PRESUPUESTO 2011: LA PÉRDIDA DE UNA OPORTUNIDAD PARA MEJORAR LA INSTITUCIONALIDAD

SUBESTIMACIÓN DE RECURSOS y DISCRECIONALIDAD EN EL GASTO SIGUE SIENDO LA CONSTANTE DESDE 2004

La ley de Presupuesto es un instrumento de gobierno sumamente importante que determina no sólo la orientación de la política del gobierno, sino que además implica una fuerte señal a los sectores productivos del país del rumbo que se proyecta.


La negativa al debate que signifique cualquier modificación del proyecto de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) significa nuevamente la pérdida de la oportunidad de llegar a un proyecto de país basado en el consenso y los acuerdos necesarios.


La confección del presupuesto por parte del PEN es el instrumento para implementar sus políticas económicas, pero eso no quiere decir que el Congreso en materia presupuestaria se deba limitar a aprobar o autorizar lo que propone el PEN. El congreso recibe un proyecto de presupuesto y lo acepta modifica, o lo rechaza en todo o en parte, sin restricción alguna. No es, como propone el oficialismo en la Cámara de Diputados, un acto administrativo.

SUBESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS


El Poder Ejecutivo subestima los recursos a fin de obtener excedentes presupuestarios sin asignación específica que luego utiliza el PEN en forma discrecional mediante ampliaciones del presupuesto a través de Decretos de Necesidad y Urgencia. En el presupuesto 2011 se calculan ingresos por $492.178,6 millones tomando un nivel de actividad económica y una inflación claramente por debajo de la realidad. Esta subestimación de recursos evita debate legislativo sobre el destino de los fondos públicos, e incrementa la discrecionalidad en el manejo de una cuantiosa cantidad de recursos públicos.


Se trata en la práctica de un presupuesto paralelo que para el año 2009 fue reformado por medio de disposiciones administrativas de la Jefatura de Gabinete o por DNU en más de 150 oportunidades lo que culminó representando un aumento total del presupuesto por la suma de $ 30.000 millones.


El Partido Socialista ha sostenido siempre que esta práctica atenta contra la transparencia en el manejo de los recursos y hemos votado contrariamente a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo cuente con estas facultades.

DISCRECIONALIDAD EN EL GASTO


La derogación de estas facultades excepcionales implica una inconstitucional delegación legislativa que transfiere facultades en favor de un funcionario no electo por el voto popular que es designado y removido a voluntad por el Presidente.


Esta práctica generalizada desde 2004, pretende convertir el debate y la aprobación del Presupuesto en el Congreso en una mera formalidad, pues el Poder Ejecutivo está dotado de amplias facultades para reestructurarlo.


En nuestro país, la función legislativa en materia presupuestaria consiste en fijar anualmente el presupuesto, sin embargo desde entonces, existe un Presupuesto Paralelo real e inconstitucional y un Presupuesto Legislado formalmente. Es de su competencia exclusiva tomar la decisión en aspectos sustanciales no debemos permitir que se aparte de la sanción legislativa si se pretende mejorar la calidad institucional

LA CUESTION TRIBUTARIA


El presupuesto sigue manteniendo el esquema regresivo que el poder ejecutivo propone desde 2004. Al un aumento de la presión tributaria (que alcanzaría un nuevo récord del 30,42% del PIB) se suma la composición de los recursos que no prevé cambios importantes en materia fiscal, recayendo la presión fiscal sobre los gravámenes al consumo. Mientras el IVA aportará 28% de la recaudación y el impuesto a los débitos y créditos bancarios el 6%, el impuesto a las ganancias sólo alcanza al 18%. El presupuesto mantiene privilegios fiscales a sectores importantes de la economía que no estarán alcanzados por impuestos por un total de $34.016,2 que se dejarán de recaudar por las exenciones vigentes. Este importe constituye el 6,9% de la recaudación total.

FEDERALISMO FISCAL


Con respecto a las provincias, se continúa acrecentando la concentración económica a nivel nacional, con el consiguiente empobrecimiento de las provincias, a las que ni siquiera se les garantiza el 34% establecido en la ley de coparticipación. Del total de recursos el sector público Nacional se quedará con el 74,1%, quedando en manos de las provincias y de CABA el 25,9%. Se persiste en sostener un gran CENTRALISMO FISCAL, en detrimento de nuestro sistema Federal de Estado. Al consolidarse este esquema de reparto, el total de recursos que resignarán las provincias asciende a $ 55.244 millones.


El proyecto de presupuesto para el año 2011 no se ha trazado un claro rumbo hacia la reducción de la pobreza, el desempleo y la precariedad laboral. Tampoco se prioriza saldar la profunda deuda social que tenemos con los sectores más vulnerables, disponiéndose en mayor proporción partidas para el pago de deuda con los acreedores externos que con los sectores más relegados de nuestro país. El proyecto carece de un de las medidas económicas necesarias para la construcción de una nación con mayor justicia social, en donde los que menos tienen no sean los que más pagan, sino todo lo contrario.