NOTICIAS: Diario Hoy de La Plata
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Politica Internas en el Partido Socialista
Insólita disputa por un histórico edificio platense
La Casa del Pueblo representa un ícono de la cultura de la ciudad, que supo albergar a importantes personajes de la política y el arte de la región
El Partido Socialista (PS) de la ciudad denunció que el centro político cultural Casa del Pueblo fue usurpado por una agrupación alineada con el Gobierno, que se hizo del lugar mediante la utilización de la fuerza. “La Justicia debe identificar a las personas que ilegalmente hacen uso de nuestro histórico local partidario y desalojarlos, para restituirlo a sus legítimas autoridades”, aseguraron desde el PS local.
El trasfondo de la cuestión responde a una fractura interna de la organización a nivel nacional, donde el sector que responde a Ariel Basteiro se acopló a las filas del kirchnerismo, mientras que el sector que responde al santafesino Hermes Binner se posicionó en la vereda de enfrente.
El PS funciona en dicha dependencia desde 1936, y representa un patrimonio histórico cultural, que ha albergado las principales expresiones artístico culturales de la ciudad. “Nos cerraron en la dictadura y lo hacen ahora en democracia”, indicó a Hoy el secretario general del PS de la ciudad, Roberto Simiand, que además corroboró que existen “al menos” dos denuncias penales por la usurpación. Una de ellas fue realizada por el cuidador que se encontraba en el lugar, que acusó a los “usurpadores” de haberlo golpeado y de llevarse parte de sus pertenencias. “La Casa fue ocupada por matones a la fuerza, que echaron a la calle a la persona que cuidaba el local partidario. Haciendo uso de prácticas punteriles, movieron en dos o tres colectivos a familias, mujeres y niños, que como escudo humano permanecieron apenas unas horas en el salón”, denuncian desde el PS local.
La denuncia realizada por Simiand se da en el marco de la visita de Basteiro a la ciudad, donde el lunes pasado encabezó la reinauguración de la Casa, junto a la presentación de una nueva agrupación filokirchnerista llamada Alternativa Socialista. Del acto participaron referentes del kirchnerismo local, como el senador provincial Guido Carlotto y el director del Instituto Nacional de Capacitación Política, Guillermo Justo Chaves, entre otros. “Lo que termina pasando es que Basteiro pierde las elecciones en La Plata, y se queda de manera ilegal con el lugar”, afirmó Simiand. Adrián Vitale y Ramiro Benavente son los políticos apadrinados por Basteiro para hacerse cargo del lugar y la dirección del nuevo espacio político.
Lo extraño de la situación es que las denuncias y el conflicto tuvieron lugar hace tres meses, y hasta el día de hoy no existe fallo judicial ni pronunciamiento político de ningún tipo, en lo que respecta a uno de los hitos de la cultura platense. “Las autoridades municipales, provinciales y nacionales no pueden permitir que se usurpe un lugar que pertenece al Partido Socialista históricamente”, concluyó Simiand
miércoles, 8 de diciembre de 2010
domingo, 5 de diciembre de 2010
Acto socialista en La Plata
Comunicado de Prensa
La Plata, 4 de diciembre de 21010
LOS SOCIALISTAS DE LA PLATA POR UN FRENTE PROGRESISTA
200 personas en el almuerzo socialista
En un almuerzo con 200 comensales realizado en el Club Libertad el Partido Socialista de La Plata fijó como prioridad de cara al 2011 la conformación de un Frente Progresista en la ciudad que termine con la hegemonía de las distintas variantes justicialistas que gobiernan la ciudad desde 1991.
Estuvieron presentes en el acto los diputados nacionales Ricardo Cuccovillo del Partido Socialista y Graciela Iturraspe de Unidad Popular; el senador provincial Luis Malagamba del GEN, los que se dirigieron a la concurrencia. Además estuvieron presentes el concejal Gastón Crespo Gen La Plata y el secretario general de Asociación del Personal Legislativo Juan Cocino. Asimismo la diputada nacional Margarita Stolbitzer envió una nota de adhesión donde se excusaba por no poder participar del evento.
En un clima de confraternidad los socialistas platenses en la persona de su Secretario General Roberto Simiand expresaron la voluntad “ de conformar un Frente Progresista que termine con casi 24 años de gobierno justicialista en la provincia. Los socialistas sabemos que para ganar la presidencia en 2011 es necesario contar con una candidato con capacidad de gestión y comprometidos con el cambio y con una fuerza capaz de llevar la propuesta adelante. Es por ello que creemos que Hermes Binner debe encabezar la formula de Frente Progresista y para lo cual comprometemos nuestro esfuerzo militante.”
El diputado Ricardo Cuccovillo expresó que “Con mucho trabajo, con mucho diálogo abonamos el entendimiento entre muchos sectores políticos y sociales, que siempre hemos trabajado objetivos comunes. Nuestro es desafío sacar a los argentinos de la incertidumbre de la pobreza, de la desigualdad, de la inseguridad. Argentina se lo merece. Los ciudadanos debemos estar seguros que nuestros hijos van a tener educación y salud, que podrán acceder a una vivienda. Lo podemos hacer”
Agradecemos su difusión
miércoles, 1 de diciembre de 2010
Almuerzo Socialista el 4 de Diciembre
Comunicado de Prensa
ALMUERZO SOCIALISTA: HACIA UN FRENTE PROGRESISTA
Hablan los Diputados Nacionales Stolbitzer, Cuccovillo e Iturraspe
Con la presencia de los diputados nacionales Ricardo CUCCOVILLO – PS, Margarita STOLBITZER – GEN y Graciela ITURRASPE – Unión Popular, los socialistas platenses culminan el 2010 en plena construcción de una alternativa de gobierno al actual oficialismo.
Con el lema ”Hacia un Frente Progresista” los socialistas han intensificado los contactos con fuerzas políticas afines para conformar un frente en la elecciones de 2011 a nivel nacional, provincial y local.
El Secretario General del Socialismo Platense Lic. Roberto Simiand expresó que “el socialismo vive su mejor momento gobernando la provincia de Santa Fe, grandes municipios como Rosario y con represtación legislativa en ambas cámaras de Congreso Nacional y legislaturas provinciales. Los buenos resultados donde nos toca gobernar ponen al socialismo como una opción cierta de gobierno”
Actividades como ésta se multiplicarán de cara a 2011 junto a los amigos de otras fuerzas políticas, lo que pone de manifiesto la firme vocación de construir una opción de gobierno que termine con los ya casi 24 años de gobierno justicialista en la provincia y otros tantos en La Plata.
Para ganar las elecciones presidenciales el aporte de la provincia de Buenos Aires es determinante y es por ello que convocamos a todos aquellos que como nosotros creen en la necesidad de más igualdad, más solidaridad y más democracia a sumarse esta campaña para que Hermes Binner se el próximo presidente de Argentina, concluyó Simiand
lunes, 15 de noviembre de 2010
PRESUPUESTO 2011: LA PÉRDIDA DE UNA OPORTUNIDAD PARA MEJORAR LA INSTITUCIONALIDAD
SUBESTIMACIÓN DE RECURSOS y DISCRECIONALIDAD EN EL GASTO SIGUE SIENDO LA CONSTANTE DESDE 2004
La ley de Presupuesto es un instrumento de gobierno sumamente importante que determina no sólo la orientación de la política del gobierno, sino que además implica una fuerte señal a los sectores productivos del país del rumbo que se proyecta.
La negativa al debate que signifique cualquier modificación del proyecto de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) significa nuevamente la pérdida de la oportunidad de llegar a un proyecto de país basado en el consenso y los acuerdos necesarios.
La confección del presupuesto por parte del PEN es el instrumento para implementar sus políticas económicas, pero eso no quiere decir que el Congreso en materia presupuestaria se deba limitar a aprobar o autorizar lo que propone el PEN. El congreso recibe un proyecto de presupuesto y lo acepta modifica, o lo rechaza en todo o en parte, sin restricción alguna. No es, como propone el oficialismo en la Cámara de Diputados, un acto administrativo.
SUBESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS
El Poder Ejecutivo subestima los recursos a fin de obtener excedentes presupuestarios sin asignación específica que luego utiliza el PEN en forma discrecional mediante ampliaciones del presupuesto a través de Decretos de Necesidad y Urgencia. En el presupuesto 2011 se calculan ingresos por $492.178,6 millones tomando un nivel de actividad económica y una inflación claramente por debajo de la realidad. Esta subestimación de recursos evita debate legislativo sobre el destino de los fondos públicos, e incrementa la discrecionalidad en el manejo de una cuantiosa cantidad de recursos públicos.
Se trata en la práctica de un presupuesto paralelo que para el año 2009 fue reformado por medio de disposiciones administrativas de la Jefatura de Gabinete o por DNU en más de 150 oportunidades lo que culminó representando un aumento total del presupuesto por la suma de $ 30.000 millones.
El Partido Socialista ha sostenido siempre que esta práctica atenta contra la transparencia en el manejo de los recursos y hemos votado contrariamente a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo cuente con estas facultades.
DISCRECIONALIDAD EN EL GASTO
La derogación de estas facultades excepcionales implica una inconstitucional delegación legislativa que transfiere facultades en favor de un funcionario no electo por el voto popular que es designado y removido a voluntad por el Presidente.
Esta práctica generalizada desde 2004, pretende convertir el debate y la aprobación del Presupuesto en el Congreso en una mera formalidad, pues el Poder Ejecutivo está dotado de amplias facultades para reestructurarlo.
En nuestro país, la función legislativa en materia presupuestaria consiste en fijar anualmente el presupuesto, sin embargo desde entonces, existe un Presupuesto Paralelo real e inconstitucional y un Presupuesto Legislado formalmente. Es de su competencia exclusiva tomar la decisión en aspectos sustanciales no debemos permitir que se aparte de la sanción legislativa si se pretende mejorar la calidad institucional
LA CUESTION TRIBUTARIA
El presupuesto sigue manteniendo el esquema regresivo que el poder ejecutivo propone desde 2004. Al un aumento de la presión tributaria (que alcanzaría un nuevo récord del 30,42% del PIB) se suma la composición de los recursos que no prevé cambios importantes en materia fiscal, recayendo la presión fiscal sobre los gravámenes al consumo. Mientras el IVA aportará 28% de la recaudación y el impuesto a los débitos y créditos bancarios el 6%, el impuesto a las ganancias sólo alcanza al 18%. El presupuesto mantiene privilegios fiscales a sectores importantes de la economía que no estarán alcanzados por impuestos por un total de $34.016,2 que se dejarán de recaudar por las exenciones vigentes. Este importe constituye el 6,9% de la recaudación total.
FEDERALISMO FISCAL
Con respecto a las provincias, se continúa acrecentando la concentración económica a nivel nacional, con el consiguiente empobrecimiento de las provincias, a las que ni siquiera se les garantiza el 34% establecido en la ley de coparticipación. Del total de recursos el sector público Nacional se quedará con el 74,1%, quedando en manos de las provincias y de CABA el 25,9%. Se persiste en sostener un gran CENTRALISMO FISCAL, en detrimento de nuestro sistema Federal de Estado. Al consolidarse este esquema de reparto, el total de recursos que resignarán las provincias asciende a $ 55.244 millones.
El proyecto de presupuesto para el año 2011 no se ha trazado un claro rumbo hacia la reducción de la pobreza, el desempleo y la precariedad laboral. Tampoco se prioriza saldar la profunda deuda social que tenemos con los sectores más vulnerables, disponiéndose en mayor proporción partidas para el pago de deuda con los acreedores externos que con los sectores más relegados de nuestro país. El proyecto carece de un de las medidas económicas necesarias para la construcción de una nación con mayor justicia social, en donde los que menos tienen no sean los que más pagan, sino todo lo contrario.
domingo, 31 de octubre de 2010
DECLARACION DE ZARATE
DECLARACIÓN POLITICA JUNTA PROVINCIAL
DECLARACION DE ZARATE
Zárate, 23 de octubre de 2010
El Partido Socialista de la Provincia de Buenos Aires repudia enérgicamente el asesinato del joven militante Mariano Ferreyra y reclama a las autoridades judiciales el pronto esclarecimiento del hecho delictivo y de los autores intelectuales y materiales de lo ocurrido en las vías del Ferrocarril Roca.
El gobierno nacional y la burocracia sindical son los principales responsables políticos de los hechos violentos ocurridos el miércoles 20 de Octubre. Desde hace tiempo se ha instalado un clima de confrontación e intolerancia en nuestro país, al que contribuyen varios actores dentro de los cuales el gobierno nacional es el mayor responsable. El anacronismo de un status sindical para algunos trabajadores, por lo general amigos del oficialismo; y la existencia de trabajadores que tienen que llevar adelante sus reclamos en organizaciones a las que este gobierno le niega el reconocimiento es inaceptable. Tales los casos de CTA, subterráneos, Kraft, los de ferrocarriles y tantos otros más. El Partido Socialista reclama que el gobierno garantice los derechos de los trabajadores y reconozca en pie de igualdad a todas sus organizaciones como ya lo expresara en su documento “Diez Puntos Programáticos” elaborado por el Comité Nacional.
Proponemos trabajar firmemente en lograr la garantía de un salario básico digno acorde con las necesidades de los trabajadores y sus familias.
Para que este salario sea digno debemos instalar cláusulas legales de ajuste que impidan su deterioro al aumentar el nivel de precios.
Aquellos que detentan los medios de producción deben entender que para ganar más deberán ser más eficientes, incrementando su productividad y no usando la inflación para disminuir el valor real de los salarios.
El proyecto socialista establece límites a las jubilaciones más altas, que se cobren nuevamente las contribuciones patronales a las grandes empresas que fueron quitadas por otro gobierno del mismo signo político que éste. Es imprescindible una consulta popular para que la sociedad se expida a favor o en contra del 82% móvil para los haberes jubilatorios.
El Socialismo es una opción de gobierno y no una mera oposición, y es por ello que votó a favor leyes como la que se puso fin a las AFJP, la de medios de prensa y muchas más, aunque todo hacía presumir que este tipo de gobierno usaría los fondos del Anses para extorsionar a nuestro sistema democrático, o la ley de medios para cambiar unos monopolios de medios adictos a una empresa, por otros que hacen propaganda para el gobierno.
Bajo la fachada de enfrentar a los sectores de poder, lo que se esta armando es un capitalismo de amigos. Con sus potentes medios de propaganda se enfrentan a otros intereses que durante años fueron sus socios. En esta historia no hay buenos, mientras se enfrentan los sectores de poder el pueblo está al margen. Haciendo una adaptación libre de la frase de Mariano Moreno esta nueva “ilusión sucederá a las antiguas y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte, mudar de tiranos, sin destruir la tiranía”. Hoy, podemos decir que vivimos en una ilusión que desembocará en una nueva frustración para las mayorías de nuestra población, llevándonos a un nuevo debilitamiento del sistema democrático. Lo importante es salir del tiempo de la degradación, evitar el tiempo del odio, iniciar el tiempo de la solidaridad.-
Este cambio que proponemos desde el socialismo va enmarcado, además, en una justa distribución presupuestaria entre el gobierno nacional y los estados federales. Las actuales condiciones internacionales permiten imaginar un futuro venturoso, si es que sabemos aprovechar la oportunidad que se nos presenta. La formulación de un Estado moderno debe partir de una clara asignación de funciones y responsabilidades de gastos entre los niveles de gobierno; y una asignación de potestades que permitan la obtención de los recursos necesarios.
JUNTA PROVINCIAL DEL PARTIDO SOCIALISTA
RICARDO CUCCOVILLO
Secretario General
Partido Socialista Prov. de BS. AS.
jueves, 28 de octubre de 2010
Ante el Fallecimiento del Dr Kirchner
El Partido Socialista de La Plata expresa su más profundo pesar por el fallecimiento del ex presidente de la República Argentina Dr. Néstor Kirchner, y acompañamos a la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, y a sus hijos en este momento de irreparable dolor.
Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso y disponiblidad permanente para seguir trabajando en la consolidación de las instituciones de la República.
Roberto Simiand
Secretario General del
Partido Socialista de
La Plata
Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso y disponiblidad permanente para seguir trabajando en la consolidación de las instituciones de la República.
Roberto Simiand
Secretario General del
Partido Socialista de
La Plata
martes, 26 de octubre de 2010
Experiencias y desafíos de la izquierda democrática
El Partido Socialista de La Plata invita a concurrir a la conferencia "Experiencias y desafíos de la izquierda democrática" hoy 26 de Octubre de 2010 a partir de las 17,30hs en la sede del CEMUPRO la ciudad de Buenos Aires, Esmeralda 288 4º Piso. La misma podrá seguirse en la página web www.cemupro.com.ar
Lic Roberto Simiand
Secretario General del
Partido Socialista de La Plata
Tel 15 624 5727
email: rjsimiand@yahoo.com.ar
lunes, 25 de octubre de 2010
viernes, 22 de octubre de 2010
Repudio por muerte del joven Mariano Ferreyra
El Partido Socialista de la Provincia de Buenos Aires repudia enérgicamente el asesinato del joven militante Mariano Ferreyra y reclama a las autoridades judiciales el pronto esclarecimiento del hecho delictivo y de los autores intelectuales y materiales de lo ocurrido en las vías del Ferrocarril Roca.
