de este Congreso, y en la que seguiremos insistiendo: cambiar este perverso, retrógrado y anacrónico sistema tributario de la República Argentina, porque son los más pobres los que más pagan, y los que más tienen y más ganan son los que proporcionalmente menos pagan. Si tomamos por deciles de pobreza vamos a ver en la recaudación que el impuesto que más recauda es el IVA y que el 70 por ciento de los que aportan al IVA son los más pobres. Ese 21 por ciento es el pilar de la recaudación en la República Argentina. Entonces se puede, señor presidente: se puede. ¡Claro que se puede! Con decisión política, se puede.
Y se podría hacer con toda la voluntad de discutir este sistema junto con un sistema tributario más progresivo, porque existe una vinculación entre ellos. Por ello, soy autor de un proyecto de ley que grava la renta financiera, porque no hay explicación posible para que a los sectores populares se les cobre el 21 por ciento por todo lo que consumen o de lo que recaudan por una changa o por trabajo, y al que especula en la Bolsa no se le cobra absolutamente un peso de impuestos.
En consecuencia, creo que debemos dar un paso adelante. Y este paso adelante significa sacar a los jubilados de la pobreza, darles un piso de dignidad, porque una parte de sentido común de la mecánica perversa de los juicios es aplicar la escala de Badaro a las restantes jubilaciones. Por nuestro sistema institucional, sabemos que un fallo de la Corte es definitivo. ¿Cómo sigue la película de los cuatrocientos mil juicios? Sabemos que por cada juicio que paga la ANSeS, por más que demore, le entran diez juicios más. Por eso, hay un Badaro I, un Badaro II y después habrá probablemente un “Badaro” III, IV, V hasta el infinito. Por lo tanto, este proyecto de ley da una respuesta en ese sentido y considero que es positiva. Por eso, acompaño esta propuesta siendo autor de varios proyectos en la misma dirección y consciente de que debemos discutir el sistema previsional en profundidad.
Siempre se discute cómo incluimos a ese diez o doce por ciento de excluidos que, por supuesto, trabajaron toda su vida y no tienen ningún tipo de percepción a esta altura, de quienes quedan a mitad de camino. En el caso de Francia, el hecho de aumentar la edad jubilatoria de 60 a 62 años ha producido movilizaciones que prácticamente ocasionaron el parate del país, y no se sabe cómo sigue la cosa. Sin duda, la discusión de los sistemas previsionales en Europa ha determinado que se ganen o se pierdan elecciones. Por supuesto, cuando aplican la política de ajuste, siempre pierden las elecciones, porque la gente defiende sus derechos, es decir, que no se corte siempre el hilo por lo más delgado. En ese sentido, la exigencia de nuestro sistema jubilatorio es durísima, porque requiere juntar treinta años de aportes para jubilarse a los 65 años de edad. Ahora bien, yo pregunto: en el horizonte de un mercado laboral donde el 50 por ciento del trabajo es en negro –a pesar de todo lo que se ha avanzado–, salvo los trabajadores del Estado, que tienen estabilidad: ¿qué porcentaje juntan los trabajadores en la actividad privada en sus treinta años de aportes? Vemos que la economía crece y el mayor porcentaje de trabajo que se genera es en negro. Es decir, ¡cómo cuesta el trabajo decente planteado por la OIT! ¡Cómo cuesta el trabajo en blanco! Esos son los temas pendientes.
Para finalizar, quiero decir que estoy absolutamente convencido de que un sistema previsional de reparto, solidario, no es sustentable en el tiempo pagando jubilaciones bajas. La sustentabilidad en el tiempo del sistema de reparto sólo se da combatiendo el trabajo en negro y mejorando la relación trabajadores activos con pasivos, que hoy está en una relación de 1,6 o 1,7 a 1. Esa es la manera de generar un piso de inclusión hacia los que hoy están afuera absolutamente de todo, como nuestros abuelos que no tienen absolutamente nada. Esta es la forma de completar un sistema previsional donde se haga justicia con quienes trabajaron toda su vida e hicieron sus aportes; de garantizar un piso de dignidad y de inclusión; en definitiva, para que con esta ley, esta noche, no solamente le demos dignidad a los cinco millones y medio de jubilados y a sus familias sino que, sin ningún lugar a dudas, esta noche vamos a tener un país más digno.
Muchas gracias