El gobierno nacional y la burocracia sindical son los principales responsables políticos de los hechos violentos ocurridos el miércoles 20 de Octubre. Desde hace tiempo se ha instalado un clima de confrontación e intolerancia en nuestro país, al que contribuyen varios actores dentro de los cuales el gobierno nacional es el mayor responsable. El anacronismo de un status sindical para algunos trabajadores, por lo general amigos del oficialismo; y la existencia de trabajadores que tienen que llevar adelante sus reclamos en organizaciones a las que este gobierno le niega el reconocimiento es inaceptable. Tales los casos de CTA, subterráneos, Kraft, los de ferrocarriles y tantos otros más. El Partido Socialista reclama que el gobierno garantice los derechos de los trabajadores y reconozca en pie de igualdad a todas sus organizaciones. El modelo sindical imperante en la República debe ser objeto de una rediscusión que impida que los dueños de las empresas sean a su vez representantes de los trabajadores.
El gobierno nacional y la burocracia sindical son los principales responsables políticos de los hechos violentos ocurridos el miércoles 20 de Octubre. Desde hace tiempo se ha instalado un clima de confrontación e intolerancia en nuestro país, al que contribuyen varios actores dentro de los cuales el gobierno nacional es el mayor responsable. El anacronismo de un status sindical para algunos trabajadores, por lo general amigos del oficialismo; y la existencia de trabajadores que tienen que llevar adelante sus reclamos en organizaciones a las que este gobierno le niega el reconocimiento es inaceptable. Tales los casos de CTA, subterráneos, Kraft, los de ferrocarriles y tantos otros más. El Partido Socialista reclama que el gobierno garantice los derechos de los trabajadores y reconozca en pie de igualdad a todas sus organizaciones. El modelo sindical imperante en la República debe ser objeto de una rediscusión que impida que los dueños de las empresas sean a su vez representantes de los trabajadores.
miércoles, 20 de octubre de 2010
EL SOCIALISMO IMPULSA UNA CONSULTA POPULAR VINCULANTE SOBRE EL 82% MÓVIL
Los bloques legislativos del Partido Socialista presentaron hoy en conferencia de prensa un proyecto de ley convocando a una consulta popular vinculante, “a fin de que el pueblo de la Nación se pronuncie respecto al proyecto de establecimiento de los haberes mínimos al 82% móvil del Salario Mínimo Vital y Móvil, y la recomposición de haberes”, estableciéndose además en la iniciativa la forma de financiamiento del incremento. En caso de aprobarse este proyecto la consulta popular tendrá lugar el último domingo del mes subsiguiente al de la sanción de la presente ley.
Los bloques encabezados por el senador Rubén Giustiniani y la diputada Mónica Fein destacaron que “el debate sobre el sistema previsional argentino, y la fijación de las prioridades para la utilización y el destino de los fondos del mismo, es una de las cuestiones pendientes. Por eso entendemos que la convocatoria a una consulta popular puede contribuir a situar el debate en su verdadera dimensión”.
Giustiniani afirmó que “en caso de aprobarse la ley no podrá ser vetada por el Ejecutivo, sino que va a ser la ciudadanía en las urnas la que va a decir si está de acuerdo o en desacuerdo con la aplicación del 82% del Mínimo, Vital y Movil, y con la adecuación de las restantes jubilaciones a la escala Badaro, proponiendo además un financiamiento que incluye el reintegro de las contribuciones patronales de las grandes empresas”.
La diputada Fein resaltó que “para poder superar esta verdadera contradicción que se genera al tener una Anses rica y jubilados pobres, contamos con fondos propios del sistema previsional y fondos del superavitario presupuesto nacional, fuentes de financiamiento ya existentes y otras fuentes que pueden crearse a tal efecto como las planteadas en este proyecto y en otros proyectos presentados por los bloques parlamentarios del PS, y que no sólo haría posible cumplir con lo proyectado sino que lo tornaría sostenible en el tiempo”. Allí, Fein señaló que “sólo con la restitución de los aportes patronales para las grandes empresas a los niveles anteriores a 1993, podrían recaudarse –siempre en base a los números del último presupuesto- aproximadamente 19.000 millones de pesos con destino al sistema de seguridad social.”.
El senador santafesino concluyó afirmando que “es un proyecto totalmente viable, sería la primera vez desde el año 1994 que se aplica la consulta popular y nos parece un debate importante, planteado como una política de Estado, estableciendo que no puede haber jubilados pobres en la Argentina ”.
En la conferencia de prensa realizada en el edificio anexo de la Cámara de Diputados estuvieron presentes además los diputados nacionales Socialistas Lisandro Viale, Alicia Ciciliani y Miguel Barrios, el secretario general del PS, Carlos Roberto, y el legislador porteño Julián D’Àngelo
Buenos Aires, 19 de octubre de 2010 .
Los bloques encabezados por el senador Rubén Giustiniani y la diputada Mónica Fein destacaron que “el debate sobre el sistema previsional argentino, y la fijación de las prioridades para la utilización y el destino de los fondos del mismo, es una de las cuestiones pendientes. Por eso entendemos que la convocatoria a una consulta popular puede contribuir a situar el debate en su verdadera dimensión”.
Giustiniani afirmó que “en caso de aprobarse la ley no podrá ser vetada por el Ejecutivo, sino que va a ser la ciudadanía en las urnas la que va a decir si está de acuerdo o en desacuerdo con la aplicación del 82% del Mínimo, Vital y Movil, y con la adecuación de las restantes jubilaciones a la escala Badaro, proponiendo además un financiamiento que incluye el reintegro de las contribuciones patronales de las grandes empresas”.
La diputada Fein resaltó que “para poder superar esta verdadera contradicción que se genera al tener una Anses rica y jubilados pobres, contamos con fondos propios del sistema previsional y fondos del superavitario presupuesto nacional, fuentes de financiamiento ya existentes y otras fuentes que pueden crearse a tal efecto como las planteadas en este proyecto y en otros proyectos presentados por los bloques parlamentarios del PS, y que no sólo haría posible cumplir con lo proyectado sino que lo tornaría sostenible en el tiempo”. Allí, Fein señaló que “sólo con la restitución de los aportes patronales para las grandes empresas a los niveles anteriores a 1993, podrían recaudarse –siempre en base a los números del último presupuesto- aproximadamente 19.000 millones de pesos con destino al sistema de seguridad social.”.
El senador santafesino concluyó afirmando que “es un proyecto totalmente viable, sería la primera vez desde el año 1994 que se aplica la consulta popular y nos parece un debate importante, planteado como una política de Estado, estableciendo que no puede haber jubilados pobres en la Argentina ”.
En la conferencia de prensa realizada en el edificio anexo de la Cámara de Diputados estuvieron presentes además los diputados nacionales Socialistas Lisandro Viale, Alicia Ciciliani y Miguel Barrios, el secretario general del PS, Carlos Roberto, y el legislador porteño Julián D’Àngelo
Buenos Aires, 19 de octubre de 2010 .
jueves, 14 de octubre de 2010
Tratamiento de la Ley del 82% móvil
Señor presidente: creo que hemos llegado a un punto en el tratamiento de este proyecto –que brinda respuesta a 5 millones y medio de jubilados y a sus familias, que constituye el punto más lejano al que se ha llegado en el debate del 82 por ciento móvil. Por lo tanto, considero que estamos en presencia de la ley más importante de los últimos años en la República Argentina. No se si estamos ante un hecho histórico, porque éstos se constituyen y se valoran después, a través del tiempo. Transcurrido un tiempo se podrá saber si fue un hecho histórico o no; es muy difícil saberlo en este momento. Pero lo que efectivamente me consta, es que este proyecto de ley tiene un gran impacto social. No solamente se refiere a 5 millones y medio de jubilados, sino a sus familias. O sea, toca a casi 20.000.000 de personas, que hoy están pendientes de este proyecto de ley.
Esta es una realidad que tenemos que valorar desde esa perspectiva, porque si bien es muy difícil saber cuántos son los pobres en la República Argentina, porque los indicadores sociales hoy están muy cuestionados y se hacen distintas especulaciones, efectivamente sabemos que casi el 80 por ciento de los jubilados es pobre. Es decir, sabemos que 4.000.000 de jubilados son pobres. Por lo tanto, un proyecto de ley que aborda este problema y que avanza un paso al determinar que los 1.040 pesos actuales de haber mínimo serán llevados al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil de los trabajadores en actividad, constituye un hecho positivo. Porque importa llevar dicha jubilación a 1.470 pesos. Y cuando el salario mínimo, vital y móvil en enero aumente de acuerdo a lo pactado en el Consejo del Salario, dicha jubilación va a subir por encima a casi 1600 pesos.
Es decir, que estamos resolviendo un problema muy importante, que constituye el garantizar un piso de dignidad para los jubilados de la República Argentina. De tal modo, que esto no es poco. Por supuesto que no resuelve el problema del sistema previsional, pero establece un piso de dignidad para las jubiladas, para los jubilados y para los pensionados de la República Argentina. Por eso, quiero hacer un reconocimiento a los miles de jubilados que hoy ya no están, pero que mantuvieron esta lucha presente. Se equivoca de lectura quien afirma que este es un proyecto de la oposición. Yo soy autor de varios proyectos sobre este tema; incluso uno llegó a tener dictamen de comisión. He presentado otros años muchos proyectos como diputado nacional y también como senador de la Nación, pero todos pasaron al cajón del olvido, porque siempre se dijo lo mismo: tiene razón, pero “marche preso”. Tienen razón los jubilados en su reclamo; es justo. Hasta se dijo que lo que reclaman es un derecho constitucional, pero no se puede; no hay plata. De este modo, siempre se afirmó que no se puede llevar a la realidad, lo que expresa la norma constitucional.
Por eso, quiero efectuar este homenaje a los jubilados y sus organizaciones, que mantuvieron vivo el reclamo. Fueron 966 las marchas que se hicieron aquí a la vuelta del Congreso, en Rivadavia y Callao. Son 966 semanas, 241 meses y 20 años. Repito: hace 20 años que los jubilados vienen movilizándose con frío, con lluvia, en verano o en invierno, durante todos los miércoles, para que esta ley o una ley con estas características sea tratada. Por ello, vaya mi reconocimiento también a aquellas organizaciones sindicales que nunca hicieron cálculos y que siempre, coherentemente, llevaron adelante esta lucha, lo mismo que a los centros de jubilados de todo el país. Porque si esta noche tenemos ley del 82 por ciento móvil no será por un proyecto de la oposición, sino que será por ellos. Fueron millones de firmas recolectadas a lo largo y a lo ancho del país. Hemos visto las mesas que se ponían en los distintos lugares del país, donde los jubilados firmaban con una adhesión absoluta, muchas veces descreyendo que esto pudiera llegar a ser alguna vez verdad, después de tantos años y de tantos gobiernos que nunca les dieron respuesta.
Por ello, este no es hoy un problema entre el oficialismo y la oposición; este no es un problema de este gobierno, sino que estamos hablando de una ley que puede dar un importante paso adelante para empezar a discutir una política de Estado y llevar justicia social a quienes siempre se les ha negado. Yo no tengo ninguna duda en cuanto a que esto es un paso adelante. Por ello, precisamente, presenté hace ya un tiempo un proyecto que establece el 82 por ciento para la jubilación mínima.
Por otro lado, lo que se busca es dar respuesta a ese otro mecanismo perverso de decir “tienen razón” pero el camino que les queda es iniciar el juicio. Como consecuencia de ello se acumulan 400 mil juicios contra el ANSeS, que a través de un mecanismo perverso – me refiero al ANSeS de todos los tiempos y no sólo al de ahora – viene estableciendo una mecánica de chicaneo para demorar los juicios, sabiendo que se juega con el tiempo de quienes no tienen tiempo. Y eso golpea a cada uno de nosotros, porque seguramente tenemos a algún familiar que atraviesa esta situación; a lo mejor, nuestros padres. Porque esta es una situación que se extiende por toda la República Argentina. El problema de los jubilados es nacional.
Por supuesto que lo que estamos debatiendo en este proyecto se expresa también en números. ¿Cómo no se va a expresar en números? Pero en este tema siempre nos ha empujado más el testimonio de los propios jubilados que los fundamentos del derecho constitucional o los argumentos jurídicos o económicos que se han dado para avanzar en esta temática. Esos testimonios fueron recogidos en audiencias públicas a lo largo y a lo ancho del país. ¿Qué nos expresaron los jubilados? Algo que les da contundencia a su pedido: con palabras simples nos decían “vivan ustedes con 1.040 pesos unos meses y después conversamos”. Esto es lo contundente. Hoy estamos cumpliendo con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y estamos recogiendo lo mejor de nuestra tradición de justicia social. Por eso es importante este reconocimiento en este recinto, en este tiempo histórico que nos toca vivir. Este es el sistema, solidario, de reparto, de solidaridad intergeneracional. Esto nos mejora como sociedad. No como en los tiempos del neoliberalismo donde todo era la apuesta al mercado, donde lo económico regía el destino de la sociedad y donde no era sólo el mercado, sino que la economía del mercado se transformaba en sociedad del mercado, porque el trabajo era mercancía, la educación, era mercancía y la previsión social era mercancía que había que poner en la timba financiera a través de las AFJP.
Entonces, este es el punto que hoy estamos discutiendo y hoy vamos a dar un gran paso adelante si podemos sancionar este proyecto. Porque ello resuelve dos cosas; la primera es el piso de dignidad. ¿Por qué atar al 82 por ciento el mínimo, vital y móvil que fue una parte de debate importante en la Comisión de Trabajo? Por la sencilla y simple razón de que los jubilados no tienen quién los defienda. Y los sindicatos pueden hacer bien o mal su trabajo, pero saben que tienen que defender a sus bases y esa pelea en ese instituto que es el Consejo del Salario, que realiza la CTA y la Confederación General del Trabajo junto con los empresarios y con el Estado nacional a través del gobierno significa una evolución del mínimo, vital y móvil del trabajador en actividad. Y esto representa un piso importante –atarlo al 82 por ciento– para los sistemas previsionales al relacionarlos de manera automática con los aumentos de los trabajadores en actividad. Por eso hablamos de piso, por eso hablamos de la automaticidad del aumento de los trabajadores en actividad, porque son las dos cuestiones que la ley de movilidad no resolvió.
La Corte nos obligó a discutir una ley de movilidad; pero la cuestión no se terminó cuando vimos los 1.040 pesos. Porque cuando vemos que no se elevó ese piso a partir del cual aplicar la movilidad, es obvio que cuando se aplica un 10 por ciento en cien pesos, son diez pesos y lo que cuenta para el jubilado no es un 10 por ciento de aumento; son diez pesos en el bolsillo del jubilado. Por eso hay que aumentar el piso. Aunque reúnan adherentes en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y hablen de un 19 por ciento de aumento como un hecho espectacular, lo contundente son los 1.040 pesos. Este es el tema fundamental, porque los sindicatos son muy contundentes. Así, dicen que no negocian con los precios del INDEC sino con los de la góndola del supermercado, y en función de eso se sientan y discuten. Por eso hay que atar el haber mínimo y los aumentos a esa movilidad de los salarios.
Cuando se hace referencia al 82 por ciento, a pesar de que pareciera que todos hablamos de lo mismo, en realidad, hablamos de distintas cosas, de distinta materialización de ese 82 por ciento. Pero tenemos que coincidir en que no hay que explicarles a los jubilados qué queremos decir cuando nos referimos al 82 por ciento móvil, porque esto se ha establecido como una consigna, como una reivindicación. Y una consigna no se explica, no se fundamenta; se hace carne en la gente, y la gente sabe de qué se habla cuando se habla del 82 por ciento móvil. Porque el jubilado compara lo que hoy está percibiendo como haber jubilatorio con lo que percibe el trabajador en actividad, con el trabajador que está haciendo el trabajo que él hacía, y se da cuenta que ese trabajador en actividad gana cinco, seis o siete veces más. Por eso la consigna del 82 por ciento móvil se ha extendido y se ha tomado como una bandera que no hay que explicarla, que en sí lleva la reivindicación de mantener una proporcionalidad con el salario en actividad, como lo dice la Corte en su jurisprudencia. Lo expresa de manera clara y contundente y en relación con el derecho constitucional del artículo 14 bis, relativo a la movilidad. Entonces, de manera simple –no porque la haya hecho un creativo publicitario, no porque un pícaro de un partido de oposición se la adjudicó– esa consigna se encarna en las mayorías populares. Por eso se reclama a lo largo y ancho del país el 82 por ciento móvil.
Es importante hablar también con nuestros testimonios de lo que se logró en la provincia de Santa Fe cuando iniciamos el gobierno provincial. Me refiero a atar el aumento de los jubilados a cada aumento salarial de los trabajadores en actividad en base a un principio de automaticidad. No creo que sea imposible el 82 por ciento móvil. Quiero contar también que en la Municipalidad de Rosario desde hace varias décadas existe el 82 por ciento móvil, existe la automaticidad de los aumentos en jubilaciones cuando se dan aumentos a los trabajadores en actividad, en el mismo porcentaje. La Ciudad de Rosario es gobernada por nosotros, los socialistas, desde hace veinte años. Tuvimos tiempos difíciles, como los del país, de vacas muy flacas. Otras veces no tanto. Hubo crisis económicas muy fuertes. ¡Mire, presidente, si en los últimos años no hemos tenido crisis! Pero nunca se discutió el 82 por ciento móvil. ¿Sabe lo que se discutió, presidente? Se discutió cómo se hacía un esfuerzo mayor para poder seguir pagándolo. En Rosario funciona un instituto con un directorio integrado por representantes del Sindicato Municipal, del Centro de Jubilados Municipales y del Poder Ejecutivo municipal. Hubo momentos de debate muy fuertes sobre cómo se salía del déficit de la caja. Los trabajadores en actividad dijeron que iban a aportar un poco más y, por otro lado, el Poder Ejecutivo hizo su aporte. Entonces, en los momentos de vacas flacas, en los momentos de crisis se siguió pagando el 82 por ciento móvil a los jubilados municipales en la Ciudad de Rosario. Nunca se lo dejó de pagar. Sé que son dimensiones diferentes. Claro que lo son. Estamos hablando de un poco más de 9500 aportantes ante un universo de 5.500.000 jubilados del país. Pero también la dimensión de los recursos es diferente. Las posibilidades y las herramientas son diferentes.
Se trata de una decisión política, y como bien se dijo acá, de una política de Estado. Nosotros somos firmantes del dictamen en minoría en la Cámara de Diputados porque estábamos de acuerdo con la restitución de los aportes patronales de las grandes empresas a los niveles anteriores a los establecidos en los 90. Eso significaría un ingreso de 15.000 millones de pesos anuales más. Y cuando se empiezan a hacer cifras, advertimos que hoy estamos en un contexto económico favorable, que tiene dos aspectos. Uno de ellos es el contexto económico internacional en que todos los países de la región expresan hoy un crecimiento económico importante. Por eso es importante la democracia continuada; que los pueblos puedan expresar la voluntad popular en la democracia continuada. Entonces, hay crecimiento económico sostenido. Por eso se habla de políticas sociales de la región. Y por eso es importante hablar de políticas sociales en la Argentina, porque en ese contexto estamos dando este debate. En ese contexto no se puede decir “no se puede”. Porque yo les hago la pregunta inversa: cuando nos hablan de las pocas alternativas o propuestas que hace la oposición le quiero preguntar al gobierno cuál es la propuesta superadora que está haciendo en este tema, y la respuesta es “Quédense con los 1.040. No se puede.” Esa es la respuesta. Hablan de demagogos e irresponsables. Les están diciendo demagogos e irresponsables a los jubilados. ¿No se dan cuenta?
¿No se dan cuenta que ese terrorismo verbal que se hizo durante todo este tiempo no funciona, que no se lo creen? Porque en el mismo momento que se dice que esta medida tiene un costo de 40 mil millones de pesos desde el gobierno se publicita que sólo este año va a haber un excedente de recaudación de 42 mil millones de pesos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Un día dicen que se va a pagar al Club de París de un saque; se hizo un anuncio sobre eso. Se pagó de un saque, como decisión política que no comparto pero que otros comparten, deuda al Fondo Monetario Internacional por 10 mil millones de dólares, que son 40 mil millones de pesos; la misma cifra. Entonces, ¿es una cifra tan terrible para discutir? Discutámosla en partes. Como se dijo acá, nadie quiere terminar con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, salvo que entendamos cosas que no se dijeron. Está bien que haya un fondo de garantía de sustentabilidad, pero ese fondo tiene una rentabilidad anual. ¿Qué se hace con esa rentabilidad? Porque es una rentabilidad millonaria. Estamos con una ANSeS que tiene superávit, pero tiene superávit porque se pagan jubilaciones bajas. Y sí, es un sistema asistido, pagamos todos los argentinos; una parte los trabajadores en actividad. Esa lógica que docentemente explicaba el senador Martínez de cómo funciona un sistema de reparto no alcanza. Ese dinero que el trabajador saca de su bolsillo y lo pone para que vaya al bolsillo del jubilado hoy. Y esa característica de la solidaridad intergeneracional hace cobrar más importancia todavía que ese dinero que entra a la ANSeS no se debe tocar para otros fines, porque es plata del jubilado que debe ir a su bolsillo hoy. Esa es la solidaridad intergeneracional. Así funciona el sistema de reparto. Prioritariamente ese dinero tiene que ser para pagar jubilaciones.
Estamos además en un momento en el que aparecen recursos de la propia ANSeS, superavitaria, tal como se expresa en el proyecto en tratamiento. Y, como analizaba el gobierno en relación al círculo virtuoso de la asignación por hijo, se generaría un recupero por IVA de 5.600 millones de pesos, los cuales volverían al Estado en materia de IVA por la aplicación de un aumento de estas características a los jubilados. Eso pone además en evidencia otra deuda pendiente de este Congreso, y en la que seguiremos insistiendo: cambiar este perverso, retrógrado y anacrónico sistema tributario de la República Argentina, porque son los más pobres los que más pagan, y los que más tienen y más ganan son los que proporcionalmente menos pagan. Si tomamos por deciles de pobreza vamos a ver en la recaudación que el impuesto que más recauda es el IVA y que el 70 por ciento de los que aportan al IVA son los más pobres. Ese 21 por ciento es el pilar de la recaudación en la República Argentina. Entonces se puede, señor presidente: se puede. ¡Claro que se puede! Con decisión política, se puede.
Y se podría hacer con toda la voluntad de discutir este sistema junto con un sistema tributario más progresivo, porque existe una vinculación entre ellos. Por ello, soy autor de un proyecto de ley que grava la renta financiera, porque no hay explicación posible para que a los sectores populares se les cobre el 21 por ciento por todo lo que consumen o de lo que recaudan por una changa o por trabajo, y al que especula en la Bolsa no se le cobra absolutamente un peso de impuestos.
En consecuencia, creo que debemos dar un paso adelante. Y este paso adelante significa sacar a los jubilados de la pobreza, darles un piso de dignidad, porque una parte de sentido común de la mecánica perversa de los juicios es aplicar la escala de Badaro a las restantes jubilaciones. Por nuestro sistema institucional, sabemos que un fallo de la Corte es definitivo. ¿Cómo sigue la película de los cuatrocientos mil juicios? Sabemos que por cada juicio que paga la ANSeS, por más que demore, le entran diez juicios más. Por eso, hay un Badaro I, un Badaro II y después habrá probablemente un “Badaro” III, IV, V hasta el infinito. Por lo tanto, este proyecto de ley da una respuesta en ese sentido y considero que es positiva. Por eso, acompaño esta propuesta siendo autor de varios proyectos en la misma dirección y consciente de que debemos discutir el sistema previsional en profundidad.
Siempre se discute cómo incluimos a ese diez o doce por ciento de excluidos que, por supuesto, trabajaron toda su vida y no tienen ningún tipo de percepción a esta altura, de quienes quedan a mitad de camino. En el caso de Francia, el hecho de aumentar la edad jubilatoria de 60 a 62 años ha producido movilizaciones que prácticamente ocasionaron el parate del país, y no se sabe cómo sigue la cosa. Sin duda, la discusión de los sistemas previsionales en Europa ha determinado que se ganen o se pierdan elecciones. Por supuesto, cuando aplican la política de ajuste, siempre pierden las elecciones, porque la gente defiende sus derechos, es decir, que no se corte siempre el hilo por lo más delgado. En ese sentido, la exigencia de nuestro sistema jubilatorio es durísima, porque requiere juntar treinta años de aportes para jubilarse a los 65 años de edad. Ahora bien, yo pregunto: en el horizonte de un mercado laboral donde el 50 por ciento del trabajo es en negro –a pesar de todo lo que se ha avanzado–, salvo los trabajadores del Estado, que tienen estabilidad: ¿qué porcentaje juntan los trabajadores en la actividad privada en sus treinta años de aportes? Vemos que la economía crece y el mayor porcentaje de trabajo que se genera es en negro. Es decir, ¡cómo cuesta el trabajo decente planteado por la OIT! ¡Cómo cuesta el trabajo en blanco! Esos son los temas pendientes.
Para finalizar, quiero decir que estoy absolutamente convencido de que un sistema previsional de reparto, solidario, no es sustentable en el tiempo pagando jubilaciones bajas. La sustentabilidad en el tiempo del sistema de reparto sólo se da combatiendo el trabajo en negro y mejorando la relación trabajadores activos con pasivos, que hoy está en una relación de 1,6 o 1,7 a 1. Esa es la manera de generar un piso de inclusión hacia los que hoy están afuera absolutamente de todo, como nuestros abuelos que no tienen absolutamente nada. Esta es la forma de completar un sistema previsional donde se haga justicia con quienes trabajaron toda su vida e hicieron sus aportes; de garantizar un piso de dignidad y de inclusión; en definitiva, para que con esta ley, esta noche, no solamente le demos dignidad a los cinco millones y medio de jubilados y a sus familias sino que, sin ningún lugar a dudas, esta noche vamos a tener un país más digno.
Muchas gracias
domingo, 26 de septiembre de 2010
Violenta Usurpación de la Casa del Pueblo de La Plata
En el día de la fecha, y tal como venia denunciando, el secretario General del Partido Socialista de la Ciudad de La Plata , un grupo de violentos, ingreso en el local de calle 49 n 729, sede partidaria del Socialismo de la Provincia de Buenos Aires.-
Alrededor de las 7 hs, entre 6 y 8 personas desconocidas, irrumpieron clandestina y violentamente por la puerta de calle 49 n° 729 de la ciudad de La Plata , destrozando la puerta de ingreso y violentamente expulsaron al compañero que se encontraba en el interior de la Sede Partidaria , ocasionándole lesiones.
A las 10hs arribaron colectivos con gente desconocida, quienes ingresaron con palos y bombos al local del socialismo.
El Diputado Nacional Ricardo Cucovillo autoridad y apoderado Partidario, Roberto Simiand, Secretario General de La Plata y Emiliano Fernández, Apoderado Partidario, radicaron la correspondiente denuncia Policial.
Personal Policial se hizo presente el la puerta del local partidario con el fin de identificar a los violentos ocupantes, momento en el cual expresaron que eran de “ ARIEL BASTEIRO Y DE OSCAR GONZÁLEZ” (VICEJEFE DE GABINETE DE LA NACIÓN ).-
Este acontecimiento fue denunciado formal y previamente por las autoridades partidarias, sin que dicho hecho haya evitado, la violenta usurpación del histórico local del Socialismo.
Las autoridades partidarias tomaran todas las medidas necesarias para que el local del partido socialista, siga en manos de las legítimas autoridades del Partido Socialista de la Provincia de Buenos Aires y de sus afiliados.-
Robero Simiand
Secretario General del
Partido Socialista de La Plata
Alrededor de las 7 hs, entre 6 y 8 personas desconocidas, irrumpieron clandestina y violentamente por la puerta de calle 49 n° 729 de la ciudad de La Plata , destrozando la puerta de ingreso y violentamente expulsaron al compañero que se encontraba en el interior de la Sede Partidaria , ocasionándole lesiones.
A las 10hs arribaron colectivos con gente desconocida, quienes ingresaron con palos y bombos al local del socialismo.
El Diputado Nacional Ricardo Cucovillo autoridad y apoderado Partidario, Roberto Simiand, Secretario General de La Plata y Emiliano Fernández, Apoderado Partidario, radicaron la correspondiente denuncia Policial.
Personal Policial se hizo presente el la puerta del local partidario con el fin de identificar a los violentos ocupantes, momento en el cual expresaron que eran de “ ARIEL BASTEIRO Y DE OSCAR GONZÁLEZ” (VICEJEFE DE GABINETE DE LA NACIÓN ).-
Este acontecimiento fue denunciado formal y previamente por las autoridades partidarias, sin que dicho hecho haya evitado, la violenta usurpación del histórico local del Socialismo.
Las autoridades partidarias tomaran todas las medidas necesarias para que el local del partido socialista, siga en manos de las legítimas autoridades del Partido Socialista de la Provincia de Buenos Aires y de sus afiliados.-
Robero Simiand
Secretario General del
Partido Socialista de La Plata
lunes, 20 de septiembre de 2010
La Casa del Pueblo, sede histórica del Partido Socialista de La Plata vuelve a las autoridades legalmente constituidas
20 de Septiembre de 2010
COMUNICADO DE PRENSA
La Casa del Pueblo, sede histórica del Partido Socialista de La Plata vuelve a las autoridades legalmente constituidas.
Luego de un proceso de confusión respecto al uso y destino de la histórica casa, las autoridades del PS retomaron el total control de las instalaciones del inmueble. Las mismas han planteado que dicha situación ha terminado a partir del accionar legal llevado a cabo por el Partido y las responsabilidades que los ocupantes ilegales se exponían a enfrentar.
Por otro lado, al interior del local reina un gran abandono lo que demandará tareas de reparación y limpieza, que ya han comenzado; así como la realización de un inventario para determinar posibles faltantes de objetos de valor, todo lo cual obligará a mantener las puertas de la Casa del Pueblo momentáneamente cerradas.
Hace dos semanas una pelea entre facciones de los denominados socialistas k, aliados al gobierno, derivó en una toma violenta de la Casa del Pueblo lo que generó denuncias penales contra los ocupantes.
El Partido Socialista logra el uso pleno de un símbolo de la política platense ya que entre sus paredes pasaron los grandes del socialismo de Argentina, como Alfredo Palacios o Alejandro Korn. El Secretario General del PS La Plata , Roberto Simiand expresó que será una gran alegría volver a colocar en el frente de la Casa del Pueblo, el PS y el puño y la rosa, los emblemas partidarios que había sido sacado por los intrusos. Asimismo, ratificó la recorrida por las fuerzas políticas afines para construir un Frente Progresista como alternativa al actual gobierno, de la mano de la candidatura de Hermes Binner a presidente en 2011
miércoles, 1 de septiembre de 2010
Las autoridades del Socialismo denuncian la usurpación de la Casa del Pueblo
COMUNICADO DE PRENSA
Las autoridades del Socialismo denuncian la usurpación de la Casa del Pueblo
Las autoridades del Partido Socialista radicaron ayer a última hora una denuncia por la usurpación de su sede partidaria ubicada en 49 entre 9 y 10, la misma se realizó en la comisaría primera de La Plata. Ricardo Cuccovillo, Secreatario Adjunto de la Provincia y Diputado Nacional, Karina Himm Secretaria de Organización de la Provincia y Roberto Simiand Secretario General de La Plata denunciaron que personas desconocidas ingresaron a la Casa del Pueblo, probablemente por la puerta Nº 733 que se encuentra forzada y ocuparon gran partes del inmueble.
Con puertas cerradas y la imposibilidad de ingresar al inmueble, denunciaron que desde el interior se permitía el acceso a otras personas que previa identificación por parte de los ocupantes los dejaban ingresar con colchones y ollas. Según los testimonios, los ocupantes se habrían desplazado en colectivos en un número aproximado de 30 o 40 personas, por lo que presume es una acción organizada y no se descarta intencionalidad política.
De las tres puertas de ingreso que posee el inmueble la identificada con el número 731 permanece en poder de las legitimas autoridades del Partido, parcialmente cedida para el funcionamiento una biblioteca y la Universidad Popular Alejandro Korn. Las puertas identificadas con los números 729 y 733 permanecen ilegalmente ocupadas.
Cabe destacar que la Casa del Pueblo es la sede del Partido Socialista desde 1935 y es es patrimonio cultural de nuestra ciudad, es parte de la historia misma de los socialistas y platenses. Es el lugar donde los obreros iban a capacitarse, a organizarse y así lo refleja el mural histórico que encontramos en su interior. En su interior Alfredo Palacios, Ernesto Rozas, Del Valle Iberlucea, Sánchez Viamonte, Raúl Zanzotera, Antonio Cóccaro, Emir Salvioli y tantos otros compañeros dirigieron la palabra a la asamblea de los socialistas. En esa casa funcionó durante años la imprenta de La Vanguardia, órgano oficial de prensa del Partido Socialista. Las autoridades partidarias han informado que llevarán adelante tadas las acciones legales para recuperar la histórica casa.
Roberto Simiand
Secretario General del
Partido Socialista de
La Plata
tel 15 624 5727
Giustiniani: “Queremos que Binner encabece la fórmula nacional”
Miércoles 1 de Setiembre de 2010
Giustiniani: “Queremos que Binner encabece la fórmula nacional”
El senador socialista Rubén Giustiniani, de visita en Ámbito Financiero, señaló que «hay un frente progresista a nivel nacional que va a ser la alternativa de gobierno en 2011».
El senador nacional y presidente del Partido Socialista (PS), Rubén Giustiniani, anticipó que luego de acordar un mecanismo de funcionamiento con los partidos convocados -UCR, GEN, Coalición Cívica, Proyecto Sur y Encuentro Popular- para conformar un frente progresista a nivel nacional, el socialismo se prepara para plantear que su principal candidato, el actual gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, encabece la fórmula presidencial para las elecciones de 2011.
«Puede que lleguemos pronto a un consenso, y si no, están las reglas establecidas por la reforma política, que son las internas abiertas», señaló, y sin ocultar su entusiasmo, reveló que el PS tiene «muchas expectativas». «El buen gobierno que Binner lleva adelante en Santa Fe es una experiencia de gestión interesante para replicarla a nivel nacional», apuntó Giustiniani, y sobre la continuidad del frente en la provincia litoraleña sostuvo que «el socialismo está en mejores condiciones» que el radicalismo para proponer un candidato.
Periodista: ¿Cuál es el objetivo del encuentro con el radicalismo?
Rubén Giustiniani: Para la reunión que propusimos para hoy con la Unión Cívica Radical preparamos un listado de diez puntos programáticos que son, de acuerdo con el Partido Socialista, la base para construir un frente progresista en la Argentina como alternativa al Gobierno nacional. Luego de reunirnos con el radicalismo, vamos a continuar los encuentros con el GEN de Margarita Stolbizer, con la Coalición Cívica, con Proyecto Sur de Pino Solanas, y con Encuentro Popular de Víctor de Gennaro.
P.: ¿Se pueden anticipar coincidencias con los otros partidos?
R.G.: Lo positivo es que no arrancamos de cero. Los sectores de la oposición tenemos un trabajo parlamentario previo, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Además, como puntos de referencia, hemos consolidado la labor conjunta en distintas provincias del país: el más significativo es el Frente Progresista de Santa Fe. Entonces, poner un programa arriba de la mesa, la experiencia común que venimos desarrollando y un trabajo conjunto en el Congreso nacional son razones importantes para pensar que todo este proceso puede llegar a buen puerto. Podemos decirle a la sociedad que hay un frente progresista a nivel nacional que va a ser la alternativa de gobierno en 2011.
P.: ¿Cómo repercutió la salida de Elisa Carrió del Acuerdo Cívico?
R.G.: A Carrió hay que darle tiempo, ella misma planteó que hasta diciembre va a hacer sus evaluaciones y es necesario darle ese tiempo que ha pedido. Por supuesto estas puertas van a estar abiertas para todos los que se sientan representados por el frente progresista.
P.: Además de presentar ese documento, ¿prevén comenzar a debatir sobre las candidaturas?
R.G.: Las candidaturas tienen que ser un punto de llegada, no el punto de partida. Lo primero es acordar un mecanismo de funcionamiento con los otros partidos y luego cada partido aportará sus candidatos para que el año que viene se integren a una propuesta concreta. El socialismo va a llevar a su candidato, que lógicamente va a ser Hermes Binner, y llegado el momento buscaremos el consenso para definir cuál es la mejor propuesta.
P.: De todos modos, ¿apuestan a que Binner encabece la fórmula?
R.G.: Tenemos muchas expectativas. El buen gobierno que estamos llevando adelante en Santa Fe es una experiencia de gestión interesante para replicarla a nivel nacional. Además, ha demostrado que se puede gobernar con honestidad, con eficiencia y con la solidaridad, en materia de salud y educación. Los radicales plantean para Binner la vicepresidencia, pero nosotros vamos a proponer que encabece la fórmula y después se verá. Puede que lleguemos pronto a un consenso, y si no, están las reglas establecidas por la reforma política, que son las internas abiertas.
P.: Y a nivel provincial, ¿cómo definirán las candidaturas?
R.G.: La situación es diferente. Hace casi cuatro años, Binner surgió como un candidato natural. Hoy, cada partido que integra el frente plantea un candidato diferente. Es legítimo que el radicalismo aspire a encabezar la fórmula, lo respetamos, pero creemos que el socialismo está en mejores condiciones. En marzo lo vamos a definir.
Entrevista de Sabrina Pont
Giustiniani: “Queremos que Binner encabece la fórmula nacional”
El senador socialista Rubén Giustiniani, de visita en Ámbito Financiero, señaló que «hay un frente progresista a nivel nacional que va a ser la alternativa de gobierno en 2011».
El senador nacional y presidente del Partido Socialista (PS), Rubén Giustiniani, anticipó que luego de acordar un mecanismo de funcionamiento con los partidos convocados -UCR, GEN, Coalición Cívica, Proyecto Sur y Encuentro Popular- para conformar un frente progresista a nivel nacional, el socialismo se prepara para plantear que su principal candidato, el actual gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, encabece la fórmula presidencial para las elecciones de 2011.
«Puede que lleguemos pronto a un consenso, y si no, están las reglas establecidas por la reforma política, que son las internas abiertas», señaló, y sin ocultar su entusiasmo, reveló que el PS tiene «muchas expectativas». «El buen gobierno que Binner lleva adelante en Santa Fe es una experiencia de gestión interesante para replicarla a nivel nacional», apuntó Giustiniani, y sobre la continuidad del frente en la provincia litoraleña sostuvo que «el socialismo está en mejores condiciones» que el radicalismo para proponer un candidato.
Periodista: ¿Cuál es el objetivo del encuentro con el radicalismo?
Rubén Giustiniani: Para la reunión que propusimos para hoy con la Unión Cívica Radical preparamos un listado de diez puntos programáticos que son, de acuerdo con el Partido Socialista, la base para construir un frente progresista en la Argentina como alternativa al Gobierno nacional. Luego de reunirnos con el radicalismo, vamos a continuar los encuentros con el GEN de Margarita Stolbizer, con la Coalición Cívica, con Proyecto Sur de Pino Solanas, y con Encuentro Popular de Víctor de Gennaro.
P.: ¿Se pueden anticipar coincidencias con los otros partidos?
R.G.: Lo positivo es que no arrancamos de cero. Los sectores de la oposición tenemos un trabajo parlamentario previo, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Además, como puntos de referencia, hemos consolidado la labor conjunta en distintas provincias del país: el más significativo es el Frente Progresista de Santa Fe. Entonces, poner un programa arriba de la mesa, la experiencia común que venimos desarrollando y un trabajo conjunto en el Congreso nacional son razones importantes para pensar que todo este proceso puede llegar a buen puerto. Podemos decirle a la sociedad que hay un frente progresista a nivel nacional que va a ser la alternativa de gobierno en 2011.
P.: ¿Cómo repercutió la salida de Elisa Carrió del Acuerdo Cívico?
R.G.: A Carrió hay que darle tiempo, ella misma planteó que hasta diciembre va a hacer sus evaluaciones y es necesario darle ese tiempo que ha pedido. Por supuesto estas puertas van a estar abiertas para todos los que se sientan representados por el frente progresista.
P.: Además de presentar ese documento, ¿prevén comenzar a debatir sobre las candidaturas?
R.G.: Las candidaturas tienen que ser un punto de llegada, no el punto de partida. Lo primero es acordar un mecanismo de funcionamiento con los otros partidos y luego cada partido aportará sus candidatos para que el año que viene se integren a una propuesta concreta. El socialismo va a llevar a su candidato, que lógicamente va a ser Hermes Binner, y llegado el momento buscaremos el consenso para definir cuál es la mejor propuesta.
P.: De todos modos, ¿apuestan a que Binner encabece la fórmula?
R.G.: Tenemos muchas expectativas. El buen gobierno que estamos llevando adelante en Santa Fe es una experiencia de gestión interesante para replicarla a nivel nacional. Además, ha demostrado que se puede gobernar con honestidad, con eficiencia y con la solidaridad, en materia de salud y educación. Los radicales plantean para Binner la vicepresidencia, pero nosotros vamos a proponer que encabece la fórmula y después se verá. Puede que lleguemos pronto a un consenso, y si no, están las reglas establecidas por la reforma política, que son las internas abiertas.
P.: Y a nivel provincial, ¿cómo definirán las candidaturas?
R.G.: La situación es diferente. Hace casi cuatro años, Binner surgió como un candidato natural. Hoy, cada partido que integra el frente plantea un candidato diferente. Es legítimo que el radicalismo aspire a encabezar la fórmula, lo respetamos, pero creemos que el socialismo está en mejores condiciones. En marzo lo vamos a definir.
Entrevista de Sabrina Pont
sábado, 28 de agosto de 2010
jueves, 26 de agosto de 2010
Recuperemos La Casa del Pueblo de La Plata
Entrevista de NOVA
Simiand: “Sortino nos tiene que devolver la Casa del Socialismo de La Plata”
Con la normalización bajo el brazo, el Partido Socialista se propone “reeditar” en la Provincia el mismo frente electoral que gobierna en Santa Fe. Por primera vez en mucho tiempo, y ya sin los socialistas K dentro de la estructura partidaria, el PS bonaerense puede permitirse mirar al 2011 con esperanzas de ser gobierno. Claro que necesita mantener esa sociedad llamada Acuerdo Cívico y Social, sobreponiéndose incluso a algunas intermitencias.
“Terminamos un proceso de normalización que se hizo el año pasado en toda la Provincia”, cuenta Roberto Simiand, secretario general del PS de La Plata. “Se hicieron además las elecciones complementarias para elegir el Comité Nacional, donde resultó ganadora la Lista 2 que impulsaba a (Hermes) Binner y (Rubén) Giustiniani -detalla-. En el país, esta nómina sacó el 90 por ciento contra el 10 de los socialistas K. Y, en La Plata, obtuvo el 70 por ciento de los votos”.
“El partido está absolutamente normalizado y construyendo una coalición que reedite nuestro frente electoral en Santa Fe, que permitió que el socialismo, acompañado por otros partidos como el radicalismo, el GEN, el ARI y algunos sectores de CTA, estén gobernando hoy la provincia”, adelanta Simiand en esta entrevista con NOVA.
- ¿Cuáles serían los pasos a seguir para reeditar ese frente en la Provincia? Aquí hay diferencias concretas de convivencia, como el caso de Carrió...
- Lo primero que hay que tener es un programa. Estamos discutiendo con las otras fuerzas una serie de puntos fundamentales. Obviamente, la dinámica de la política argentina es muy distinta, porque a veces se privilegian los nombres. Para nosotros no está bien que hoy se esté discutiendo si Binner va a ser candidato a presidente: primero tenemos que saber cuál es el proyecto. Hoy creemos que es fundamental que se avance con el 82 por ciento móvil, porque el Gobierno no puede estar diciendo que la Argentina funciona bien y no hay dinero para pagarle a los jubilados. Las jubilaciones no pueden ser una especie de dádiva que se les da a las personas que terminaron su vida activa para darle el 30 por ciento de lo que cobraban: eso es una estafa. La Presidenta exagera cuando dice que se van a fundir las arcas. Pensamos también que la Asignación Universal por Hijo no puede quedar en un decreto, tiene que ser un derecho que esté garantizado en las leyes de la Nación. Nos parece también que hay que discutir un nuevo régimen de coparticipación federal para que las provincias no estén mendigando a la Nación los recursos necesarios para funcionar. En estos temas coincidimos con muchas fuerzas, y en otros discutimos.
- ¿Cómo cuáles?
- Estamos a favor de rediscutir una ley de entidades financieras, porque la que tenemos hoy data de la época del 90, la etapa más neoliberal. Creemos que hay que volver a po0nerle a las empresas grandes los aportes patronales, que fueron sacados en la época de (Domingo) Cavallo, y que, cuando uno ve que este Gobierno no los quiere incorporar, se da cuenta de que, efectivamente, es un gobierno tan conservador como el de la década del ’90, y que sólo tiene un discurso que se dice progresista pero, que, en la práctica, no se corresponde. Se va avanzando en la agenda legislativa. Hoy esos puntos se debaten y se acuerdan en el Congreso, quizás porque existe una relación de fuerzas que lo permite. Incluso avanzamos con la fuerza de Pino Solanas, que también es tenido en cuenta para incorporar.
- ¿Y Carrió?
- Lo de Carrió me parece más una situación fáctica que tiene que ver con posicionamientos en la negociación. No la conozco personalmente, pero la relación con compañeros del ARI no ha sido mala, siempre hemos tenido conversaciones, y todos esperamos que estén incorporados en un frente donde podamos participar socialistas, gente del ARI, del GEN, del radicalismo y de Pino Solanas. Pero tenemos que discutir un programa. Por ejemplo, con el tema de las retenciones, no estamos a favor de su eliminación. Las retenciones deberían eliminarse cuando se las reemplace por un impuesto. Pero si hoy le quitamos las retenciones al trigo, el pan va a valer tres o cuatro veces más de lo que vale, porque un productor de trigo va a preferir venderlo al extranjero que a un panadero. Y ese tipo de precio no se puede pagar en Argentina. Diferente es el caso de la soja. Nuestra postura es que las retenciones sean escalonadas. A los pequeños productores hay que desgravarlos. Y diferenciar para cada producto. Nosotros no consumimos soja, y quizás no haya que desgravarla en absoluto. Y, si queremos desojizar, deberíamos tener retenciones diferenciales, cobrándole más a la soja y menos a los otros productos para que sean más competitivos.
- ¿Qué fue lo que motivó el desprendimiento de un sector del PS para aliarse con el kirchnerismo?
- El PS se fusionó y representó el único caso nacional donde dos partidos se transformaron en uno. En el ‘58, nos dividimos en argentinos y democráticos, y para el 2000 volvimos a recuperar la unidad partidaria. Ese proceso, que en los papeles se enmarca con esa fecha, duró un tiempo político para ir homogeneizando las personas y las diferentes direcciones políticas. El gobierno nacional, al principio con Néstor Kirchner y luego con Cristina Fernández, siempre tentó a dirigentes socialistas para incorporarse al gobierno. Uno de los casos más notorios fue el de Héctor Polino, a quien le ofrecieron en su momento la Secretaría de Medio Ambiente, y quien se lo comunicó al partido, que decidió, incluso con los votos coherentemente de Ariel Basteiro, Jorge Rivas y Oscar González, que no debíamos que aceptar. Menos de un año después se incorporaron al gobierno nacional y participaron de listas del FpV en más de una vez. Esa situación, al principio, tuvo un grado de tolerancia por parte de las autoridades y los afiliados; pero, pasado un tiempo, se le exigió a estos compañeros que rectificaran esta situación y que participaran de las decisiones del Comité Nacional y los diferentes congresos provinciales, que decían otra cosa e indicaban que teníamos que construir una alianza de centro izquierda. Sin embargo, ellos desobedecieron, lo que llevó a un proceso interno del partido que terminó con su expulsión. Hoy, González, Rivas y Basteiro están técnicamente expulsados del partido. De la misma manera lo está (Carlos) Sortino, que es concejal suplente por una lista que enfrentó en La Plata a la nómina que llevaba compañeros del PS. El planteo fue echo por el Centro de Mar del Plata, y el Comité de Disciplina decidió separarlo como afiliado.
- ¿Cómo explicaría esa situación?
- La crisis de los partidos políticos no ha dejado a un costado al PS. Si uno defiende una bandera, una serie de intereses y principios, no se puede ser a la vez socialista y de otro partido político. No se puede participar de una organización política y enfrentarla en elecciones. Si no, da igual: no importan las ideas sino las personas. Y para nosotros es todo lo contrario.
- ¿Cómo es posible entonces que el sector de Sortino esté al frente de la Casa Socialista en La Plata?
- Después de las últimas elecciones partidarias, nos reunimos con Sortino para solicitarle que nos devolviera la casa. Él reconoció que habíamos ganado correctamente las elecciones, pero dijo que el problema debía discutirse con el apoderado nacional. Entre idas y vueltas, la casa nunca fue devuelta a quienes son, hoy, las autoridades legítimas de la Provincia: Carlos Nivio, Ricardo Cuccovillo y, en La Plata, la Secretaría General que encabezo. Ante esta situación anómala, hemos tratado de no generar agitación política esperando llamarlos a la reflexión y que devuelvan el local. La Casa del Pueblo tiene tres entradas Nosotros ocupamos el subsuelo, donde cedemos gran parte de ese espacio a la Biblioteca Romero y a la Universidad Popular Alejandro Korn, y funcionamos fuera de su horario. Autoridades de otros partidos nos han manifestado su solidaridad ante esta situación. Estamos recabando la información necesaria para hacer los trámites judiciales, aunque no queremos llegar a esto porque no tenemos un problema con Carlos Sortino. El problema es político. Como secretario general, tengo una responsabilidad. Los herederos de esa casa nos reconocen como autoridades. Hoy teneos allí un grupo de intrusos que, sin ningún tipo de derechos, usufructúan incluso haciendo peñas y bailes a título oneroso, porque jamás se rinde cuenta, e incluso con muchas quejas de vecinos y haciendo funcionar, en muchos casos, oficinas municipales, como la del presupuesto Participativo.
- ¿Cómo ve la gestión de Bruera?
- Cuando nos convocaron al diálogo político, nosotros concurrimos, porque no somos enemigos de las otras fuerzas sino que somos vecinos, y pensamos que en el debate de ideas siempre se avanza. Sin embargo, después de tantos años de gobierno justicialista en La Plata, vemos que es más de lo mismo. Han cambiado algunas caras y algunos patrones de funcionamiento, pero hay una continuidad. Obviamente, está muy bien tener calles asfaltadas y plazas iluminadas, pero el Presupuesto Participativo no deja de ser una fachada, porque el porcentaje es muy bajo. La calidad institucional en la Municipalidad es muy baja. Un ejemplo: cuando tenemos que discutir el COU (Código de Ordenamiento Urbano), se imponen criterios que tienen absolutamente el signo contrario de la participación, se privilegian una serie de intereses de tipo inmobiliario y no se tienen en cuenta los servicios públicos que se verán absolutamente resentidos.
- ¿Y cómo analiza la gestión de Scioli?
- Veintitrés años de gobierno del mismo partido en la Provincia nos han entregado un sistema de educación muy malo, con una prueba terrible cono fue el Polimodal. En seguridad, no hace falta hablar nada: estamos cada vez peor y no nos damos cuenta de que la marginalidad crece y de que los negocios que se hacen son negocios donde camina la droga, el juego y el alcohol, y que todo eso es caldo de cultivo para organizaciones que terminan delinquiendo. El Gobierno se ha mostrado absolutamente incapaz de tomar cartas en el asunto: ya no sólo asaltan en casas, sino que los mismos bancos son presa. Y esto tiene que ver con una concepción conservadora, muy parecida a la de los años ’90, que tiene el gobierno de la Provincia: cuando uno se pone a ver quiénes fueron los gobernadores y qué rol cumplieron en los ’90, en otro país nadie tendría dudas de tildarlos de derecha. No sé cómo todavía no nos damos cuenta de que es una continuidad perfecta.
- ¿Tan categórica debe ser esa definición?
- Es que es un partido conservador que no ha generado un cambio positivo en la distribución del ingreso y en la legalidad. Hoy se caen las facultades delegadas y pareciera que se cayera el mundo. Si Argentina está tan bien, no debieran haber facultades delegadas como tienen los presidentes desde el ’83 para acá.. Debe funcionar el Congreso y debe haber un control entre los tres poderes del Estado en una república que funcione. Por ejemplo, ¿cuántos años hace que en la Provincia venimos discutiendo el tema de la basura? El Ceamse es negocio redondo de cuatro vivos y nosotros no sabemos qué hacer con la basura. Si seguimos enterrando la basura debajo de la alfombra, nuestros recursos naturales, como el agua, se van a empezar a contaminar, como perdimos el Río de la Plata. Hoy nos damos cuenta de que el agua es un recursos valioso, pero hace 10 años era un recurso abundante y no lo valorábamos. Sin embargo, hoy tenemos que tener cuidado porque, si seguimos tirando basura industrial y de desechos urbanos al Río de la Plata y a las cuencas hídricas, vamos a terminar contaminando los acuíferos de donde bebemos. Y, en ese sentido, el gobierno de (Daniel) Scioli no ha cambiado nada. Y lo mismo va en la actividad económica. Argentina es un país muy desigual, y en 23 años no se ha hecho más que concentrar la economía en la Provincia. El país es un capitalismo de amigos: hemos cambiado los amigos de los ’90 por otros distintos que hoy se hacen poderosos.
Simiand: “Sortino nos tiene que devolver la Casa del Socialismo de La Plata”
Con la normalización bajo el brazo, el Partido Socialista se propone “reeditar” en la Provincia el mismo frente electoral que gobierna en Santa Fe. Por primera vez en mucho tiempo, y ya sin los socialistas K dentro de la estructura partidaria, el PS bonaerense puede permitirse mirar al 2011 con esperanzas de ser gobierno. Claro que necesita mantener esa sociedad llamada Acuerdo Cívico y Social, sobreponiéndose incluso a algunas intermitencias.
“Terminamos un proceso de normalización que se hizo el año pasado en toda la Provincia”, cuenta Roberto Simiand, secretario general del PS de La Plata. “Se hicieron además las elecciones complementarias para elegir el Comité Nacional, donde resultó ganadora la Lista 2 que impulsaba a (Hermes) Binner y (Rubén) Giustiniani -detalla-. En el país, esta nómina sacó el 90 por ciento contra el 10 de los socialistas K. Y, en La Plata, obtuvo el 70 por ciento de los votos”.
“El partido está absolutamente normalizado y construyendo una coalición que reedite nuestro frente electoral en Santa Fe, que permitió que el socialismo, acompañado por otros partidos como el radicalismo, el GEN, el ARI y algunos sectores de CTA, estén gobernando hoy la provincia”, adelanta Simiand en esta entrevista con NOVA.
- ¿Cuáles serían los pasos a seguir para reeditar ese frente en la Provincia? Aquí hay diferencias concretas de convivencia, como el caso de Carrió...
- Lo primero que hay que tener es un programa. Estamos discutiendo con las otras fuerzas una serie de puntos fundamentales. Obviamente, la dinámica de la política argentina es muy distinta, porque a veces se privilegian los nombres. Para nosotros no está bien que hoy se esté discutiendo si Binner va a ser candidato a presidente: primero tenemos que saber cuál es el proyecto. Hoy creemos que es fundamental que se avance con el 82 por ciento móvil, porque el Gobierno no puede estar diciendo que la Argentina funciona bien y no hay dinero para pagarle a los jubilados. Las jubilaciones no pueden ser una especie de dádiva que se les da a las personas que terminaron su vida activa para darle el 30 por ciento de lo que cobraban: eso es una estafa. La Presidenta exagera cuando dice que se van a fundir las arcas. Pensamos también que la Asignación Universal por Hijo no puede quedar en un decreto, tiene que ser un derecho que esté garantizado en las leyes de la Nación. Nos parece también que hay que discutir un nuevo régimen de coparticipación federal para que las provincias no estén mendigando a la Nación los recursos necesarios para funcionar. En estos temas coincidimos con muchas fuerzas, y en otros discutimos.
- ¿Cómo cuáles?
- Estamos a favor de rediscutir una ley de entidades financieras, porque la que tenemos hoy data de la época del 90, la etapa más neoliberal. Creemos que hay que volver a po0nerle a las empresas grandes los aportes patronales, que fueron sacados en la época de (Domingo) Cavallo, y que, cuando uno ve que este Gobierno no los quiere incorporar, se da cuenta de que, efectivamente, es un gobierno tan conservador como el de la década del ’90, y que sólo tiene un discurso que se dice progresista pero, que, en la práctica, no se corresponde. Se va avanzando en la agenda legislativa. Hoy esos puntos se debaten y se acuerdan en el Congreso, quizás porque existe una relación de fuerzas que lo permite. Incluso avanzamos con la fuerza de Pino Solanas, que también es tenido en cuenta para incorporar.
- ¿Y Carrió?
- Lo de Carrió me parece más una situación fáctica que tiene que ver con posicionamientos en la negociación. No la conozco personalmente, pero la relación con compañeros del ARI no ha sido mala, siempre hemos tenido conversaciones, y todos esperamos que estén incorporados en un frente donde podamos participar socialistas, gente del ARI, del GEN, del radicalismo y de Pino Solanas. Pero tenemos que discutir un programa. Por ejemplo, con el tema de las retenciones, no estamos a favor de su eliminación. Las retenciones deberían eliminarse cuando se las reemplace por un impuesto. Pero si hoy le quitamos las retenciones al trigo, el pan va a valer tres o cuatro veces más de lo que vale, porque un productor de trigo va a preferir venderlo al extranjero que a un panadero. Y ese tipo de precio no se puede pagar en Argentina. Diferente es el caso de la soja. Nuestra postura es que las retenciones sean escalonadas. A los pequeños productores hay que desgravarlos. Y diferenciar para cada producto. Nosotros no consumimos soja, y quizás no haya que desgravarla en absoluto. Y, si queremos desojizar, deberíamos tener retenciones diferenciales, cobrándole más a la soja y menos a los otros productos para que sean más competitivos.
- ¿Qué fue lo que motivó el desprendimiento de un sector del PS para aliarse con el kirchnerismo?
- El PS se fusionó y representó el único caso nacional donde dos partidos se transformaron en uno. En el ‘58, nos dividimos en argentinos y democráticos, y para el 2000 volvimos a recuperar la unidad partidaria. Ese proceso, que en los papeles se enmarca con esa fecha, duró un tiempo político para ir homogeneizando las personas y las diferentes direcciones políticas. El gobierno nacional, al principio con Néstor Kirchner y luego con Cristina Fernández, siempre tentó a dirigentes socialistas para incorporarse al gobierno. Uno de los casos más notorios fue el de Héctor Polino, a quien le ofrecieron en su momento la Secretaría de Medio Ambiente, y quien se lo comunicó al partido, que decidió, incluso con los votos coherentemente de Ariel Basteiro, Jorge Rivas y Oscar González, que no debíamos que aceptar. Menos de un año después se incorporaron al gobierno nacional y participaron de listas del FpV en más de una vez. Esa situación, al principio, tuvo un grado de tolerancia por parte de las autoridades y los afiliados; pero, pasado un tiempo, se le exigió a estos compañeros que rectificaran esta situación y que participaran de las decisiones del Comité Nacional y los diferentes congresos provinciales, que decían otra cosa e indicaban que teníamos que construir una alianza de centro izquierda. Sin embargo, ellos desobedecieron, lo que llevó a un proceso interno del partido que terminó con su expulsión. Hoy, González, Rivas y Basteiro están técnicamente expulsados del partido. De la misma manera lo está (Carlos) Sortino, que es concejal suplente por una lista que enfrentó en La Plata a la nómina que llevaba compañeros del PS. El planteo fue echo por el Centro de Mar del Plata, y el Comité de Disciplina decidió separarlo como afiliado.
- ¿Cómo explicaría esa situación?
- La crisis de los partidos políticos no ha dejado a un costado al PS. Si uno defiende una bandera, una serie de intereses y principios, no se puede ser a la vez socialista y de otro partido político. No se puede participar de una organización política y enfrentarla en elecciones. Si no, da igual: no importan las ideas sino las personas. Y para nosotros es todo lo contrario.
- ¿Cómo es posible entonces que el sector de Sortino esté al frente de la Casa Socialista en La Plata?
- Después de las últimas elecciones partidarias, nos reunimos con Sortino para solicitarle que nos devolviera la casa. Él reconoció que habíamos ganado correctamente las elecciones, pero dijo que el problema debía discutirse con el apoderado nacional. Entre idas y vueltas, la casa nunca fue devuelta a quienes son, hoy, las autoridades legítimas de la Provincia: Carlos Nivio, Ricardo Cuccovillo y, en La Plata, la Secretaría General que encabezo. Ante esta situación anómala, hemos tratado de no generar agitación política esperando llamarlos a la reflexión y que devuelvan el local. La Casa del Pueblo tiene tres entradas Nosotros ocupamos el subsuelo, donde cedemos gran parte de ese espacio a la Biblioteca Romero y a la Universidad Popular Alejandro Korn, y funcionamos fuera de su horario. Autoridades de otros partidos nos han manifestado su solidaridad ante esta situación. Estamos recabando la información necesaria para hacer los trámites judiciales, aunque no queremos llegar a esto porque no tenemos un problema con Carlos Sortino. El problema es político. Como secretario general, tengo una responsabilidad. Los herederos de esa casa nos reconocen como autoridades. Hoy teneos allí un grupo de intrusos que, sin ningún tipo de derechos, usufructúan incluso haciendo peñas y bailes a título oneroso, porque jamás se rinde cuenta, e incluso con muchas quejas de vecinos y haciendo funcionar, en muchos casos, oficinas municipales, como la del presupuesto Participativo.
- ¿Cómo ve la gestión de Bruera?
- Cuando nos convocaron al diálogo político, nosotros concurrimos, porque no somos enemigos de las otras fuerzas sino que somos vecinos, y pensamos que en el debate de ideas siempre se avanza. Sin embargo, después de tantos años de gobierno justicialista en La Plata, vemos que es más de lo mismo. Han cambiado algunas caras y algunos patrones de funcionamiento, pero hay una continuidad. Obviamente, está muy bien tener calles asfaltadas y plazas iluminadas, pero el Presupuesto Participativo no deja de ser una fachada, porque el porcentaje es muy bajo. La calidad institucional en la Municipalidad es muy baja. Un ejemplo: cuando tenemos que discutir el COU (Código de Ordenamiento Urbano), se imponen criterios que tienen absolutamente el signo contrario de la participación, se privilegian una serie de intereses de tipo inmobiliario y no se tienen en cuenta los servicios públicos que se verán absolutamente resentidos.
- ¿Y cómo analiza la gestión de Scioli?
- Veintitrés años de gobierno del mismo partido en la Provincia nos han entregado un sistema de educación muy malo, con una prueba terrible cono fue el Polimodal. En seguridad, no hace falta hablar nada: estamos cada vez peor y no nos damos cuenta de que la marginalidad crece y de que los negocios que se hacen son negocios donde camina la droga, el juego y el alcohol, y que todo eso es caldo de cultivo para organizaciones que terminan delinquiendo. El Gobierno se ha mostrado absolutamente incapaz de tomar cartas en el asunto: ya no sólo asaltan en casas, sino que los mismos bancos son presa. Y esto tiene que ver con una concepción conservadora, muy parecida a la de los años ’90, que tiene el gobierno de la Provincia: cuando uno se pone a ver quiénes fueron los gobernadores y qué rol cumplieron en los ’90, en otro país nadie tendría dudas de tildarlos de derecha. No sé cómo todavía no nos damos cuenta de que es una continuidad perfecta.
- ¿Tan categórica debe ser esa definición?
- Es que es un partido conservador que no ha generado un cambio positivo en la distribución del ingreso y en la legalidad. Hoy se caen las facultades delegadas y pareciera que se cayera el mundo. Si Argentina está tan bien, no debieran haber facultades delegadas como tienen los presidentes desde el ’83 para acá.. Debe funcionar el Congreso y debe haber un control entre los tres poderes del Estado en una república que funcione. Por ejemplo, ¿cuántos años hace que en la Provincia venimos discutiendo el tema de la basura? El Ceamse es negocio redondo de cuatro vivos y nosotros no sabemos qué hacer con la basura. Si seguimos enterrando la basura debajo de la alfombra, nuestros recursos naturales, como el agua, se van a empezar a contaminar, como perdimos el Río de la Plata. Hoy nos damos cuenta de que el agua es un recursos valioso, pero hace 10 años era un recurso abundante y no lo valorábamos. Sin embargo, hoy tenemos que tener cuidado porque, si seguimos tirando basura industrial y de desechos urbanos al Río de la Plata y a las cuencas hídricas, vamos a terminar contaminando los acuíferos de donde bebemos. Y, en ese sentido, el gobierno de (Daniel) Scioli no ha cambiado nada. Y lo mismo va en la actividad económica. Argentina es un país muy desigual, y en 23 años no se ha hecho más que concentrar la economía en la Provincia. El país es un capitalismo de amigos: hemos cambiado los amigos de los ’90 por otros distintos que hoy se hacen poderosos.
lunes, 23 de agosto de 2010
PARTIDO SOCIALISTA - 10 PUNTOS PROGRAMÁTICOS POR UN FRENTE PROGRESISTA EN LA ARGENTINA
En las pasadas elecciones nacionales del 28 de junio de 2009, el pueblo argentino marcó con su voto la necesidad de un cambio, propinándole una clara derrota al kirchnerismo. Se trata entonces de dar una respuesta concreta a esa necesidad con la construcción de un Frente Progresista que genere una expectativa para las próximas elecciones nacionales de 2011.
En este sentido, el socialismo viene planteando desde su Primer Congreso Nacional Ordinario del 25 de junio de 2005, la necesidad de construir un sólido frente en la Argentina que integre aquellas organizaciones políticas y sociales del espacio progresista que expresen propuestas alternativas al proyecto del oficialismo y a las alternativas de derecha.
El gobierno nacional deja indudablemente una amplia agenda de temas pendientes en el camino de la consolidación democrática. Agenda a la que un frente progresista de centro-izquierda puede realizar una importante contribución.
Las instituciones de Argentina atraviesan una crisis que es más política que económica y explica el desinterés de los ciudadanos hacia la cosa pública y del debilitamiento de la noción del bien común. Ante esta situación, creemos necesario edificar respuestas alternativas en lo político, en lo social y en lo económico que reflejen el proyecto de país solidario, justo y democrático que imaginamos.
Cuando pensamos el país que queremos, lo hacemos desde la reivindicación del federalismo y del reconocimiento de la diversidad de las provincias y sus realidades, como así también de las especificidades que acentúan las diferencias de escala entre lo nacional, lo provincial y lo local. Estamos convencidos que fruto del dialogo y la concertación con las fuerzas progresistas se puede avanzar hacia un cambio de cultura política que jerarquice las coincidencias sobre las diferencias, y que permita construir una unidad nacional respetando la autonomía de los Estados subnacionales.
En este marco, es nuestra responsabilidad y obligación sumar ideas y voluntades para tratar los temas fundamentales de una agenda progresista y así alcanzar, en los próximos meses, un consenso amplio y generoso.
Debemos aspirar a conquistar la voluntad de las mayorías para ejercer el gobierno del Estado. Es entonces necesario construir un progresismo de mayorías, con vocación de poder. Y para eso es fundamental la herramienta política.
La herramienta política que permita articular la alternativa para el 2011 debe edificarse en torno a sólidos compromisos programáticos de centroizquierda y no en torno a liderazgos de popularidad coyunturales. Es necesario de esta forma que el punto de partida de ese frente progresista sea un consistente acuerdo programático que trascienda tanto lo meramente discursivo como la discusión de las candidaturas, y que tenga como eje el desarrollo integral del país y la profundización de la democracia en todos sus frentes.
Un frente progresista en donde estén identificados actores, programas y pautas de funcionamiento. Este trípode esencial es la garantía de una construcción y desarrollo sano y vigoroso del frente. Sin reglas claras no habrá futuro, y en consecuencia el final otra vez nos remitirá a una frustración.
El desafío, aquí y ahora, es avanzar más allá de los límites del modelo vigente, para dar lugar a una democracia más transparente y participativa, que retome los principios históricos que inspiraron las luchas democráticas, la igualdad, la libertad, la solidaridad y la justicia social. Y para ello es necesario en definitiva sentar los cimientos de una democracia de nuevas bases, que conjugue calidad institucional y distribución social y federal de la riqueza nacional.
En esa perspectiva el Partido Socialista, consciente de su responsabilidad como fuerza históricamente comprometida con la clase trabajadora y los sectores populares, pone a consideración de la ciudadanía un programa de diez puntos como aporte para el diálogo con todos los sectores políticos y sociales que comparten nuestra visión de país que nos permita confluir en un espacio programático de coincidencias progresistas.
El futuro será posible si lo imaginamos ya desde el presente. Las pasadas elecciones nacionales expresaron con contundencia una voluntad inapelable de cambio que permitiera abrir una etapa de diálogo y consensos para abordar las cuestiones que todavía están pendientes en la República Argentina. La crisis del 2001 expreso una profunda interpelación hacia el sistema político-institucional argentino. Un profundo cuestionamiento frente a los temas pendientes de la democracia. Desde entonces iniciamos una etapa de transición que va desde un fin de siglo XX marcado por el neoliberalismo hacia un siglo XXI claramente social y progresista. Es en este marco que tenemos la necesidad perentoria de ofrecer al país una alternativa que nos permita edificar un futuro con más igualdad, libertad y justicia social.
I- GARANTIA DE EMPLEO Y DISTRIBUCION DEL INGRESO.
Vivimos en un país con grandes riquezas pero profundamente injusto y desigual. Seis años de crecimiento económico sostenido no ha logrado revertir sustancialmente los patrones regresivos de distribución del ingreso heredados de la última dictadura y profundizados durante los años de hegemonía neoliberal.
La inserción a través del trabajo debe seguir siendo la piedra angular del combate contra la pobreza y la exclusión social, ya que el trabajo sigue siendo la actividad fundamental de la sociedad y fuente principal de la riqueza, por lo que deben impulsarse políticas de pleno empleo y garantizar el derecho de todas las personas a un empleo digno, estable y bien remunerado. Sin perjuicio de ello, es imprescindible profundizar las políticas sociales universales, que con un eje central en la igualdad, garanticen una red básica de protección social que garantice un umbral mínimo de ingresos a partir del cual las personas puedan incorporarse en mejores condiciones al mercado laboral y acceder a los sistemas educativos y de salud.
Por ello es necesario poner en marcha un conjunto de acciones estatales dirigidas a abordar integralmente el problema de la pobreza y la exclusión social a partir de políticas sociales y de generación de empleo que debe sostenerse fundamentalmente en una distribución más equitativa de la riqueza, en la estabilidad laboral y en la inversión en salarios y en capacitación. Entre ellas mencionamos:
• Un país que produce alimentos para 300 millones de personas, no puede permitir que sus habitantes pasen hambre, y mucho menos la desnutrición infantil. Esta situación es éticamente inadmisible. Por eso como socialistas, promovemos la “indigencia cero” y la reducción drástica de la pobreza.
• Institucionalización de la Asignación por Hijo mediante una ley que amplíe el beneficio hasta hacerlo verdaderamente universal y que plantee una clausula de ajuste automático que permita mantener el poder adquisitivo de los beneficios percibidos.
• Formalización y mayor estabilidad a través de la generación de empleo digno y de calidad.
• Pleno respeto de la jornada de 8 horas y del descanso semanal, como primer paso para debatir la implementación de un proyecto de reducción de la jornada laboral;
• Sanción de una ley de franquicia tributaria que promueva la inversión en capacitación y formación laboral de los/las trabajadores/as.
• Democratización del modelo sindical y otorgamiento de la personería gremial a la CTA.
• Igual salario por trabajo de igual valor; licencias por maternidad compartidas para la madre y padre trabajador con carácter contributivo, leyes específicas contra la violencia laboral, y contra la discriminación laboral por género y diversidad sexual.
• Regularización y contratación efectiva de todo el personal que se desempeña en la administración pública y en el sector privado bajo la modalidad de locación de servicios que oculta una relación de empleo en relación de dependencia.
• Programas activos para la promoción de la igualdad entre varones y mujeres en el empleo, y servicios de cuidados infantiles para los padres/madres que trabajan.
• Ley de Promoción del Empleo Joven.
II- REFORMA TRIBUTARIA.
La República Argentina se caracteriza por tener uno de los sistemas tributarios más regresivos y fuertemente centralizados del mundo, que se apoya centralmente en impuestos al consumo que impactan duramente en los sectores populares. Este sistema tributario fue profundizado durante los últimos años a lo largo del ciclo expansivo de la economía, lo que le permitió al gobierno nacional obtener cuantiosos superávits fiscales, a costa centralmente de las finanzas provinciales y municipales que fueron deteriorándose rápidamente.
Frente a un sistema tributario caracterizado por una fuerte regresividad en la carga impositiva y por su carácter asimétrico y centralista, propiciamos una reforma integral del sistema impositivo que a la vez que coloque su énfasis en los impuestos a las grandes rentas, respete el federalismo y otorgue a las provincias posibilidades plenas de desarrollo y autonomía. Por ello, proponemos:
• Eliminación del IVA y demás impuestos internos que gravan los productos de la canasta básica familiar y garantizar que dicha disminución tenga su correlato directo en la caída de los precios de estos productos de forma de mejorar el poder adquisitivo de los ingresos de la población de menores recursos
• Gravar con el Impuesto a las Ganancias a la Renta Financiera en todas sus expresiones.
• Implementación de un Impuesto al Juego
• Implementación de un Impuesto a las Grandes Herencias.
• Gravar la renta minera y petrolera;
• Inmediato cumplimiento de la ley vigente de Coparticipación Federal en lo que respecta al piso de recursos del 34% sobre el total recaudado que debe ser distribuido a las provincias, y pronta sanción de una nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos que, en cumplimiento del mandato constitucional, permita la construcción de un federalismo fuerte y el pleno respeto de las autonomías provinciales y municipales.
• Inmediata recuperación de la participación de las provincias en la masa coparticipable a través del reintegro del 15% que actualmente se deriva al ANSES; de la coparticipación completa del impuesto a los créditos y débitos bancarios; y de la derogación del decreto 1399/01 mediante el cual se detraen fondos coparticipables para el financiamiento de la AFIP.
• Régimen de compensaciones a las provincias que no mantienen deuda con el Estado nacional, y plan de acompañamiento con monitoreo social para sanear las deudas de las provincias más complicadas financieramente para garantizar la mejora de las prestaciones de educación, salud y vivienda en el orden provincial;
• Esquema de retenciones diferenciales y progresivas, que reconozca las asimetrías existentes entre los grandes pooles de siembra y fideicomisos financieros que administran miles de hectáreas, y los pequeños y medianos productores, muchos de ellos nucleados en entidades cooperativas, que históricamente han cimentado el desarrollo económico y social del interior del país, resguardándose al mismo tiempo el consumo interno, especialmente de los sectores de menores ingresos. Asimismo, deben tomarse medidas que garanticen la justicia distributiva en lo recaudado, que deben contemplar necesariamente un criterio verdaderamente federal que le permita al Estado en sus diferentes niveles–provincial, municipal y comunal– llevar el bienestar a sus ciudadanos.
• Exenciones impositivas para producciones musicales de artistas nacionales y del Mercosur.
III- CALIDAD INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA Y CONTROL DE LOS ACTOS DE GOBIERNO
Los problemas de la democracia se corrigen con más y mejor democracia. La única gobernabilidad posible es en este sentido la que se asienta en el consenso y la participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos.
El desafío futuro pasa por construir instituciones democráticas sólidas, transparentes, responsables ante la ciudadanía, y, sobre todo, cada vez más participativas. Hoy, más que nunca, es necesario ir más allá del voto, y en el camino hacia una democracia de calidad, recuperar la idea de una esfera pública vibrante en la que la deliberación y la participación tornen posible el autogobierno individual y colectivo.
Asumiendo así la necesidad de avanzar en el mejoramiento de la calidad institucional de nuestra democracia, proponemos las siguientes medidas:
• Respeto a la Constitución Nacional y a las leyes;
• Un Consejo Económico y Social como mecanismo institucional de diálogo y concertación social que permita a todos los sectores que representan en su pluralidad la rica realidad social debatir colectivamente un nuevo proyecto de país.
• Implementación de presupuestos participativos en el orden nacional y de otros mecanismos de participación ciudadana;
• Promoción de una mayor institucionalidad pública y privada,
• Modificación de la ley que reglamentó la facultad de dictar Decretos de Necesidad y Urgencia, a fin de garantizar un adecuado control parlamentario de los mismos;
• Eliminación de los superpoderes y demás legislación delegada, que permita jerarquizar el rol del Congreso Nacional,
• Nuevo marco legal que garantice la independencia y autarquía funcional y financiera del INDEC.
• Incorporación en el Sistema Estadístico Nacional de la perspectiva de género y del uso del tiempo, para posibilitar el adecuado diseño, implementación y monitoreo de políticas para la efectiva igualdad entre varones y mujeres en el ámbito público y privado.
• Paridad, es decir, participación igualitaria de varones y mujeres en todos los ámbitos de decisión como condición imprescindible para el logro de la plena ciudadanía;
• Ley de acceso a la información que asegure la transparencia de los actos de gobierno.
• Refuerzo de los mecanismos de control y lucha contra la corrupción a todo nivel.
• Boleta única para la elección de presidente y vice, y legisladores nacionales
• Regulación, restricción y transparencia en el manejo de los fondos públicos utilizados para propaganda oficial.
• Derogación de los aspectos proscriptivos de la ley 26571, mal llamada de “democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral”
IV- REFORMA PREVISIONAL
La recuperación económica que prosiguió la profunda crisis económica, fiscal y política del año 2001 fue acompañada por un profundo proceso inflacionario que afectó el poder adquisitivo de los ingresos de las familias y de los haberes de los jubilados y pensionados.
Si bien desde el año 2002 se otorgaron una serie de incrementos positivos a los haberes previsionales, sin que existieran reglas claras o mecanismos objetivos que permitieran garantizar el mantenimiento de su poder adquisitivo en el largo plazo. Finalmente, en octubre de 2008 se sancionó la Ley 26.417 que estableció una movilidad automática (aunque insuficiente) de los haberes previsionales en función de una fórmula que combina la evolución del salario y de la recaudación del sistema previsional.
Sin embargo, la Ley 26.417 no resolvió dos problemas centrales del sistema previsional argentino: la desconexión entre el haber previsional mínimo y el salario mínimo, y además la pérdida de poder adquisitivo de los haberes durante el período comprendido entre 2001 y la aplicación del primer ajuste por movilidad previsto en la legislación para marzo de 2009.
En este marco es necesario garantizar haberes jubilatorios dignos como eje de un sistema de seguridad social integral, justo y solidario. En tal sentido, proponemos:
• Establecimiento del haber jubilatorio mínimo del Sistema Integrado Previsional Argentino (S.I.P.A.) en el 82 % del Salario Mínimo Vital y Móvil, en consonancia con el principio consagrado en el Artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, a fin de garantizar a los beneficiarios una adecuada, justa y razonable proporción entre el haber de la pasividad y las remuneraciones de los trabajadores en actividad.
• Recomposición de los haberes previsionales retrasados respecto de la evolución salarial a raíz de la limitada movilidad aplicada durante el período comprendido entre diciembre de 2001 y diciembre de 2007.
• Modificación del índice de movilidad de los haberes jubilatorios y pensiones, a fin de que su evolución sólo dependa de la evolución de los salarios y no del incremento de la recaudación.
• Creación de un Sistema de Créditos Contributivos para fomentar la equidad de género en el Sistema Previsional Argentino a través del establecimiento de una compensación para la historia contributiva de la mujer en razón del nacimiento o la adopción de un hijo, que permita el acceso a los beneficios previsionales en un plano de igualdad.
• Moratoria previsional que permita ingresar al sistema previsional a todas aquellas personas que hoy no se encuentran amparadas o contenidas en la moratoria vigente.
• Restitución de las contribuciones patronales para las grandes empresas a los niveles vigentes en 1993.
• Pago inmediato de las sentencias previsionales en contra del Estado.
V- SERVICIOS PUBLICOS.
En poco más de cuatro años Argentina privatizó casi la totalidad de las empresas públicas productoras de bienes y prestadoras de servicios que en su conjunto generaban aproximadamente el 8% del PBI total y alrededor del 20% de la inversión global del país. Sin marcos regulatorios claros y bien diseñados que permitieran el desarrollo de una política regulatoria eficaz, el modelo privatizador condujo a la desprotección de los usuarios mientras las empresas concesionarias disfrutaron, y aun disfrutan, de rentas extraordinarias, mientras el Estado les reparte discrecionalmente millonarios subsidios.
Frente a ello resultan necesarias nuevas políticas en relación a los servicios públicos privatizados que permitan un papel activo del Estado en el control y regulación de los mismos. En tal sentido proponemos:
• Nuevo Marco Regulatorio General de los Servicios Públicos que garantice el acceso universal a los servicios esenciales a través de la vigencia de una tarifa social, que permita una mayor participación de los usuarios, y que impida la apropiación de rentas extraordinarias por parte de empresas multinacionales;
• Ley de Rutas Nacionales que establezca un marco regulatorio para el mejoramiento, reparación, mantenimiento, ampliación y construcción de rutas y caminos nacionales. Revisión de las concesiones de peaje.
• Limitación a la repatriación de ganancias de las empresas privatizadas y a las ganancias extraordinarias.
• Declaración de servicio público a la producción, comercialización y distribución del Gas Licuado de Petróleo, con el objeto de asegurar a los sectores de menores recursos del país la compra de garrafas a un precio accesible a su economía familiar.
• Distribución equitativa de los subsidios al transporte público, la energía y el gas, que permita equiparar las tarifas del interior del país con las que se pagan en la Ciudad de Buenos Aires.
• Inmediata convocatoria a concurso público para integrar los directorios de los Entes de Control de los servicios públicos concesionados.
• Reconstruir y rediseñar la estructura ferroviaria existente con el objetivo de promover el transporte de cargas y pasajeros por esta vía, conectando puntos distantes del territorio nacional y mejorando la seguridad vial en las rutas.
VI- EDUCACION Y SALUD.
La salud y la educación, en tanto derechos humanos básicos de acceso universal, deben estar en el centro de las preocupaciones y anhelos de nuestra sociedad. Para ello es necesario plantearse objetivos ambiciosos, que se plasmen en un concepto más amplio de ciudadanía, con la vista puesta en la construcción de un presente y un futuro mejor para todos. Por ello proponemos:
• Ley Nacional de Sistema Único de Salud, que permita garantizar la accesibilidad, la equidad, la calidad y la participación en la atención integral de su salud a todos los habitantes del territorio nacional, mediante el ordenamiento de los recursos públicos prestacionales y económicos en un sistema integrado.
• Una nueva Ley de Educación Superior, que deberá establecer que las Universidades nacionales serán autónomas, cogobernadas, gratuitas, de libre acceso y estarán orientadas al desarrollo sustentable del país y su inserción autónoma en un mundo que cambia vertiginosamente; a la creación científica y tecnológica; la formación integral de personas y profesionales; la consolidación de la cultura política democrática y el fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía; el respeto por los derechos; y los procesos de integración y desarrollo regional.
• Jerarquización de la educación de calidad, el acceso al conocimiento informático, becas y canasta escolar gratuita que incluya los libros. Garantizar la laicidad de la educación pública.
• Asegurar 13 años de escolaridad mínima, umbral para tener alguna posibilidad de salir de la pobreza.
• Convocatoria a un congreso pedagógico nacional,
• Socialización de las herramientas informáticas (wi-fi en todo el territorio nacional)
• Implementación en el más breve plazo posible de la Ley de Educación Sexual Integral en todos los niveles y en todas las provincias.
• Programa nacional de nutrición y salud escolar.
• Efectivo acceso a los servicios de salud reproductiva universales y gratuitos. Consejerías y provisión de todos los métodos anticonceptivos, ligadura de trompas y vasectomía.
• Despenalización del aborto para reducir el número de muertes maternas por abortos inseguros y apoyo al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito conformada por más de 200 organizaciones de todo el país.
• Legislación que garantice a toda la población el acceso a la información, orientación, diagnóstico y prácticas para la reproducción humana asistida.
• Políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres y asistir a las víctimas de violencia familiar, violación y trata de personas.
• Favorecer la estrategia de prevención y promoción de la salud;
• Primer nivel de atención primaria de salud descentralizada a los municipios con competencias y recursos adecuados para su funcionamiento eficaz.
• Construcción de ciudadanía en salud que contemple una cobertura universal;
• Sistema federal de salud sobre la base de los servicios públicos jurisdiccionales con la coordinación activa del Consejo Federal de Salud.
• Reforzamiento de las competencias e instrumentos del Estado nacional para desempeñar un rol activo en la regulación, producción e importación de medicamentos así como en el control de su calidad y efectividad.
VII.- JUSTICIA, SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS.
Indudablemente, la plena vigencia de un Estado Democrático de Derecho demanda que la aplicación y respeto permanente y continuado de los principios constitucionales y legales. Y para ello es esencial asegurar la independencia y estabilidad del Poder Judicial.
En lo que respecta al problema de la inseguridad, ha quedado empíricamente demostrado el fracaso de la estrategia de endurecimiento de penas y reforzamiento del brazo punitivo del Estado. Por ello, el eje sustancial de una política contra la inseguridad y el delito debe pasar por el mejoramiento de las condiciones sociales, el combate a la impunidad y la connivencia mafiosa entre sectores policiales y penitenciarios, sectores políticos y sectores económicos concentrados, y el reforzamiento de la vía preventiva que es, fundamentalmente, la vía de la inclusión social en especial para los jóvenes.
En tal sentido impulsamos:
• Implementación de políticas tendientes a lograr la plena vigencia de los derechos humanos en forma integral;
• Modificación de la ley del Consejo de la Magistratura, a fin de garantizar la imparcialidad e independencia del Poder Judicial.
• Mecanismos de control social sobre el Poder Judicial y acceso universal al sistema de justicia.
• Creación de juzgados vecinales y de fiscalías barriales descentralizadas y especializadas
• Implementación de policía judicial.
• Reforma de los regímenes procesales penales y creación de los juzgados penales necesarios para cumplimentar en tiempo y forma con el juzgamiento de las personas procesadas.
• Reforma del sistema penitenciario e institutos carcelarios que permita el mejor logro del objetivo de la resocialización de los reclusos previsto en nuestra Constitución Nacional.
• Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que establezca un procedimiento distinto del proceso penal ordinario, y con todas las garantías constitucionales, para los menores en conflicto con la ley penal.
• Establecimiento de medidas preventivas como primer paso para combatir el delito, a través de programas de atención a sectores vulnerables y la jerarquización de las instituciones que contribuyan a la formación y contención de la juventud.
• Reformas policiales que permitan una amplia participación y control de la comunidad en la seguridad.
• Reformas en el sistema de justicia y policial dirigidas a combatir la violencia de género en todas sus formas, y la violencia contra niñas y niños, removiendo los obstáculos tanto en los procedimientos como en la capacitación de sus miembros que impiden la prevención, la sanción y persecución.
• Reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios, dando cumplimiento a las disposiciones constitucionales y a los compromisos internacionales que nuestro país ha asumido, avanzando hacia la conformación de un Estado pluricultural.
VIII- SISTEMA FINANCIERO, DEUDA PUBLICA, PYMES Y ECONOMIA SOCIAL.
No es posible sostener un proceso de expansión económica ni garantizar mayores niveles de bienestar social sin acceso al crédito. En este sentido, el sistema bancario y financiero debe brindar apoyo y asistencia a la actividad productiva y a las familias, privilegiando los créditos hipotecarios para vivienda única familiar, las pequeñas y medianas empresas, las entidades de la economía social y los sectores productivos más postergados del interior, quienes tienen un acceso muy limitado al crédito y a tasas prohibitivas.
En este sentido, las políticas destinadas a las PYMES y al sector de la economía social ocupan en nuestro país una posición subordinada respecto a los objetivos de la política macroeconómica y de competitividad. La importancia que tanto las pequeñas y medianas empresas (PYMES) como las organizaciones de la economía social (cooperativas y mutuales) revisten para el desarrollo productivo y el bienestar del conjunto de la población hace necesario que el Estado promueva su desarrollo y consolidación. De esta forma, resulta imprescindible implementar una política de apoyo y promoción a estos sectores fundamentales en el proceso de democratización de la economía y desarrollo de un modelo productivo solidario, integrado y diversificado.
Debe encararse asimismo una profunda reforma del sistema financiero que permita recuperar el crédito para el sector productivo y las familias, que estimule una banca pública, de desarrollo y fomento, y el fomento de la banca cooperativa. Para ello promovemos:
Sistema Financiero
• Sanción de una nueva ley de entidades financieras que reconozca el carácter de servicio público de la actividad financiera y su importancia crucial para el desarrollo económico y social equitativo.
• Fortalecimiento de la banca pública, y promoción de créditos a PYMES, jóvenes emprendedores, entidades de la economía social, entre otros sectores que tienen acceso limitado a fuentes de financiamiento.
• Conformación de una Comisión Bicameral de investigación de la legitimidad de la deuda externa
• Créditos blandos con sentido social, que posibiliten la compra de la vivienda familiar y el apoyo a los deudores hipotecarios para evitar el remate de la vivienda familiar única.
PYMES
• Creación de un Sistema Integral para el Desarrollo y Promoción de PYMES, que debe estar compuesto por representantes del sector público, del sector privado y de las universidades nacionales, y que tendrá a su cargo la elaboración de un Plan Estratégico General y por Regiones de desarrollo y sostenimiento de PYMES;
• Formación de redes solidarias que promuevan una amplia cooperación entre las entidades de la economía social y las PYMES, con las universidades públicas y organismos estatales de asistencia técnica, a fin de que las mismas puedan acceder al conocimiento y las capacidades productivas.
• Apoyo integral del acceso al conocimiento a través de programas de capacitación sobre gestión industrial y comercial, normas de calidad y comercio exterior,
• Régimen de promoción impositiva destinado a las PYMES. Garantizar una línea de créditos a tasas accesibles y subsidiadas para la micro, pequeñas y medianas empresas
Economía Social
• Apoyo a los proyectos de recuperación de empresas por parte de los trabajadores a través de la sanción de un régimen de fomento y asistencia técnica y financiera para estos emprendimientos.
• Modificación de la ley de quiebras.
• Promoción de redes de empresas recuperadas.
• Respaldo a proyectos autogestionados que generen empleo y una producción con mayor valor agregado;
• Apoyo a la banca cooperativa y mutual. Fomento y estímulo a las Cajas de Crédito Cooperativas;
IX- MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE y USO DEL SUELO
La degradación ambiental no es una consecuencia inevitable de la actividad humana, sino una resultante del modelo de desarrollo vigente. Frente a ello, debe reafirmarse el carácter prioritario de la preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras en el marco de un desarrollo equitativo y sustentable.
En tal sentido, promovemos una política de preservación del medio ambiente que permita un uso racional de nuestros recursos naturales en el marco de un desarrollo sustentable, a través de:
• Prohibición de la deforestación indiscriminada que tiene lugar en distintos puntos del país y elaboración de un plan nacional sustentable de explotación forestal;
• Legislación que contribuya a revertir los procesos de degradación de los recursos y sancione las prácticas que atenten contra la sustentabilidad ecológica.
• Promoción de la planificación ambiental, con participación popular y educación ambiental.
• Promover una política de explotación agropecuaria sustentable desde el punto de vista de la salud de la población y la biodiversidad.
• Política integral de tierra, como bien social, que incluya el control de su uso y de su propiedad ante el proceso de concentración y extranjerización de la misma, por un lado, y ante la explotación irracional de los recursos de la tierra, por el otro.
• Debe darse una respuesta racional y austera contrapuesta al despilfarro que históricamente se ha hecho de nuestros recursos naturales y artificiales, producto de la especulación del sector privado y aún del propio Estado en sus tres niveles.
• Nuevo Código de Minería que permita un mejor control estatal en la explotación de los recursos minerales, una mayor participación de Estado en la rentabilidad, y el desarrollo de la actividad en una forma compatible con el medio ambiente y las poblaciones lindantes.
• Recuperación de la renta hidrocarburífera para el Estado Argentino, mediante procesos de revisión y/o anulación de las concesiones otorgadas y/o prorrogadas irregularmente. Asimismo, la modificación del marco legislativo sancionado en la década de los 90 que posibilita la remisión de utilidades sin límites y la explotación irracional de los recursos no renovables para su exportación.
• Desarrollo y puesta en marcha de un plan energético nacional integral que abarque la extracción de fluídos y de sólidos, el aprovechamiento de las energías cinéticas naturales (cursos de agua, vientos, mareas, etc.), el desarrollo de la energía nuclear y otras fuentes alternativas de energía (biocombustibles, biomasa o microturbinas) para la producción, el transporte y el consumo. Este plan energético debe diseñarse bajo las premisas de satisfacción de las crecientes necesidades de desarrollo productivo y del transporte; sustentabilidad; y logro de la soberanía energética.
• Promover la creación de un Consejo Federal de Recursos Naturales No Renovables integrado por las provincias y la Nación a los efectos de fijar una política que, atendiendo los requerimientos provinciales, determine para toda la Nación una explotación racional y sustentable de los recursos naturales no renovables.
• Intangibilidad de los recursos hídricos y accesibilidad de costas y márgenes.
X - INTEGRACION REGIONAL.
Es necesario avanzar hacia una integración regional entendida no en términos de mercados sino como un proceso orientado a mejorar las oportunidades de desarrollo de los pueblos sobre la base de la equidad social y con un fuerte compromiso solidario. En tal sentido, proponemos:
• Consolidación y fortalecimiento de los espacios regionales del Mercosur y el UNASUR.
• Profundización de la unidad latinoamericana y del Caribe.
• Denuncia de los Tratados bilaterales de protección de inversiones que contengan en sus disposiciones la renuncia de la soberanía judicial a favor de tribunales extranjeros para entablar demandas contra nuestro país.
• Reivindicación de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
En este sentido, el socialismo viene planteando desde su Primer Congreso Nacional Ordinario del 25 de junio de 2005, la necesidad de construir un sólido frente en la Argentina que integre aquellas organizaciones políticas y sociales del espacio progresista que expresen propuestas alternativas al proyecto del oficialismo y a las alternativas de derecha.
El gobierno nacional deja indudablemente una amplia agenda de temas pendientes en el camino de la consolidación democrática. Agenda a la que un frente progresista de centro-izquierda puede realizar una importante contribución.
Las instituciones de Argentina atraviesan una crisis que es más política que económica y explica el desinterés de los ciudadanos hacia la cosa pública y del debilitamiento de la noción del bien común. Ante esta situación, creemos necesario edificar respuestas alternativas en lo político, en lo social y en lo económico que reflejen el proyecto de país solidario, justo y democrático que imaginamos.
Cuando pensamos el país que queremos, lo hacemos desde la reivindicación del federalismo y del reconocimiento de la diversidad de las provincias y sus realidades, como así también de las especificidades que acentúan las diferencias de escala entre lo nacional, lo provincial y lo local. Estamos convencidos que fruto del dialogo y la concertación con las fuerzas progresistas se puede avanzar hacia un cambio de cultura política que jerarquice las coincidencias sobre las diferencias, y que permita construir una unidad nacional respetando la autonomía de los Estados subnacionales.
En este marco, es nuestra responsabilidad y obligación sumar ideas y voluntades para tratar los temas fundamentales de una agenda progresista y así alcanzar, en los próximos meses, un consenso amplio y generoso.
Debemos aspirar a conquistar la voluntad de las mayorías para ejercer el gobierno del Estado. Es entonces necesario construir un progresismo de mayorías, con vocación de poder. Y para eso es fundamental la herramienta política.
La herramienta política que permita articular la alternativa para el 2011 debe edificarse en torno a sólidos compromisos programáticos de centroizquierda y no en torno a liderazgos de popularidad coyunturales. Es necesario de esta forma que el punto de partida de ese frente progresista sea un consistente acuerdo programático que trascienda tanto lo meramente discursivo como la discusión de las candidaturas, y que tenga como eje el desarrollo integral del país y la profundización de la democracia en todos sus frentes.
Un frente progresista en donde estén identificados actores, programas y pautas de funcionamiento. Este trípode esencial es la garantía de una construcción y desarrollo sano y vigoroso del frente. Sin reglas claras no habrá futuro, y en consecuencia el final otra vez nos remitirá a una frustración.
El desafío, aquí y ahora, es avanzar más allá de los límites del modelo vigente, para dar lugar a una democracia más transparente y participativa, que retome los principios históricos que inspiraron las luchas democráticas, la igualdad, la libertad, la solidaridad y la justicia social. Y para ello es necesario en definitiva sentar los cimientos de una democracia de nuevas bases, que conjugue calidad institucional y distribución social y federal de la riqueza nacional.
En esa perspectiva el Partido Socialista, consciente de su responsabilidad como fuerza históricamente comprometida con la clase trabajadora y los sectores populares, pone a consideración de la ciudadanía un programa de diez puntos como aporte para el diálogo con todos los sectores políticos y sociales que comparten nuestra visión de país que nos permita confluir en un espacio programático de coincidencias progresistas.
El futuro será posible si lo imaginamos ya desde el presente. Las pasadas elecciones nacionales expresaron con contundencia una voluntad inapelable de cambio que permitiera abrir una etapa de diálogo y consensos para abordar las cuestiones que todavía están pendientes en la República Argentina. La crisis del 2001 expreso una profunda interpelación hacia el sistema político-institucional argentino. Un profundo cuestionamiento frente a los temas pendientes de la democracia. Desde entonces iniciamos una etapa de transición que va desde un fin de siglo XX marcado por el neoliberalismo hacia un siglo XXI claramente social y progresista. Es en este marco que tenemos la necesidad perentoria de ofrecer al país una alternativa que nos permita edificar un futuro con más igualdad, libertad y justicia social.
I- GARANTIA DE EMPLEO Y DISTRIBUCION DEL INGRESO.
Vivimos en un país con grandes riquezas pero profundamente injusto y desigual. Seis años de crecimiento económico sostenido no ha logrado revertir sustancialmente los patrones regresivos de distribución del ingreso heredados de la última dictadura y profundizados durante los años de hegemonía neoliberal.
La inserción a través del trabajo debe seguir siendo la piedra angular del combate contra la pobreza y la exclusión social, ya que el trabajo sigue siendo la actividad fundamental de la sociedad y fuente principal de la riqueza, por lo que deben impulsarse políticas de pleno empleo y garantizar el derecho de todas las personas a un empleo digno, estable y bien remunerado. Sin perjuicio de ello, es imprescindible profundizar las políticas sociales universales, que con un eje central en la igualdad, garanticen una red básica de protección social que garantice un umbral mínimo de ingresos a partir del cual las personas puedan incorporarse en mejores condiciones al mercado laboral y acceder a los sistemas educativos y de salud.
Por ello es necesario poner en marcha un conjunto de acciones estatales dirigidas a abordar integralmente el problema de la pobreza y la exclusión social a partir de políticas sociales y de generación de empleo que debe sostenerse fundamentalmente en una distribución más equitativa de la riqueza, en la estabilidad laboral y en la inversión en salarios y en capacitación. Entre ellas mencionamos:
• Un país que produce alimentos para 300 millones de personas, no puede permitir que sus habitantes pasen hambre, y mucho menos la desnutrición infantil. Esta situación es éticamente inadmisible. Por eso como socialistas, promovemos la “indigencia cero” y la reducción drástica de la pobreza.
• Institucionalización de la Asignación por Hijo mediante una ley que amplíe el beneficio hasta hacerlo verdaderamente universal y que plantee una clausula de ajuste automático que permita mantener el poder adquisitivo de los beneficios percibidos.
• Formalización y mayor estabilidad a través de la generación de empleo digno y de calidad.
• Pleno respeto de la jornada de 8 horas y del descanso semanal, como primer paso para debatir la implementación de un proyecto de reducción de la jornada laboral;
• Sanción de una ley de franquicia tributaria que promueva la inversión en capacitación y formación laboral de los/las trabajadores/as.
• Democratización del modelo sindical y otorgamiento de la personería gremial a la CTA.
• Igual salario por trabajo de igual valor; licencias por maternidad compartidas para la madre y padre trabajador con carácter contributivo, leyes específicas contra la violencia laboral, y contra la discriminación laboral por género y diversidad sexual.
• Regularización y contratación efectiva de todo el personal que se desempeña en la administración pública y en el sector privado bajo la modalidad de locación de servicios que oculta una relación de empleo en relación de dependencia.
• Programas activos para la promoción de la igualdad entre varones y mujeres en el empleo, y servicios de cuidados infantiles para los padres/madres que trabajan.
• Ley de Promoción del Empleo Joven.
II- REFORMA TRIBUTARIA.
La República Argentina se caracteriza por tener uno de los sistemas tributarios más regresivos y fuertemente centralizados del mundo, que se apoya centralmente en impuestos al consumo que impactan duramente en los sectores populares. Este sistema tributario fue profundizado durante los últimos años a lo largo del ciclo expansivo de la economía, lo que le permitió al gobierno nacional obtener cuantiosos superávits fiscales, a costa centralmente de las finanzas provinciales y municipales que fueron deteriorándose rápidamente.
Frente a un sistema tributario caracterizado por una fuerte regresividad en la carga impositiva y por su carácter asimétrico y centralista, propiciamos una reforma integral del sistema impositivo que a la vez que coloque su énfasis en los impuestos a las grandes rentas, respete el federalismo y otorgue a las provincias posibilidades plenas de desarrollo y autonomía. Por ello, proponemos:
• Eliminación del IVA y demás impuestos internos que gravan los productos de la canasta básica familiar y garantizar que dicha disminución tenga su correlato directo en la caída de los precios de estos productos de forma de mejorar el poder adquisitivo de los ingresos de la población de menores recursos
• Gravar con el Impuesto a las Ganancias a la Renta Financiera en todas sus expresiones.
• Implementación de un Impuesto al Juego
• Implementación de un Impuesto a las Grandes Herencias.
• Gravar la renta minera y petrolera;
• Inmediato cumplimiento de la ley vigente de Coparticipación Federal en lo que respecta al piso de recursos del 34% sobre el total recaudado que debe ser distribuido a las provincias, y pronta sanción de una nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos que, en cumplimiento del mandato constitucional, permita la construcción de un federalismo fuerte y el pleno respeto de las autonomías provinciales y municipales.
• Inmediata recuperación de la participación de las provincias en la masa coparticipable a través del reintegro del 15% que actualmente se deriva al ANSES; de la coparticipación completa del impuesto a los créditos y débitos bancarios; y de la derogación del decreto 1399/01 mediante el cual se detraen fondos coparticipables para el financiamiento de la AFIP.
• Régimen de compensaciones a las provincias que no mantienen deuda con el Estado nacional, y plan de acompañamiento con monitoreo social para sanear las deudas de las provincias más complicadas financieramente para garantizar la mejora de las prestaciones de educación, salud y vivienda en el orden provincial;
• Esquema de retenciones diferenciales y progresivas, que reconozca las asimetrías existentes entre los grandes pooles de siembra y fideicomisos financieros que administran miles de hectáreas, y los pequeños y medianos productores, muchos de ellos nucleados en entidades cooperativas, que históricamente han cimentado el desarrollo económico y social del interior del país, resguardándose al mismo tiempo el consumo interno, especialmente de los sectores de menores ingresos. Asimismo, deben tomarse medidas que garanticen la justicia distributiva en lo recaudado, que deben contemplar necesariamente un criterio verdaderamente federal que le permita al Estado en sus diferentes niveles–provincial, municipal y comunal– llevar el bienestar a sus ciudadanos.
• Exenciones impositivas para producciones musicales de artistas nacionales y del Mercosur.
III- CALIDAD INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA Y CONTROL DE LOS ACTOS DE GOBIERNO
Los problemas de la democracia se corrigen con más y mejor democracia. La única gobernabilidad posible es en este sentido la que se asienta en el consenso y la participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos.
El desafío futuro pasa por construir instituciones democráticas sólidas, transparentes, responsables ante la ciudadanía, y, sobre todo, cada vez más participativas. Hoy, más que nunca, es necesario ir más allá del voto, y en el camino hacia una democracia de calidad, recuperar la idea de una esfera pública vibrante en la que la deliberación y la participación tornen posible el autogobierno individual y colectivo.
Asumiendo así la necesidad de avanzar en el mejoramiento de la calidad institucional de nuestra democracia, proponemos las siguientes medidas:
• Respeto a la Constitución Nacional y a las leyes;
• Un Consejo Económico y Social como mecanismo institucional de diálogo y concertación social que permita a todos los sectores que representan en su pluralidad la rica realidad social debatir colectivamente un nuevo proyecto de país.
• Implementación de presupuestos participativos en el orden nacional y de otros mecanismos de participación ciudadana;
• Promoción de una mayor institucionalidad pública y privada,
• Modificación de la ley que reglamentó la facultad de dictar Decretos de Necesidad y Urgencia, a fin de garantizar un adecuado control parlamentario de los mismos;
• Eliminación de los superpoderes y demás legislación delegada, que permita jerarquizar el rol del Congreso Nacional,
• Nuevo marco legal que garantice la independencia y autarquía funcional y financiera del INDEC.
• Incorporación en el Sistema Estadístico Nacional de la perspectiva de género y del uso del tiempo, para posibilitar el adecuado diseño, implementación y monitoreo de políticas para la efectiva igualdad entre varones y mujeres en el ámbito público y privado.
• Paridad, es decir, participación igualitaria de varones y mujeres en todos los ámbitos de decisión como condición imprescindible para el logro de la plena ciudadanía;
• Ley de acceso a la información que asegure la transparencia de los actos de gobierno.
• Refuerzo de los mecanismos de control y lucha contra la corrupción a todo nivel.
• Boleta única para la elección de presidente y vice, y legisladores nacionales
• Regulación, restricción y transparencia en el manejo de los fondos públicos utilizados para propaganda oficial.
• Derogación de los aspectos proscriptivos de la ley 26571, mal llamada de “democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral”
IV- REFORMA PREVISIONAL
La recuperación económica que prosiguió la profunda crisis económica, fiscal y política del año 2001 fue acompañada por un profundo proceso inflacionario que afectó el poder adquisitivo de los ingresos de las familias y de los haberes de los jubilados y pensionados.
Si bien desde el año 2002 se otorgaron una serie de incrementos positivos a los haberes previsionales, sin que existieran reglas claras o mecanismos objetivos que permitieran garantizar el mantenimiento de su poder adquisitivo en el largo plazo. Finalmente, en octubre de 2008 se sancionó la Ley 26.417 que estableció una movilidad automática (aunque insuficiente) de los haberes previsionales en función de una fórmula que combina la evolución del salario y de la recaudación del sistema previsional.
Sin embargo, la Ley 26.417 no resolvió dos problemas centrales del sistema previsional argentino: la desconexión entre el haber previsional mínimo y el salario mínimo, y además la pérdida de poder adquisitivo de los haberes durante el período comprendido entre 2001 y la aplicación del primer ajuste por movilidad previsto en la legislación para marzo de 2009.
En este marco es necesario garantizar haberes jubilatorios dignos como eje de un sistema de seguridad social integral, justo y solidario. En tal sentido, proponemos:
• Establecimiento del haber jubilatorio mínimo del Sistema Integrado Previsional Argentino (S.I.P.A.) en el 82 % del Salario Mínimo Vital y Móvil, en consonancia con el principio consagrado en el Artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, a fin de garantizar a los beneficiarios una adecuada, justa y razonable proporción entre el haber de la pasividad y las remuneraciones de los trabajadores en actividad.
• Recomposición de los haberes previsionales retrasados respecto de la evolución salarial a raíz de la limitada movilidad aplicada durante el período comprendido entre diciembre de 2001 y diciembre de 2007.
• Modificación del índice de movilidad de los haberes jubilatorios y pensiones, a fin de que su evolución sólo dependa de la evolución de los salarios y no del incremento de la recaudación.
• Creación de un Sistema de Créditos Contributivos para fomentar la equidad de género en el Sistema Previsional Argentino a través del establecimiento de una compensación para la historia contributiva de la mujer en razón del nacimiento o la adopción de un hijo, que permita el acceso a los beneficios previsionales en un plano de igualdad.
• Moratoria previsional que permita ingresar al sistema previsional a todas aquellas personas que hoy no se encuentran amparadas o contenidas en la moratoria vigente.
• Restitución de las contribuciones patronales para las grandes empresas a los niveles vigentes en 1993.
• Pago inmediato de las sentencias previsionales en contra del Estado.
V- SERVICIOS PUBLICOS.
En poco más de cuatro años Argentina privatizó casi la totalidad de las empresas públicas productoras de bienes y prestadoras de servicios que en su conjunto generaban aproximadamente el 8% del PBI total y alrededor del 20% de la inversión global del país. Sin marcos regulatorios claros y bien diseñados que permitieran el desarrollo de una política regulatoria eficaz, el modelo privatizador condujo a la desprotección de los usuarios mientras las empresas concesionarias disfrutaron, y aun disfrutan, de rentas extraordinarias, mientras el Estado les reparte discrecionalmente millonarios subsidios.
Frente a ello resultan necesarias nuevas políticas en relación a los servicios públicos privatizados que permitan un papel activo del Estado en el control y regulación de los mismos. En tal sentido proponemos:
• Nuevo Marco Regulatorio General de los Servicios Públicos que garantice el acceso universal a los servicios esenciales a través de la vigencia de una tarifa social, que permita una mayor participación de los usuarios, y que impida la apropiación de rentas extraordinarias por parte de empresas multinacionales;
• Ley de Rutas Nacionales que establezca un marco regulatorio para el mejoramiento, reparación, mantenimiento, ampliación y construcción de rutas y caminos nacionales. Revisión de las concesiones de peaje.
• Limitación a la repatriación de ganancias de las empresas privatizadas y a las ganancias extraordinarias.
• Declaración de servicio público a la producción, comercialización y distribución del Gas Licuado de Petróleo, con el objeto de asegurar a los sectores de menores recursos del país la compra de garrafas a un precio accesible a su economía familiar.
• Distribución equitativa de los subsidios al transporte público, la energía y el gas, que permita equiparar las tarifas del interior del país con las que se pagan en la Ciudad de Buenos Aires.
• Inmediata convocatoria a concurso público para integrar los directorios de los Entes de Control de los servicios públicos concesionados.
• Reconstruir y rediseñar la estructura ferroviaria existente con el objetivo de promover el transporte de cargas y pasajeros por esta vía, conectando puntos distantes del territorio nacional y mejorando la seguridad vial en las rutas.
VI- EDUCACION Y SALUD.
La salud y la educación, en tanto derechos humanos básicos de acceso universal, deben estar en el centro de las preocupaciones y anhelos de nuestra sociedad. Para ello es necesario plantearse objetivos ambiciosos, que se plasmen en un concepto más amplio de ciudadanía, con la vista puesta en la construcción de un presente y un futuro mejor para todos. Por ello proponemos:
• Ley Nacional de Sistema Único de Salud, que permita garantizar la accesibilidad, la equidad, la calidad y la participación en la atención integral de su salud a todos los habitantes del territorio nacional, mediante el ordenamiento de los recursos públicos prestacionales y económicos en un sistema integrado.
• Una nueva Ley de Educación Superior, que deberá establecer que las Universidades nacionales serán autónomas, cogobernadas, gratuitas, de libre acceso y estarán orientadas al desarrollo sustentable del país y su inserción autónoma en un mundo que cambia vertiginosamente; a la creación científica y tecnológica; la formación integral de personas y profesionales; la consolidación de la cultura política democrática y el fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía; el respeto por los derechos; y los procesos de integración y desarrollo regional.
• Jerarquización de la educación de calidad, el acceso al conocimiento informático, becas y canasta escolar gratuita que incluya los libros. Garantizar la laicidad de la educación pública.
• Asegurar 13 años de escolaridad mínima, umbral para tener alguna posibilidad de salir de la pobreza.
• Convocatoria a un congreso pedagógico nacional,
• Socialización de las herramientas informáticas (wi-fi en todo el territorio nacional)
• Implementación en el más breve plazo posible de la Ley de Educación Sexual Integral en todos los niveles y en todas las provincias.
• Programa nacional de nutrición y salud escolar.
• Efectivo acceso a los servicios de salud reproductiva universales y gratuitos. Consejerías y provisión de todos los métodos anticonceptivos, ligadura de trompas y vasectomía.
• Despenalización del aborto para reducir el número de muertes maternas por abortos inseguros y apoyo al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito conformada por más de 200 organizaciones de todo el país.
• Legislación que garantice a toda la población el acceso a la información, orientación, diagnóstico y prácticas para la reproducción humana asistida.
• Políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres y asistir a las víctimas de violencia familiar, violación y trata de personas.
• Favorecer la estrategia de prevención y promoción de la salud;
• Primer nivel de atención primaria de salud descentralizada a los municipios con competencias y recursos adecuados para su funcionamiento eficaz.
• Construcción de ciudadanía en salud que contemple una cobertura universal;
• Sistema federal de salud sobre la base de los servicios públicos jurisdiccionales con la coordinación activa del Consejo Federal de Salud.
• Reforzamiento de las competencias e instrumentos del Estado nacional para desempeñar un rol activo en la regulación, producción e importación de medicamentos así como en el control de su calidad y efectividad.
VII.- JUSTICIA, SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS.
Indudablemente, la plena vigencia de un Estado Democrático de Derecho demanda que la aplicación y respeto permanente y continuado de los principios constitucionales y legales. Y para ello es esencial asegurar la independencia y estabilidad del Poder Judicial.
En lo que respecta al problema de la inseguridad, ha quedado empíricamente demostrado el fracaso de la estrategia de endurecimiento de penas y reforzamiento del brazo punitivo del Estado. Por ello, el eje sustancial de una política contra la inseguridad y el delito debe pasar por el mejoramiento de las condiciones sociales, el combate a la impunidad y la connivencia mafiosa entre sectores policiales y penitenciarios, sectores políticos y sectores económicos concentrados, y el reforzamiento de la vía preventiva que es, fundamentalmente, la vía de la inclusión social en especial para los jóvenes.
En tal sentido impulsamos:
• Implementación de políticas tendientes a lograr la plena vigencia de los derechos humanos en forma integral;
• Modificación de la ley del Consejo de la Magistratura, a fin de garantizar la imparcialidad e independencia del Poder Judicial.
• Mecanismos de control social sobre el Poder Judicial y acceso universal al sistema de justicia.
• Creación de juzgados vecinales y de fiscalías barriales descentralizadas y especializadas
• Implementación de policía judicial.
• Reforma de los regímenes procesales penales y creación de los juzgados penales necesarios para cumplimentar en tiempo y forma con el juzgamiento de las personas procesadas.
• Reforma del sistema penitenciario e institutos carcelarios que permita el mejor logro del objetivo de la resocialización de los reclusos previsto en nuestra Constitución Nacional.
• Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que establezca un procedimiento distinto del proceso penal ordinario, y con todas las garantías constitucionales, para los menores en conflicto con la ley penal.
• Establecimiento de medidas preventivas como primer paso para combatir el delito, a través de programas de atención a sectores vulnerables y la jerarquización de las instituciones que contribuyan a la formación y contención de la juventud.
• Reformas policiales que permitan una amplia participación y control de la comunidad en la seguridad.
• Reformas en el sistema de justicia y policial dirigidas a combatir la violencia de género en todas sus formas, y la violencia contra niñas y niños, removiendo los obstáculos tanto en los procedimientos como en la capacitación de sus miembros que impiden la prevención, la sanción y persecución.
• Reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios, dando cumplimiento a las disposiciones constitucionales y a los compromisos internacionales que nuestro país ha asumido, avanzando hacia la conformación de un Estado pluricultural.
VIII- SISTEMA FINANCIERO, DEUDA PUBLICA, PYMES Y ECONOMIA SOCIAL.
No es posible sostener un proceso de expansión económica ni garantizar mayores niveles de bienestar social sin acceso al crédito. En este sentido, el sistema bancario y financiero debe brindar apoyo y asistencia a la actividad productiva y a las familias, privilegiando los créditos hipotecarios para vivienda única familiar, las pequeñas y medianas empresas, las entidades de la economía social y los sectores productivos más postergados del interior, quienes tienen un acceso muy limitado al crédito y a tasas prohibitivas.
En este sentido, las políticas destinadas a las PYMES y al sector de la economía social ocupan en nuestro país una posición subordinada respecto a los objetivos de la política macroeconómica y de competitividad. La importancia que tanto las pequeñas y medianas empresas (PYMES) como las organizaciones de la economía social (cooperativas y mutuales) revisten para el desarrollo productivo y el bienestar del conjunto de la población hace necesario que el Estado promueva su desarrollo y consolidación. De esta forma, resulta imprescindible implementar una política de apoyo y promoción a estos sectores fundamentales en el proceso de democratización de la economía y desarrollo de un modelo productivo solidario, integrado y diversificado.
Debe encararse asimismo una profunda reforma del sistema financiero que permita recuperar el crédito para el sector productivo y las familias, que estimule una banca pública, de desarrollo y fomento, y el fomento de la banca cooperativa. Para ello promovemos:
Sistema Financiero
• Sanción de una nueva ley de entidades financieras que reconozca el carácter de servicio público de la actividad financiera y su importancia crucial para el desarrollo económico y social equitativo.
• Fortalecimiento de la banca pública, y promoción de créditos a PYMES, jóvenes emprendedores, entidades de la economía social, entre otros sectores que tienen acceso limitado a fuentes de financiamiento.
• Conformación de una Comisión Bicameral de investigación de la legitimidad de la deuda externa
• Créditos blandos con sentido social, que posibiliten la compra de la vivienda familiar y el apoyo a los deudores hipotecarios para evitar el remate de la vivienda familiar única.
PYMES
• Creación de un Sistema Integral para el Desarrollo y Promoción de PYMES, que debe estar compuesto por representantes del sector público, del sector privado y de las universidades nacionales, y que tendrá a su cargo la elaboración de un Plan Estratégico General y por Regiones de desarrollo y sostenimiento de PYMES;
• Formación de redes solidarias que promuevan una amplia cooperación entre las entidades de la economía social y las PYMES, con las universidades públicas y organismos estatales de asistencia técnica, a fin de que las mismas puedan acceder al conocimiento y las capacidades productivas.
• Apoyo integral del acceso al conocimiento a través de programas de capacitación sobre gestión industrial y comercial, normas de calidad y comercio exterior,
• Régimen de promoción impositiva destinado a las PYMES. Garantizar una línea de créditos a tasas accesibles y subsidiadas para la micro, pequeñas y medianas empresas
Economía Social
• Apoyo a los proyectos de recuperación de empresas por parte de los trabajadores a través de la sanción de un régimen de fomento y asistencia técnica y financiera para estos emprendimientos.
• Modificación de la ley de quiebras.
• Promoción de redes de empresas recuperadas.
• Respaldo a proyectos autogestionados que generen empleo y una producción con mayor valor agregado;
• Apoyo a la banca cooperativa y mutual. Fomento y estímulo a las Cajas de Crédito Cooperativas;
IX- MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE y USO DEL SUELO
La degradación ambiental no es una consecuencia inevitable de la actividad humana, sino una resultante del modelo de desarrollo vigente. Frente a ello, debe reafirmarse el carácter prioritario de la preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras en el marco de un desarrollo equitativo y sustentable.
En tal sentido, promovemos una política de preservación del medio ambiente que permita un uso racional de nuestros recursos naturales en el marco de un desarrollo sustentable, a través de:
• Prohibición de la deforestación indiscriminada que tiene lugar en distintos puntos del país y elaboración de un plan nacional sustentable de explotación forestal;
• Legislación que contribuya a revertir los procesos de degradación de los recursos y sancione las prácticas que atenten contra la sustentabilidad ecológica.
• Promoción de la planificación ambiental, con participación popular y educación ambiental.
• Promover una política de explotación agropecuaria sustentable desde el punto de vista de la salud de la población y la biodiversidad.
• Política integral de tierra, como bien social, que incluya el control de su uso y de su propiedad ante el proceso de concentración y extranjerización de la misma, por un lado, y ante la explotación irracional de los recursos de la tierra, por el otro.
• Debe darse una respuesta racional y austera contrapuesta al despilfarro que históricamente se ha hecho de nuestros recursos naturales y artificiales, producto de la especulación del sector privado y aún del propio Estado en sus tres niveles.
• Nuevo Código de Minería que permita un mejor control estatal en la explotación de los recursos minerales, una mayor participación de Estado en la rentabilidad, y el desarrollo de la actividad en una forma compatible con el medio ambiente y las poblaciones lindantes.
• Recuperación de la renta hidrocarburífera para el Estado Argentino, mediante procesos de revisión y/o anulación de las concesiones otorgadas y/o prorrogadas irregularmente. Asimismo, la modificación del marco legislativo sancionado en la década de los 90 que posibilita la remisión de utilidades sin límites y la explotación irracional de los recursos no renovables para su exportación.
• Desarrollo y puesta en marcha de un plan energético nacional integral que abarque la extracción de fluídos y de sólidos, el aprovechamiento de las energías cinéticas naturales (cursos de agua, vientos, mareas, etc.), el desarrollo de la energía nuclear y otras fuentes alternativas de energía (biocombustibles, biomasa o microturbinas) para la producción, el transporte y el consumo. Este plan energético debe diseñarse bajo las premisas de satisfacción de las crecientes necesidades de desarrollo productivo y del transporte; sustentabilidad; y logro de la soberanía energética.
• Promover la creación de un Consejo Federal de Recursos Naturales No Renovables integrado por las provincias y la Nación a los efectos de fijar una política que, atendiendo los requerimientos provinciales, determine para toda la Nación una explotación racional y sustentable de los recursos naturales no renovables.
• Intangibilidad de los recursos hídricos y accesibilidad de costas y márgenes.
X - INTEGRACION REGIONAL.
Es necesario avanzar hacia una integración regional entendida no en términos de mercados sino como un proceso orientado a mejorar las oportunidades de desarrollo de los pueblos sobre la base de la equidad social y con un fuerte compromiso solidario. En tal sentido, proponemos:
• Consolidación y fortalecimiento de los espacios regionales del Mercosur y el UNASUR.
• Profundización de la unidad latinoamericana y del Caribe.
• Denuncia de los Tratados bilaterales de protección de inversiones que contengan en sus disposiciones la renuncia de la soberanía judicial a favor de tribunales extranjeros para entablar demandas contra nuestro país.
• Reivindicación de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
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